SOBRE LA LEGITIMIDAD DE LA CONVOCATORIA PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE SALTA, Y LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Por Dra. María Silvia de la Zerda (Miembro del FOCIS)
Un proceso de reforma constitucional se estructura a través de una técnica constitucional, que supone una política constitucional, y ésta a su vez se basa en una filosofía constitucional.
La técnica constitucional la tenemos en la Constitución, en tanto establece el procedimiento para la reforma, la política constitucional la podemos desentrañar, lo que nos falta conocer es la “filosofía constitucional” por cuanto ello ha estado en la mente de muy pocos.
Se hizo conocer a la comunidad que el objetivo de la reforma radicaría en la idea fuerza de terminar con las reelecciones indefinidas en todas las categorías de cargos electivos, salvo para los jueces de la Corte de Justicia, a quienes se les otorgaría inamovilidad vitalicia.
Esto instaló una gran duda en la opinión pública, acerca de cuál sería el perfil definitivo de la reforma constitucional, que en apariencia sería tal, pero un vasto sector de nuestra sociedad considera que, en sustancia, perseguiría como propósito modificar ciertas reglas del juego político, al tener como eje central la estabilidad perpetua para los magistrados del máximo tribunal provincial, y la incorporación de los demás puntos, entre ellos, la reducción del mandato de los cargos electivos, recomposición de los órganos de control, vendría a ser, en definitiva, un acompañamiento que, a manera de telón de fondo, serviría para dar legitimidad a la justificación que necesariamente hay que darle a toda reforma ante la sociedad, lo que vino a alimentar la sospecha ya instalada en la comunidad, que ello tuvo como finalidad lograr un “Bill de indemnidad”.
Esto va ligado a un interrogante respecto de cuáles son, no las causas, sino las motivaciones que impulsan los cambios constitucionales.
Las motivaciones suelen ser dos. Aquellas reformas que obedecen al interés personal, o voluntad de las cúpulas político partidarias, o está la otra motivación, la que se hace para elevar la calidad de vida del ciudadano; disminuyendo progresiva y sostenidamente las desigualdades socio económicas y culturales existentes, entre ellas, de acceso a la salud, a la educación, al empleo público, a fin de alcanzar la efectiva “igualdad de oportunidades”. Esto sí justifica y le da plena legitimidad a las enmiendas constitucionales.
Hemos sido testigos de recientes reformas que obedecieron a la primera motivación, lo que provocó una profunda herida al sentimiento cívico y republicano de nuestra comunidad.
La Constitución expresa el modo de ser de un pueblo, no puede convertirse en un instrumento de los gobiernos de turno, ni de un determinado sector o partido, tampoco lo es del Poder Legislativo, ni el Poder Judicial puede apropiarse de ella, por lo que no pueden disponer a su solo arbitrio la necesidad de su reforma. Si se tolerara que nuestra Ley Fundamental se convierta en un traje a medida de los grupos de poder, estaríamos siendo partícipes de prevaricatos constitucionales.
Previo a transitar un proceso de reforma, se requiere que la sociedad en su conjunto pueda analizar el contenido de lo que se necesita enmendar, completar, suprimir, o incluir en su Carta Magna, dado que de su futuro se trata, para ello se deben multiplicar los canales participativos como medio conducente para conocer la opinión ciudadana.
Esto no es una cuestión abstracta; supone la asunción de un compromiso ético político decisivo sobre los objetivos y alcances de la participación popular, no resulta correcto ir regulando la participación en función de los resultados esperados, porque de este modo se estaría transitando ya por los andariveles de la manipulación; por ello resulta necesario que lo que se va a plasmar en el texto constitucional, esté asentado en el consenso expresado libremente por el pueblo.
EL Gobernador de la Provincia acaba de expresar que ve un clima económico malo. No es conveniente una reforma a la Ley Fundamental cuando está en juego la salud de un régimen democrático, acosado por una intensa crisis económico social, que sacude todos los fundamentos de su credibilidad.
Este acontecimiento de nuestra vida institucional, de enorme implicancia en el plano político y social de nuestra Provincia, debe estar precedido de un debate amplio y profundo, del que participen todos los sectores: políticos, institucionales, gremiales, profesionales, centros vecinales, por citar solo algunos; ya que deben abordarse reformas de fondo, que abarquen varios aspectos, entre ellos, dotar de independencia y profesionalismo al Tribunal Electoral; Jury de Enjuiciamiento; modificar el proceso de convocatoria a un Referéndum; Sistema electoral, entre muchos otros puntos que necesitan ser modificados. Pero, sobre todo, debe hacerse una reforma política de repercusión moral que Salta tanto necesita, lo que no podría realizarse en el corto plazo si se procura efectuarla en forma seria, responsable y transparente. Por ello resulta totalmente inoportuno que se lleve adelante el proceso de reforma de manera tan precipitada, como lo que se está intentado hacer desde la cúpula del poder, donde se anunció que, la elección de los constituyentes se efectuará en las inminentes elecciones generales del año próximo a iniciarse; no obstante los innumerables pedidos de una sociedad que reclama por ese derecho político afectado, esto es, el derecho de todo ciudadano de participar de la reforma de su Constitución, en virtud de la cuota parte de soberanía que le corresponde (art.37 Constitución Nal. y art. 2º Cción Pcial). De vulnerarse esta prerrogativa, la convocatoria carecería de legitimidad democrática.
