Este miércoles se presentó un proyecto de ley para bajar los índices de reincidencia. El objetivo del mismo es otorgar oportunidades laborales a las personas que salen de las cárceles del país.

Por Guadalupe Macedo

Cooperativa de liberados de toda la Argentina junto con diputados del Frente de Todos Eduardo Toniolli y Natalia Zaracho presentaron un proyecto para la creación de un “Programa nacional de reducción de la reincidencia mediante inclusión socio laboral”. Tiene la intención de fortalecer el acompañamiento de las personas privadas de su libertad al momento de egresar de las cárceles. Se propone que en todas las jurisdicciones del país se ofrezcan capacitaciones con salidas laborales. El proyecto expresa que “se busca consolidar las diversas experiencias que existen a lo largo del país. fines de garantizar los derechos al trabajo, la educación y la salud de las personas que hayan estado privadas de la libertad en lugares de detención y de contribuir a la prevención de la reincidencia”.

Está destinado a todas las personas que hayan sido alojadas en lugares de detención, se encuentren liberadas o sujetas a algún instituto alternativo a la pena de prisión, a sus familiares y afines. Se encuentran comprendidas tanto las personas que hayan sido encarceladas de manera preventiva como aquellas que fueron condenadas. Asimismo, alcanza a las y los adolescentes privados de libertad en instituciones de régimen cerrado según lo establecido por el artículo 19 de la Ley N° 26.061, establece el articulo N°2 del proyecto presentado. 

Según el Comité para la prevención de la Tortura (CNPT “contempla un programa para fortalecer el acompañamiento de las personas que egresan de lugares de detención de todas las jurisdicciones del país. Por un lado, habilitando el ingreso de capacitadoras y capacitadores para dictar cursos de formación profesional, y fortaleciendo las experiencias ya existentes de organización cooperativa en los Polos Productivos de Inclusión”. Este año el CNPT presento un proyecto de ley para la inclusión de un cupo dentro de la administración pública, “propone establecer un cupo mínimo obligatorio del 1% de la totalidad de los cargos de personal del Sector Público Nacional destinado a personas liberadas que reúnan las condiciones de idoneidad para los cargos” afirmaron integrantes del comité. Se debe trabajar en políticas públicas que trabajes sobre la salida de las personas de detención para que puedan tener espacios de contención y acompañamiento. 

«Este proyecto nace de la organización de muchos compañeros y compañeras que no tuvimos otra alternativa que trabajar por una solución concreta para miles de personas que salimos de la cárcel y queríamos construir otro futuro. Esta es una propuesta concreta para bajar la reincidencia y aumentar la seguridad de nuestro país cambiándole la vida a miles de personas», sostuvo Matías Dimicroff, responsable del Frente de Liberados del Movimiento Evita, durante el acto de presentación de la iniciativa.

El proyecto tiene la intención de incluir a las personas liberadas a trabes del trabajo en las distintas cooperativas y polos productivos de las organizaciones de la economía popular. Se busca la creación de dispositivos educativos y de formación técnica y profesional tanto dentro como fuera de las cárceles. El programa tiene dos ejes de trabajo, por un lado, la “inclusión mediante el trabajo a partir de la creación de Polos Productivos de Inclusión organizados en función de una o más actividades productivas y de la inclusión de las personas que participan” y por el otro la “educación y formación técnica y profesional. Esta se desarrolla tanto en los lugares de detención de jurisdicción federal, provincial, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en los Polos Productivos de Inclusión que se organizan por fuera de dichas instituciones.

Se busca bajar la reincidencia a partir de la aplicación de políticas publicas que tengan como base la economía popular y la perspectiva de género. Ofreciendo espacios para que los y las liberadas puedan trabajar y capacitarse teniendo un espacio para poder obtener un sueldo y poder vivir. “Cuando recibí la libertad tenía miedo, no sabía qué hacer. Y el estigma me seguía por donde andaba. Es muy difícil recuperar la libertad después de haber pasado muchos años en detención, y la casa ya no es la misma, los hijos no son los mismos, la familia no es la misma. Todo ese proceso se hace en la sociedad porque no hay una política pública específica para acompañar la situación. La libertad sin herramientas es peligrosa”, dice Nora Calandra, referenta de la Rama de Liberados/as y Familiares del MTE a la agencia Paco Urondo. 

“Pasé diez años de mi vida preso. He sido reincidente, salí y no encontré oportunidades. Las busqué, llevé currículum por muchos lados. Hace ocho años que estoy en libertad y lo que realmente salvó mi vida fue la economía popular, porque me sacó de la violencia, del delito, me dio alegría y un proyecto de vida”, dice dice José Ruiz Díaz, referente de la Rama de Liberados/as y Familiares del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “La única solución a la reincidencia es la economía popular”, agrega.

Las personas al salir de la prisión no cuentan con las herramientas necesarias para poder rehacer su vida ya que son juzgados por la sociedad y no son contratados en espacios laborales y no tienen los recursos para poder vivir afuera. Esto lleva a que muchas personas vuelvan a la vida delictiva. “Tenemos que empezar a pensar que la mano dura, replicar las cárceles, ya está demostrado que no funciona. Nosotros tenemos una propuesta que ya viene funcionando y tenemos que fortalecer esas experiencias que ya existen” afirmo Natalia Zaracho.