Desde la organización TECHO se alertó sobre un intento de desalojo en el Barrio Floresta de la ciudad de Salta, el viernes en horas de la mañana.
Se trata de 11 familias a las cuales se intentó desalojar violando derechos consagrados en los instrumentos internacionales, lo que generó una gran preocupación y profundo desacuerdo.
De acuerdo a los compromisos internacionales de Derechos Humanos, ante los procesos de desalojo debe garantizarse un aviso apropiado a todas las personas que podrían verse afectadas, en un plazo razonable, con asesoramiento jurídico y brindándoles una propuesta alternativa.
Es importante destacar que las familias poseen el “Certificado de vivienda familiar”, otorgado por el Gobierno Nacional a través del ANSES, que reconoce formalmente la existencia de los asentamientos y barrios informales, a partir del Registro Nacional de Barrios Populares creado por el Decreto 358/2017. En el mismo, declara “que se hace indispensable apoyar a los habitantes de los barrios populares otorgándoles seguridad respecto de la tierra que habitan, del acceso a los distintos servicios básicos y de la integración urbana y social.”
Los vecinos del lugar relataron la situación traumática que debieron afrontar los menores de edad pertenecientes a estas familias ante la presencia policial que les advertía que debían retirarse del lugar, y manifestaron su intención de resistir cualquier orden de desalojo.
Desde TECHO se advirtió que el Estado debe ejercer un rol activo en la situación de vulnerabilidad de los vecinos de Floresta y es por ello que se espera que la Fiscalía Nº4 reevalúe la situación y que el municipio y/o provincia se acerquen para garantizar una solución a estas familias, garantizando así, los derechos que en este momento están siendo vulnerados.
