En plena disputa con los puesteros del Pasaje Beltrán, la municipalidad creó por Decreto una Unidad Especial para controlar todos los espacios del Parque San Martín. Será la encargada de otorgar y revocar permisos para el uso del espacio común. Un nuevo y descarado avance sobre las competencias del Concejo Deliberante y el Tribunal de Faltas.
El embate del gobierno municipal contra los comerciantes del Parque San Martín suma un nuevo capítulo y añade sospechas sobre los verdaderos planes que la comuna tiene para el espacio en disputa. La creación de la Unidad de Gestión de Espacios Públicos del Parque San Martín (UGEP), plasmado en el decreto N° 352 del 6 de noviembre pasado, viene a confirmar que el objetivo de correr a los ambulantes de sus lugares de trabajo poco y nada tiene que ver con «poner orden».
La atribución de competencias propias del Concejo Deliberante a la nueva oficina que estará bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Urbano, parece haber pasado fuertemente desapercibida. Sin la aprobación de los ediles, el nuevo organismo podrá otorgar y revocar concesiones, permisos y licencias para el uso de los espacios del parque. También deberá controlar y supervisar que el uso de los espacios se realice en las condiciones establecidas en las correspondientes autorizaciones. Todo eso mientras el ejecutivo se debate entre vetar la ordenanza que prolonga el permiso de estadía de los vendedores o negociar una reducción de la prórroga de doce a seis meses.
La letra chica
El decreto N° 352, que da origen a la UGEP, establece que la misma tendrá a su cargo el planeamiento, ejecución de proyectos, gestión y mantenimiento del Parque San Martín. En los considerandos del texto se lee: «es deber de la Municipalidad propender al incremento de los espacios verdes y reglamentar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento del Medio Ambiente en todo el ejido Municipal, para lograr y mantener una óptima calidad de vida».
A su vez, se afirma que «este Gobierno Municipal tiene entre sus ejes de gestión establecer y conservar el orden en todos los espacios públicos de esta ciudad». Por tal motivo, todas las dependencias municipales tendrán que contar con el aval de la UGEP para adoptar cualquier tipo de decisión vinculada a las actividades y los bienes del Parque San Martín. Una suerte de poder absoluto que la nueva dependencia tendrá sobre el pulmón verde de la ciudad.
La comisión que dirigirá la Unidad estará conformada por funcionarios del gabinete municipal: la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi y el Secretario de Legal y Técnica, Daniel M. Nallar. A ellos se sumarán la Subsecretaría de Proyectos Especiales en Espacios Públicos, Mariana Prone y la asesora legal del municipio, Dra. Sofía García.
Finalmente, se fijan como criterios obligatorios «la compatibilidad de las decisiones individuales con las planificaciones generales, el plan de desarrollo urbano y los criterios generales de uso de los bienes públicos establecidos en la Carta Orgánica y en los principios generales del derecho».
«En tal sentido, reza el decreto, el otorgamiento de permisos, concesiones y licencias o cualquier otro tipo de autorización para el uso particularizado de los espacios públicos del Parque San Martin «será restrictivo y limitado a
casos debidamente justificados, por significar un privilegio cuya constitucionalidad está sujeta al principio de igualdad ante las cargas públicas». Tal parece que en el universo ideológico y semántico del bettinismo, hacer uso del espacio público para sobrevivir cataloga como «privilegio».
Cuestión de competencias
Ya sea como producto de una grosera equivocación o por lisa y llana tergiversación, los artículos de la Carta Orgánica Municipal citados en el decreto N° 352 expresan exactamente lo contrario de lo que se intenta respaldar. Algunos ejemplos pueden encontrarse en los considerandos de la disposición, donde se apela al artículo 97 de la COM para justificar las atribuciones de la nueva unidad. Curiosamente, el artículo invocado refiere que «La transferencia de aquellos (espacios verdes) para otro destino sólo podrá realizarse con la aprobación de los dos tercios del total de miembros del Concejo Deliberante».
De la misma forma, el art. 22, inc. s), citado en el decreto, no le atribuye al Ejecutivo Municipal la facultad de otorgar concesiones o derecho de piso a particulares. Al contrario, dice textualmente: «Son atribuciones y deberes del Concejo Deliberante: Dictar ordenanzas que reglamenten las formas en que el Departamento Ejecutivo realizará la concesión de espacios públicos, otorgará derechos de piso y autorizaciones de vendedores ambulantes».
Entre las funciones que el decreto le atribuye a la UGEP se destaca en el artículo 3, inc. f la de «Receptar propuestas, peticiones y consideraciones de parte del Concejo Deliberante, del Tribunal Administrativo de Faltas y del Tribunal de Cuentas y dictaminar previamente a su aceptación, rechazo o implementación». En otras palabras, los tribunales de Cuentas, de Faltas y el Concejo Deliberante quedan reducidos a meros presentadores de propuestas que pueden o no ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar dictámenes.
Semejante desconocimiento de las competencias del órgano deliberativo sólo puede entenderse desde el máximo desprecio hacia las instituciones y la independencia de poderes. No deja de llamar la atención, a pesar de sus múltiples antecedentes, que quien haya puesto la firma sea nada menos que Daniel Nallar, funcionario de la primera línea que además ejerce como docente de Derecho Administrativo en la UCASAL.
Esa obsesión bettinista
El 28 de abril de 2021 el Concejo Deliberante aprobó la nueva Estructura Orgánica de la Planta Política Superior, con sus Misiones y Funciones. Allí se reasignaron competencias de la Agencia de Recaudación Municipal de Salta (ARMSA) a la Secretaria de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, entre otras modificaciones.
La creación de la Unidad de Gestión de Espacios Públicos del Parque San Martín no sólo altera el organigrama comunal, sino que también genera una superposición de funciones con la ya existente Dirección de Espacios Públicos. Su implementación, tal como ocurrió en 2021, requiere la modificación de la Estructura Orgánica. Pero gobernar por decreto parece una opción más potable cuando no se tiene la más mínima capacidad de entablar consensos.
El ninguneo al cuerpo deliberante, sumado al contexto de disputa por la permanencia de los vendedores del Pje. Beltrán, sólo alimenta las sospechas en torno al interés real del municipio detrás de la devoción al orden. Hay quienes se animaron a esbozar que los negocios gastronómicos subyacen al deseo de correr a más de 200 puesteros de sus lugares de trabajo. Otros simplemente lo vinculan a una reacción demagógica y tardía ante el estruendoso desplome en las encuestas.
