La agenda financiera, que incluye preguntas sobre cómo pagar sueldos en el corto plazo y obligaciones impostergables, se impuso a la puja política por la Gobernación. Proselitismo en modo ahorro de energía, junto con encendidos debates por puestos nacionales, le pusieron marco a recientes escaramuzas. El futuro institucional, con esta amenaza rondando Salta. Por: Federico Pérez.
El sendero a desandar en estos próximos siete días y chirolas no presagia demasiadas sorpresas, en apariencia, si se lo compara con la foto que dejaron las Primarias del 6 de octubre pasado. Salvo que la versión local del Frente de Todos siga perdiendo volumen y dirigentes, de manera tal que apenas llegue a los comicios del 10 de noviembre con lengua afuera a la emisión de voto. Y definiendo ahí cada uno por sí mismo.
De manera tal, Gustavo Sáenz aventaja claramente a quien casi un mes atrás terminó en segundo lugar y en este nuevo llamado electoral deberá dar algo más que braceo y pataleo, si la meta es acceder a un puesto en el podio. Mientras, la tropa del FdeT y la del Frente Sáenz Gobernador, más que la cita del domingo 10, tienen la energía puesta en el reparto de cargos nacionales que sobrevendrán al recambio presidencial ¿Serán 5.000 las vacantes?
Por el lado del favorito, el saliente Jefe comunal capitalino, sin menospreciar la cita del próximo 10 de noviembre, el desvelo se trasladó hacia el mes de diciembre y más concretamente a cómo cumplir con los pagos del Sueldo Anual Complementario a los agentes de la Administración Pública. A lo que le seguirá cómo y con qué cubrir pagos idénticos en los meses de enero y febrero de 2020.
La cuestión de la emisión de un bono para cancelación de obligaciones provinciales seguirá latente en tal contexto financiero, aunque supeditado a no maldisponerse con la administración que encabezará el mes próximo Alberto Fernández. Tal posibilidad ya fue advertida por Cuarto Poder en su edición del 14 de septiembre último, en la nota titulada en tapa como “Volver al pasado”. Para colmo, las oscilaciones entre el socorro desesperado y la caída en default insinuados por la provincia de Buenos Aires, no hace más que ensombrecer el panorama.
El G-13
Salta se ubica en el G-13 de las provincias que a mitad de semana exigieron que Casa Rosada devuelva $ 45.000 millones confiscados unilateralmente y de manera inconstitucional, de la coparticipación. Balcarce 50 remolonea y, pese a un fallo insistido por la Corte Suprema, porfía en girar por cuentagotas solamente el 5,8 % de lo reclamado. A la par, prepara una metralla de incrementos en insumos básicos y servicios que además de volver a gatillar la inflación, implican la pulverización de los salarios.
En relación a estas subas, el diputado nacional Leopoldo Moreau precisó este jueves que “son los que postergaron hasta después de la elección. Se van dejando tierra arrasada y de paso llenando los bolsillos de sus amigos de empresas concentradas y monopólicas”. En tanto, el sociólogo Artemio López se preguntó si “qué gobierno nefasto pacta una transición y acelera el ajuste”?, lo que consideró un “cinismo total”. Nafta al fuego inflacionario.
A lo que se debe contrastar una especie de estrangulamiento de fondos que corresponde a las provincias, los que en parte fueron manoteados sin más (consignado dos párrafos atrás) y la inversión en títulos convertida en un rollo de “Meterete”. Justamente, el Estado provincial tiene capturados casi $ 1500 millones –negados en julio a docentes y demás empleados públicos- depositados en un fondo de inversión, a través de Letras de Liquidez, los que el macrismo anunció que no va a pagar.
Esto supone un horizonte tambaleante para el mandatario provincial que suceda a Juan Manuel Urtubey, a partir del 10 de diciembre, y sólo su muñeca podrá quitarle el mote de gestión provisional. Por cualquier cosa que pudiera ocurrir, el romerismo ya emitió señales a lo largo de la última semana una vocación de poder intacta y cuadros de gestión siempre listos que anidan en Fundara. A lo mejor, al notar esta predisposición, el saenzismo avizora una competencia prematura por tales latitudes.
Casilleros por llenar
En la conformación del organigrama de cargos nacionales que a nivel regional deberán cubrirse hacia el último mes de 2019, ponen sus fichas por igual el FdeT y el FSG. Por el lado del neoperonismo, el listado para estos nombramientos cada día se va comprimiendo. Dirigentes y candidatos aún anotados formalmente en lo de Sergio Leavy, ya iniciaron las respectivas negociaciones con el Centro Cívico Municipal, a fin de anotarse en las vacantes de la administración federal o provincial.
En medio de estas negociaciones sobre la mesa, la dirigencia del Frente Sáenz Gobernador se declaró sorprendida por una puesta mediática que su rival para la Gobernación hizo en las escalinatas de la Justicia Federal. “Pareció como si fuera mandado por alguien”, desconfiaron sobre Leavy a la vuelta del candidato oponente a la sucesión U. Por su parte, el propio Sáenz ironizó al “suponer” que la concurrencia a este edificio obedecía a la presentación de una renuncia al cargo de Senador nacional, cucarda parlamentaria obtenida el domingo anterior.
En vistas del panorama, cabe la posibilidad que un acuerdo tendiente a reforzar la gobernabilidad de la siguiente gestión provincial deba atravesar por un proceso de mayor selectividad, respecto al FdeT. Mientras que por el lado del Frente Olmedo Gobernador, la hipótesis va por el lado de un pacto de cúpulas con el romerismo. Un relanzamiento de aquel núcleo de poder, nacido de la desinteresada inclusión de Olmedo padre en el directorio del Banco Provincia, antecesor del Banco Macro.
Luego de este periplo como miembro ad honorem de la ex banca pública, sobrevinieron años de prosperidad para los Olmedo, tanto en términos financieros como en el plano como terratenientes. Y de ahí, la irrupción fugaz de “Junior” como representante de un tercio intermitente en materia de representación electoral. De ahí su anterior rol como candidato a Vicegobernador, en el binomio que en 2015 armó Juan Carlos Romero. Dos apellidos con bastante homogeneidad, si se los evalúa en función de intereses comunes.
