La reciente decisión de desalojar al Tercer Malón de la Paz de Plaza Lavalle, ejecutada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y la gestión del espacio público. Si bien se argumenta que la medida busca devolver el espacio a los vecinos, es crucial examinar la proporcionalidad y necesidad de esta intervención, especialmente considerando la naturaleza pacífica del campamento.
La protesta, que llevaba cuatro meses, se originó en rechazo a la reforma constitucional de Jujuy, liderada por Gerardo Morales. La afirmación de que el acampe se transformó en un «asentamiento precario» plantea interrogantes sobre cuándo la expresión legítima de ideas puede considerarse ilegal. ¿Hasta qué punto se puede eclipsar el derecho a la manifestación por la incomodidad de algunos?
La coincidencia del desalojo con la jornada en que los manifestantes planeaban abandonar el lugar suscita dudas sobre la necesidad real de la intervención policial. ¿Fue este un acto necesario en ese momento específico? La premura en liberar la Plaza Lavalle podría haberse visto influenciada por factores que trascienden la urgencia inmediata.
Desde el Tercer Malón, sostienen que ya tenían la intención de retirarse, añadiendo una capa adicional de complejidad a la intervención. ¿Fue el desalojo una respuesta necesaria en ese momento o una acción anticipada?
La lucha del Tercer Malón de la Paz ha sido una respuesta a la reforma constitucional considerada «arbitraria e ilegal» por Gerardo Morales. La reciente decisión de levantar la protesta coincidió con los resultados del informe de la Comisión de Análisis sobre Violación de los Derechos Humanos en Jujuy, creado por el Decreto 435/2023 del Poder Ejecutivo.
La falta de respuesta del Congreso a las demandas del Tercer Malón y la escasa disposición de la clase política para dialogar plantean cuestionamientos sobre la efectividad del sistema republicano. La atención nacional e internacional se vuelve crucial para la defensa de los derechos indígenas y la preservación de las tierras en Jujuy, más allá de la gestión del espacio público en Plaza Lavalle.