Hay numerosas cuestiones que necesitan ser enmendadas, y en muchos casos debidamente observadas
La Constitución Nacional garantiza en su artículo 5º, el goce y ejercicio de las instituciones de la Provincia, a condición de que se organice bajo el sistema republicano; que se asegure su administración de justicia y su régimen municipal. Pero hoy vemos que no se respetan estas prescripciones constitucionales.
Ello es así, si tenemos en cuenta que el sistema republicano se estructura en base a la división de poderes, periodicidad de funciones, responsabilidad de los funcionarios públicos y publicidad de los actos de gobierno.
Periodicidad de funciones: Para cumplir con el postulado de la periodicidad, la duración de los mandatos de todos los cargos electivos debe ser por un solo periodo a fin de respetar el requisito de la alternancia, y sin reelección inmediata, para evitar que se utilice el aparato estatal con fines electoralistas.
Publicidad de los actos de gobierno: Hace a la transparencia de los actos de los poderes públicos. No se cumple con ello, cuando no se respeta el derecho constitucional del ciudadano al libre acceso a la información pública.
Administración de Justicia: Se garantiza con una justicia independiente, lo que no puede asegurarse con un Consejo de la Magistratura que tenga – como ocurre en la actualidad- un fuerte componente político, sin la presencia de académicos, por lo que debe modificarse su integración, en la búsqueda de alcanzar un equilibrio de todos los sectores y estamentos que lo componen, a fin de evitar que una mayoría absoluta subordine la justicia a los designios de un sector político, sacrificándose muchas veces el principio de idoneidad. Asimismo conspira con la pretendida paridad en su composición, que la presidencia esté en manos de un Juez de la Corte de Justicia.
Régimen municipal: A fin de asegurar la Autonomía Municipal, debe lograrse su autosuficiencia económica, para evitar que los intendentes se conviertan en rehenes del gobernador de turno.
División de poderes: Cuando las decisiones de cada uno de los Poderes del Estado se adoptan según el esquema constitucional de asignación de competencias, que manda que un poder no asuma las funciones de otro, hay seguridad jurídica, y por ende, Estado de Derecho. Ello no ocurre en nuestra Provincia por la concentración excesiva de poder en manos del titular del Ejecutivo.
La división de poderes no debe ser una ficción, donde lo único que cuenta son los intereses de los grupos gobernantes, que se aprovechan de la falta de educación, de la pobreza y de las necesidades de supervivencia del pueblo, mediante el sistema del clientelismo, práctica tan aberrante como indigna.
La división de poderes impone fundamentalmente la existencia de un sistema de controles para evitar el abuso del poder y sus excesos, pero ello no se logra solamente con restablecer la independencia de los órganos controlantes, ya que, para sofocar los abusos hay que apuntar a los cambios de uso, esto es de conductas o comportamientos de sus integrantes.
Para que los organismos encargados del control del manejo de los fondos públicos, funcionen como órganos auténticamente independientes, debe modificarse no sólo su composición, sino implementarse mecanismos eficaces, con fortaleza suficiente para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario público cuando éste no proceda conforme a su específica misión de contralor, o la desvíe para fines subalternos. Debiendo exigirse no sólo la rendición periódica de cuentas de quienes ejercen el poder, sino que también debe el órgano controlante, efectuar un minucioso análisis para proceder a su aprobación.
Es muy importante que las pautas publicitarias oficiales se asignen en forma igualitaria a los medios de información, toda vez que ello hace a la libertad de expresión. Donde hay prensa libre y justicia independiente, están sentadas las bases sólidas para el andamiento de una democracia constitucional.
Todo lo precedentemente expuesto, pone en evidencia que nuestro sistema republicano está desarticulado, con lo cual no se cumple con la garantía que la Provincia debe al Gobierno Federal; con el peligro en ciernes de la consecuencia prevista en el art. 6º de la Constitución Nacional, en tanto le permite al Gobierno Central intervenir en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno.
Si queremos un mundo mejor hay que luchar para lograrlo, debemos enfrentar este desafío. No podemos permanecer indiferentes cuando se trastocan nuestras normas, nuestros derechos, nuestras instituciones.
De igual manera, cuando decimos No a la reforma exprés, es porque pretendemos que se dé oportunidad al pueblo para que, en su conjunto, participe de un debate abierto y pluralista, porque de su seno pueden surgir energías creadoras, con potencialidad suficiente para proponer soluciones innovadoras, que permitan cubrir necesidades sociales insatisfechas.
La Provincia es de todos, y así debemos reconstruirla, en conjunto, hacia el interés general
Hoy aspiramos que la reforma de nuestra Constitución haga posible alentar un proyecto de futuro para las generaciones por venir, no para los protagonistas del presente.
