En una provincia tabacalera, con miles de hectáreas sembradas y otros tantos puestos de trabajo, hace años imperan los espacios libres de humo. Del mismo modo, en esa misma provincia, donde la producción vitivinícola compite con el tabaco en cantidad de hectáreas ocupadas y fuentes de trabajo activas, rige una ley de alcoholemia cero. Sin embargo, en Salta a pesar de los justos reclamos de sectores vulnerables de la sociedad no se ha podido aprobar una ley de pirotecnia cero, aun cuando se trata de una industria parasitaria y dañina, sin ningún tipo de rentabilidad productiva, salvo para el empresario Luis Monterichel, principal fabricante de fuegos artificiales. Apenas se ha sancionado una norma contravencional híbrida, ambigua y laxa que prohíbe pirotecnia sonora o audible y permite la llamada “lumínica”. Las fuertes explosiones escuchadas en Navidad en casi toda la ciudad demuestran que la consigna “más luces y menos ruido”, fue un absoluto fracaso.
Por Héctor Ali
“Quienes están sintiendo este tipo de cosas son aquellos que trabajan en el sector. Son más de 3.000 personas que trabajan dignamente ya sea por temporada o porque tienen puestos permanentes”. Luis Monterichel, el zar de la pólvora en Salta, esgrimió este argumento cada vez que se debatió la eventual prohibición de su comercialización, amenazando con causar un grave conflicto laboral y social. La “dignidad” a la que alude el empresario se refiere a la manufacturación de explosivos que causan severos daños al medio ambiente, a la salud de sus habitantes y a la vida de las mascotas. Esos “dignos” trabajadores, estarían apenas un par de escalones por debajo de quienes laboran en las fábricas de armamentos o de explosivos bélicos, cuyas manufacturas son causantes de millones de muertos causados por las guerras y el terrorismo internacional entre otros flagelos. Aun así se pretende incluirlos en una línea similar a quienes trabajan en el campo o en las industrias licitas.
De los daños a la salud quedan los registros de centenares de mutilados con pérdida de extremidades o de visión y graves quemaduras con secuelas irreversibles, que se acumulan a través del tiempo cada vez que llegan las celebraciones de fin de año. Pero además de los daños autoinfligidos por quienes manipulan los artefactos hay que sumar lo que se ocasiona a los niños autistas que llegan a golpearse contra las paredes por no poder asimilar el ruido, a los recién nacidos a quienes se les triplica el sonido o los ancianos que potencian sus dolencias. Ni hablar de los perros, gatos y otras mascotas, que desesperan hasta huir despavoridos de ese tormento, que pueden causarle hasta la muerte.
Para generar tanto daño, los “dignos” empleados de Monterichel utilizan productos contaminantes, que según la OMS permanecen en el aire aun después de ser detonados afectando a quienes padecen enfermedades respiratorias o pulmonares.
Pero aun así, Monterichel ha venido resistiendo todas y cada una de las embestidas que se lanzaron para ser tratadas en el Concejo Deliberante o en la Legislatura. Una coraza de protección política pareció envolverlo en cada una de esas oportunidades para salir indemne. Su colaboración “desinteresada” con actos políticos u oficiales, matizados con fuegos artificiales o eventuales aportes a campañas electorales, lo dotaron de una capa de inmunidad sin límites.
El colmo de esa protección fue el rechazo legislativo a un proyecto de ley enviados por el Poder Ejecutivo y emanado por el Ministerio de Salud de la Provincia, en ese entonces a cargo del doctor Gabriel Chagra Dib, para decretar pirotecnia cero. Muy pocas veces la Legislatura dejó de aprobar un proyecto enviado desde el Gobierno.
Este año logró aprobarse la ley 8340 de pirotécnica sonora o audible cero. Una norma hibrida, ambigua y laxa que solo impone sanciones contravencionales como decomiso o multa. En Navidad quedó claro que la letra de esa ley no asustó a nadie porque se vendió casi tanta pirotecnia sonora como todos los años, aun tratándose de una venta clandestina.
Hubo puestos que simularon el expendio de cohetes ocultando bolsones debajo de otros productos como ajo o juguetes. Otros más atrevidos los promocionaban gritando a viva voz en la zona del mercado o la avenida San Martín. Los locales habilitados obviamente no exhibían los explosivos sonoros, pero debajo del mostrador siempre podía aparecía algún rompeportón o similar. Los consumidores terminaron resultando cómplices de la falta de cumplimiento de la ley, con un incomprensible comportamiento antisocial.
A las pocas horas las proteccionistas denunciaron enfáticamente en las redes la venta clandestina y exigieron mayores controles pidiendo la intervención de la policía. Esta semana hubo operativos en distintos sectores que detectaron venta ilegal de pirotecnia, adelantándose a la comercialización que podría darse para las celebraciones del año nuevo.
En tanto, tras una manifestación frente al Grand Bourg los proteccionistas fueron recibidos por funcionarios del gobierno a quienes presentaron un petitorio reclamando que en 2023 se reforme la ley y se la transforme en Pirotecnia Cero de todo producto que explote, lumínico o sonoro.
Alli estará seguramente el bomberman Monterichel reclamando por los puestos de trabajo de sus “dignos” empleados, aunque quizás, de una vez por todas, esta vez la política se haga cargo y transforme sus reclamos en pólvora mojada.
