Salta, jueves 05 de diciembre de 2019
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Falta apenas una semana para la asunción de gobierno, tanto nacional como provincia y municipal y los interrogantes surgen de todas las áreas. ¿Podrá Gustavo Sáenz manejar la provincia tan exitosamente como se cree que manejó al municipio Capital? En algunas áreas los inconvenientes serían casi inexistentes, pero en otras más importantes, no. Y son muchas las opiniones al respecto. Tal es el caso de Economía. Salta no es una provincia maravillosa, pero pocas veces dejó de pagar los sueldos en tiempo y forma. Si bien la gestión se vio empañada por un interminable conflicto con docentes autoconvocados durante este año, una solución llegó en julio. El Gobierno Provincial firmó el decreto 1046, que ajusta los salarios de los empleados estatales provinciales de manera automática con la inflación que publica el INDEC, durante los meses subsiguientes de este año. Y hoy, a horas de asumir un nuevo gobierno, los economistas coinciden en que la continuidad de este decreto puede generar un grave problema a la gestión Sáenz. Que los trabajadores estatales tendrán subas de entre el 45 y 50%. Que esto puede ser un riesgoso antecedente para Sáenz, quien no podrá hacer frente a ese nivel de erogaciones ante la caída de la recaudación y la coparticipación. Y ahí es donde surge el verdadero problema. Para empezar debemos aclarar que las soluciones a los problemas de la gente, terminan por afectar directamente a la economía provincial. Por ejemplo: que los sueldos suban no sería un problema. Sí lo sería que el gobierno de turno no pueda pagarlos. El primer problema surge el 2 de septiembre cuando entra en vigencia el Decreto Nacional 603 de 2019. Ante la crisis alimentaria y electoral, el Gobierno Nacional amplió los canales de distribución para llegar a más sectores de la población, eliminando el IVA de 13 elementos de la canasta familiar básica. La medida se hizo extensiva a monotributistas y micro empresas que vendan de los productos alcanzadas por la eliminación del impuesto al valor agregado. Incluye las ventas por menor en supermercados; minimercados, mercaditos, autoservicios y establecimientos similares. Esta quita del IVA fue anunciada por Mauricio Macri en su paquete de medidas para aliviar el bolsillo de los argentinos, ese 15 de agosto, luego de los nefastos resultados que obtuvieron en las PASO y de su berrinche del día siguiente, lavándose las manos por la suba del dólar y tratando de meter miedo para las generales. Que en la Provincia no ingrese el 21% de estos 13 productos de la canasta familiar básica, que provocan el mayor movimiento financiero mensual de la provincia, teniendo en cuenta que el IVA es el impuesto coparticipable por naturaleza, es una gran pérdida en la masa monetaria. Y ahí va otro ejemplo de como afectan a la economía de la provincia las decisiones que se toman "pensando en el pueblo". Por otro lado, también del Gobierno Nacional, surgen las modificaciones al mecanismo de deposito/débito automático del anticipo del impuesto a las ganancias, que tampoco colaboran con la economía provincial, ya que los grandes capitales locales no están obligados a depositar el importe equivalente al 30% de sus ganancias, lo que provoca un cambio negativo en el plan de ingresos provinciales mensuales. La caída en la inversión de bienes de capital impide generar un mayor crecimiento y no permite que esos fondos puedan ampliar la capacidad instalada productiva en la provincia. Según algunos economistas otra forma de mantener ese gasto es aumentar fenomenalmente impuestos a los sectores productivos que menos venden, esto va provocar que produzcan cada vez menos y se vayan a la quiebra. Al aumento de la masa salarial hay que sumarle la deuda que tiene la provincia por el Plan Bicentenario y por el Fondo de Reparación Histórica. ya que a partir de 2020 se comienzan a pagar intereses y luego capital, lo cual dejaría las finanzas resentidas. se habla de 10 millones de pesos mas de lo que se consignó en el presupuesto. sin embargo, durante esta semana, Urtubey dejó en claro algo que en papeles también se puede verificar y es que "los acuerdos salariales son anuales y por eso mismo, este acuerdo culmina en diciembre de 2019", conjuntamente con su mandato. “Los empleados no tienen por qué pagar el costo de la pérdida del poder adquisitivo del salario”, sostuvo el actual gobernador. "Hay gente que, desde el neoliberalismo, critica eso porque piensa que la gente tiene que cobrar sueldos más bajos”. Como maneje Saenz la economía y finanzas de la provincia, correrá por su exclusiva cuenta. y que Dios y la Patria se lo demanden, si fuera necesario...  (N.J.)  
