El ejecutivo provincial envió al senado la solicitud para que Juan Marcos Ezequiel Molinati se convierta en fiscal penal del distrito centro. El postulante tiene gravísimas denuncias por estafa y violencia de género. (Nicolás Bignante)
El senado de la provincia deberá evaluar en poco menos de dos semanas la designación de Juan Marcos Ezequiel Molinati en el cargo de fiscal penal del distrito judicial centro. La solicitud fue remitida por el poder ejecutivo provincial y actualmente se encuentra en período de observaciones a la espera de su tratamiento por parte de la comisión de justicia. El jurisconsulto llegó a esta instancia luego de haber obtenido el tercer lugar en una terna integrada además por Leandro Joaquín Flores y Gabriel Alejandro González; hoy todo indica que Molinati contará con el visto bueno de la cámara alta.
Sobre el letrado recaen gravísimas denuncias, aunque cajoneadas, por estafa y violencia de género. En enero de 2017, una joven con la que convivió aproximadamente dos meses lo denunció por lesiones y amenazas ante la fiscalía penal N°1 de violencia familiar y de género. Según el relato de la denunciante, Molinati tenía intenciones de llevar a su casa un perro de gran porte que se encontraba en el domicilio de sus padres; algo con lo que la víctima no estaba de acuerdo, puesto que temía por la seguridad de su pequeño hijo de apenas 12 días.
El mismo día de la denuncia, en horas del almuerzo, la mujer relata que Molinati llegó de su trabajo y comenzó a propinarle insultos de todo tipo. «Metete la comida en el c…», «No sé por qué no te vas a la m… de acá hija de p…». Ante el llanto del recién nacido, la denunciante sólo atinó a responderle: «¿Cómo puede ser que el bebé llore y no te acerques ni a ver lo que le pasa?». El abogado, enfurecido, ingresó a la habitación de su concubina, la tomó del cabello y le dio una cachetada. «¡Sos una hija de p…, andate de aquí! ¡Te voy a embargar el sueldo y a dejarte en la calle!», amenazó tajante. La joven mujer logró sacarse de encima al agresor y le espetó: «¿Cómo puede ser que un perro y tu propio trabajo valgan más que nosotros dos?», a lo que Molinati respondió inmoble: «El perro vale mas». La dra. Claudia Geria, fiscal a cargo de la causa, optó por cerrar la investigación luego de que, días más tarde, la mujer se presentara a solicitar que se desestime la denuncia.
Idéntico derrotero tuvo la denuncia realizada por una ex-empleada del poder judicial con quien Molinati mantuvo una relación sentimental a lo largo de un año y medio. La denuncia, radicada el 4 de marzo de 2011, se explaya sobre amenazas, agresiones y chantajes de todo tipo.
Tras una serie de escándalos y situaciones violentas, la mujer decide terminar la relación con el abogado; decisión que no fue bien recibida por su contraparte. «Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a agarrar en el trabajo o donde te encuentres, no te van a quedar ganas de salir. No podrás ir a trabajar tranquila, ¡te voy a matar!. No vas a estar con nadie más, no me vas a dejar así nomás», son algunas de las amenazas textuales que la mujer dejó plasmadas en la denuncia.
En cada una de las oportunidades en las que Molinati llegó hasta el domicilio de su ex pareja y no logró ser atendido, amenazó: «¡Atendéme o te tiro la puerta abajo!». Los sucesivos hechos violentos denunciados derivaron en problemas psíquicos y laborales para la mujer, quien dijo sentirse amenazada, acosada y perseguida. Entre las actas de secuestro labradas por la policía se encuentra un CD marca Teltron que, a juzgar por la leyenda escrita en su portada, se trataría de videos íntimos de la víctima; presumiblemente utilizados por Molinati para extorsionar a la mujer.
Al igual que en el caso anterior, la mujer denunciante se presentó días después en el juzgado para solicitar que se desestime la denuncia, aduciendo que el acusado se encontraba en estado de «ofuscamiento». De esta forma, el fiscal Federico Obeid interrumpió los trámites y la causa quedó trunca.
Cabe mencionar que ninguna de las víctimas negó o descartó el relato inicial de los hechos al momento de solicitar que se desestime la investigación. Tampoco se instrumentaron mecanismos para determinar si ambas denunciantes actuaron bajo coerción cuando efectuaron dicha solicitud.
A los antecedentes mencionados se suma otra denuncia radicada en 2010 por una mujer oriunda de Tartagal, esta vez por estafa. La denunciante tenía a su cargo un comercio de motovehículos y contaba con algunos clientes en la capital salteña. En marzo de ese año, la mujer recibió la denuncia de un particular formulada ante la secretaría de defensa del consumidor en contra de su negocio. Ante esa situación, la dueña decide comunicarse con el abogado del particular denunciante, un tal Mauricio Fernando Juárez, con quien llegaron a un acuerdo y lograron solucionar el conflicto.
Teniendo en cuenta la eficacia y celeridad del profesional, la mujer decidió contratarlo para futuros trámites referentes a la entrega de papeles de motovehículos. Juárez resultó ser nada menos que el socio de Molinati en un estudio jurídico que compartían junto a otros profesionales en calle Gral. Güemes.
Es así que en agosto de 2010, la mujer recibe un llamado de Juárez advirtiéndole sobre una supuesta multa de $8000 labrada por la secretaría de defensa del consumidor que debía pagar de manera urgente a fin de evitar cargos extra. Para cerciorarse del pago, el abogado le envió la cédula de notificación firmada y sellada por la secretaría antes nombrada, aunque con algunos detalles: el encabezado decía «CÉDULA DE NOTIFICACIÓN».
La mujer, no obstante, cumple con el pago de la multa más $1260 extra por «gastos de sellado» y honorarios del profesional. A la supuesta infractora jamás se le remitió recibo alguno por el pago de la multa.
Meses después, el socio de Molinati vuelve a comunicarse con su clienta para informarle de una nueva multa, esta vez por $12.000. Antes de abonar el monto, la denunciante envió $1000 correspondientes a los honorarios del abogado y se dirigió por su cuenta a la secretaría de defensa del consumidor. Allí se encontró con que su negocio no registraba ninguna multa, ni de $8000, ni de $12.000. Descubrió también que Mauricio Fernando Juárez no se encontraba inscripto en el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.
Tanto Juárez como Molinati intervinieron en diferentes instancias del fraude. Por lo que ambos figuran como denunciados. Ante el llamado de la justicia, los acusados jamás se presentaron a prestar declaración; por lo que al cabo de un año fue necesaria la citación bajo apercibimiento de conducción por la fuerza pública. La policía llegó al domicilio de los acusados en tres oportunidades (13, 18 y 23 de mayo de 2011) sin lograr que persona alguna los atienda. En abril de este año la causa quedó archivada «por no poderse proceder».
El aspirante a fiscal penal también había concursado para cubrir el cargo de Juez del Tribunal de Juicio, Sala V; Quedando tercero en la terna junto al exministro de seguridad Maximiliano Troyano -removido de su cargo por minimizar un caso de abuso sexual a una turista- y a Gabriela Soledad Romero Nayar, quien finalmente se quedó con el cargo.
