La petrolera de capitales chinos High Luck Group debe renovar un permiso de exploración en una zona del chaco salteño, pero enfrenta graves denuncias ambientales y operativas. Los vínculos con el poder político y el plan para garantizar un año más de extracción petrolera en el departamento más pobre de la provincia.(Nicolás Bignante)

La pujanza y la prosperidad representadas en la explotación del combustible fósil que fluye bajo la tierra estéril de los departamentos Rivadavia y San Martín, contrasta de lleno con la realidad de los habitantes criollos y originarios de la zona. En diciembre del año pasado, las acciones de la operadora china «High Luck Group» se dispararon luego de que la firma confirmara el hallazgo de un importante yacimiento de petróleo en la zona de Chirete, un área de exploración de 897km2 licitada por el gobierno cerca de la localidad de Los Blancos, en Rivadavia Banda Norte. Aunque el descubrimiento se hizo en febrero de 2016, recién a finales del año pasado se pudo corroborar que se trataba de petróleo. Desde entonces, la empresa de capitales asiáticos, opera en esa concesión en conjunto con Pampa Energía S.A., empresa que a su vez es accionaria de la refinería de Campo Durán, ubicada a unos 200 km. del yacimiento en el municipio de Aguaray. High Luck Group, ademas opera en un 70% en la concesión de Tartagal Oriental y Morillo, un área que abarca unos 10.583km2.

Pese a que la empresa nunca contó con el permiso definitivo de explotación, en Chirete se llevaron a cabo importantes operaciones de extracción entre diciembre de 2018 y la actualidad. Los datos oficiales indican que desde el hallazgo de diciembre de 2018 en el pozo X-2001 de Los Blancos, la operadora china High Luck declaró la extracción de un total de 13.054.820 litros de petróleo que fueron entregados a la Refinería de Campo Durán (Aguaray), donde Pampa Energía tiene una participación accionaria del 28,5%. Según las previsiones iniciales, el LB X-2001 aportaría unos 200 metros cúbicos diarios a la alicaída producción hidrocarburífera de la Cuenca Noroeste. Los datos surgen de una requisitoria de la Dirección General de Hidrocarburos dependiente de la secretaría de Energía.

Las operaciones mencionadas se llevaron a cabo a instancias de un «permiso provisorio de exploración» que ya transcurre su segunda prórroga; período que, por cierto, vence el 18 de noviembre de este año, o sea, en poco menos de 30 días. La extensión del plazo de exploración provisorio fue un pedido de la firma basado en «la necesidad de analizar la comercialidad y potencialidad del descubrimiento de hidrocarburos ocurrido durante el curso de perforación del pozo LB x2001».

Como sea, el último período del permiso provisorio de High Luck Group para operar en Chirete, comenzó en noviembre de 2018, cuando al frente del ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable estaba la actual presidenta de la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini. No son pocos los que aseguran, en el entorno del empresariado local, que la dueña de Industrias Frigoríficas Norte Grande dejó la cartera en diciembre del año pasado para asumir en un importante cargo dentro de la compañía china, siempre acompañada de un grupo de funcionarios provinciales. Una serie de acontecimientos previos a la salida de Bibini encontrarían explicación y lógica siguiendo tales afirmaciones.

El 13 de octubre del año pasado -cinco días antes de que venza el período de exploración de HLG y se apruebe la nueva prórroga-, una comisión oficial partió rumbo a la ciudad de Tianjin en la República Popular China. El objetivo era participar de la “FERIA MINERA CHINA MINING 2018” que se desarrolló hasta el 26 de octubre. La comisión estaba integrada por una sóla persona: la, por entonces, ministra Bibini. Los viáticos corrieron por cuenta de la provincia como es habitual en cada uno de los viajes oficiales, pero los pasajes aéreos y las comodidades en el país asiático quedaron en la nebulosa. Y quedó flotando la suposición que habrían sido costeados por High Luck Group, tal vez porque su titular, John Wing Yan.

Aunque se desconoce el contenido de las negociaciones y charlas allí concretadas, una cosa es segura: Bibini llegó al país con ideas claras y objetivos concretos. A días de su retorno, presentó su renuncia al cargo que hoy ocupa Graciela Pinal de Cid. Meses después se oficializaría un pedido de extensión del plazo de exploración para la empresa china.

Lo hasta aquí descripto podría no ser otra cosa que una muestra más de cómo la función pública y los intereses privados se entremezclan de manera poco decorosa, de no ser porque la firma en cuestión atraviesa un proceso de sanción por graves irregularidades ambientales y operativas. Un informe de la secretaría de Energía, basado en una inspección de mayo de este año da cuenta de enormes anomalías en la zona de Chirete que podrían hacer que la operadora asiática pierda el seguro de caución. En la zona se detectaron: Desmontes no autorizados, apertura de caminos que exceden las dimensiones declaradas en el estudio de impacto, cañerías dispersas en los laterales del camino de acceso, residuos peligrosos en una de las piletas, ausencia de cercamientos perimetrales de seguridad, deficiente señalización de las zonas de seguridad, irregular disposición de los residuos vegetales, mal funcionamiento del sistema de tratamiento de efluentes petroleros, evidencias de erosión de suelos en la parte sur del pozo petrolero, falta de orden y limpieza en el campamento, entre otras observaciones.

El proceso de sanción contra la petrolera china pone en un serio riesgo la extensión del plazo de exploración que esta pretende obtener después del 18 de noviembre próximo. Es allí donde entran en juego la actual ministra de Producción, Ambiente y Desarrollo Sustentable Graciela Pinal de Cid y la coordinadora Alicia Cerrone Martorell. En manos de la primera está el congelamiento o no del pedido de prórroga que permitirá a la operadora china seguir extrayendo petróleo del yacimiento de Los Blancos. Sobre la segunda recaen profundas sospechas de maniobras para hacer caer sobre el lomo de empleados rasos de HLG las responsabilidades por semejante cantidad de irregularidades. Esto es, sin muchas vueltas, que sean los trabajadores los que carguen con las culpas por cada una de las anomalías detectadas en la inspección de mayo. Entre la multiplicidad de conjeturas sobre las motivaciones individuales de cada una de las funcionarias, hay quienes -desde el entorno gubernamental- miran un poco más arriba y señalan a su padrino político: el ex jefe de gabinete y actual jefe de campaña del Frente de Todos, Fernando Yarade.

No obstante, el llamado de atención más grave a la empresa en cuestión, está relacionado con el destino del petróleo retirado del área. Nada menos que 13 millones de litros que, una vez depositados en la refinería de Campo Durán, no se supo más nada al respecto. Según la ley, por las extracciones realizadas en etapas y territorios de exploración, las operadoras deben pagar un 15% en concepto de regalías petrolíferas; esto es, un 3% más de lo que se paga en la instancia de explotación. Por el crudo entregado a Refinor, Salta debería percibir en concepto de regalías, siguiendo la legislación vigente, unos $27 millones. La absurda multa que se intenta imponer a HLG por la totalidad de las infracciones e irregularidades detectadas en la zona es de $250 mil.

 

 

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