  Cuatro policías fueron condenados por “no cumplir con las medidas de protección ordenadas” para Claudia Soledad Saracho, asesinada pese a haber denunciado días antes a su femicida en la Fiscalía. (Por Andrea Sztychmasjter) Claudia Saracho (40) fue asesinada el 11 de Junio de 2017 en una vivienda de barrio Los Olivos de General Güemes, su esposo y padre de sus 10 hijxs, Oscar Rolando Colque, fue condenado en marzo del 2018 a la pena de prisión perpetua por los delitos de homicidio doblemente calificado (femicidio) y desobediencia judicial. [caption id="attachment_151982" align="aligncenter" width="541"] Colque, el femicida. Foto gentileza El expreso[/caption] Esta semana el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que cuatro de los cinco efectivos juzgados por “no cumplir con las medidas de protección ordenadas” para Claudia, fueron condenados y una de ellas absuelta a solicitud de la fiscal. Tras los alegatos de las partes, el juez Martín Pérez, dio a conocer el fallo donde condena a Raúl Rosa Cardozo jefe de la Comisaría 11 de General Güemes, a la pena de “multa e inhabilitación especial”, y a los oficiales de servicio Juan Velázquez, Gisela Portal y Ariel Cruz les impuso la pena de “multa e inhabilitación especial por seis meses” mientras que la sumariante Claudia Carolina Pizarro fue absuelta a solicitud de la fiscal Gabriela Buabse. [caption id="attachment_151981" align="aligncenter" width="540"] Policías de Salta en el banquillo de los acusados. Foto Poder Judicial[/caption] Ni una menos Claudia fue asesinada pese a que el registro demostró que apenas 8 días antes de su muerte había realizado una de las tantas denuncias contra su expareja. El 2 de Junio del año en que la mataron vía sistema informático del Ministerio Público Fiscal, el fiscal penal de Violencia Familiar y de Género Facundo Ruiz de los Llanos, “asignaba una consigna policial fija por el término de 10 días a Claudia Saracho y excluía del hogar a su ex marido imponiéndole prohibición de acercamiento y que se abstenga de ejercer hechos de violencia física y psicológica en su contra” informaron desde la Fiscalía. Nada de eso ocurrió. 8 días después el hombre que ella había denunciado terminó asesinándola en su propia vivienda e hiriendo a una de sus hijas que quiso defenderla. “¿Por qué no hicieron algo antes?” Es lo que se cuestionó el hermano de Claudia, Gabriel Saracho y aseguró que “nunca pusieron una consigna policial ni nada”, mientras que “ahora suena el teléfono cada rato con abogados y funcionarios de derechos humanos ¿por qué no hicieron algo antes?”. Perimetrales Una de las primeras medidas que toma la justicia ante la denuncia de una mujer es emitir una orden de prohibición de acercamiento, sin embargo no son pocas las voces que critican esta medida por considerarla no efectiva. La filósofa Esther Díaz asegura que se deben combatir las “perimetrales”: “Y los jueces, tan insensible como los católicos que mandaban quemar a las mujeres de poblaciones enteras (en algunas localidades no dejaban viva ni a una) siguen ordenando ‘perimetrales’ para los violentos que, a la primera de cambio masacran mujeres. Hay que combatir esa medida judicial perversa. Un violento no se detiene con una frontera simbólica, invisible e intangible. Hoy lamentamos otro femicidio por el que no solo habría que juzgar al criminal (si se pudiera, porque ahora se puso de moda que el matador se mate a sí mismo pasando de victimario a víctima), habría que juzgar a la justicia para que derogue esa medida inocua: la perimetral; habría que juzgar a los jueces que, hasta que deje de tener vigencia ese procedimiento criminal, lo siguen aplicando colaborando así al indiscriminado asesinato de mujeres”. Una mujer que vivió en cuerpa propia la odisea de hacer que su pedido de ayuda sea escuchado por la justicia salteña fue en ese sentido al afirmar que “la perimetral es un papel que no te protege. No evita que te acosen, te persigan, te maten. La perimetral es algo que en la práctica no tiene efectividad real. Los hombres saben que pueden desobedecer las perimetrales las veces que quieran y nadie va a ir a pedir cuentas. Saben que no tiene ninguna consecuencia penal. No hay una actitud punitiva contra el violento que no cumple con las perimetrales” describió. Consignas para violentos Mujeres que han padecido no solo la burocracia estatal sino también tener que vivir con consignas policiales coinciden que estas no son un resguardo real: “Los violentos son los que deberían tener las consignas, que ellos sean los que tengan que ir al trabajo con un policía, que ellos se sientan en prisión domiciliaria”, describió una mujer que atravesó por ello. “Riesgo de vida” “Cuando hacés la denuncia si la Fiscalía considera que la denuncia es grave y vos en serio estás en ‘riesgo de vida’, qué no sé con que parámetros ellos miden cuál es una situación más grave que otra de una mujer que denuncia, ellos analizan qué tipos de consignas te dan. Hay tres tipos de consignas; consignas personalizadas, fijas y ambulatorias”, retrató una mujer que tuvo que atravesar todo el periplo de la justicia salteña. Poner la cuerpa y la voz “El problema empieza donde te toman las denuncias y entonces si quien te toma la denuncia no tiene perspectiva de género vuelven a victimizarte y la instancia de denuncia es revictimizante y de vulneración de derechos y la mayoría de las víctimas no leen las denuncias posteriormente porque pasar por una instancia de denuncia es un esfuerzo psicológico, físico, mental, emocional, afectivo. A mí me pasó de no leer las denuncias y después con advertencia de mi abogada ver que los policías habían puestos sus interpretaciones de lo que yo le había dicho. Entonces cuando mi denuncia llegaba a la fiscalía no accionaban porque consideraban que no corría riesgo cuando en realidad vivía acorralada por un hombre que me acosaba constantemente”, retrató una mujer y es reflejo de lo que atraviesan cientos de mujeres que se animan a denunciar y chocan con un sistema que las acorrala, las victimiza, policializa su entorno y las envuelve de disposiciones judiciales impersonales. Claudia Saracho se animó a denunciar pero se topó con la burocracia de un sistema perverso. Eso que llamamos “Estado” y que estuvo ausente frente a una mujer que pidió ayuda. El sistema policial- jurídico de Salta sigue siendo responsable de las vidas de las mujeres. Aunque Claudia ya no este para contarlo, su historia nos tiene que tatuar que Ni Una Menos no solo es una frase.

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