No solo está imputada por falso testimonio y luego por encubrimiento agravado en el crimen de Cintia Fernández, fue señalada con antecedentes negativos en la investigación de los asesinatos de Luján y Yanina. ¿Quién la protege?
Ana Fernández hizo su descargo por redes sociales ante la libertad, sin aviso, de quien fue imputada y detenida inmediatamente al dar falso testimonio y querer encubrir al también policía hoy condenado por asesinato Mario Condorí. Ana apuntó directamente contra el juez de Impugnación Nº4 Edgardo Albarracín quien le dio beneficios a “esta delincuenta” como llamó a Nuñez.
En sintonía la fiscal Verónica Simesen de Bielke, a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos confirmó que la oficial Nuñez se encuentra en libertad trabajando en la comisaría 101. La fiscal aclaró que pese a que Nuñez no se encuentra sobreseída sino que aun tiene un proceso penal el año pasado desde el Tribunal de Impugnación decidieron otorgarle la libertad sin que nadie se entere, ni siquiera le avisaron a la víctima, Ana Fernández.
Núñez estuvo a cargo el día del hallazgo del cuerpo de Cintia Fernández e intervino en la etapa inicial de la investigación, desempeñándose en la Brigada al igual que Condorí. Al prestar declaración testimonial en el juicio fue advertida por los jueces de la Sala IV del Tribunal de Juicio, Norma Beatriz Vera, Roberto Lezcano y Paola Marocco, sobre las inconsistencias en su declaración y, a pedido de la fiscalía, se ordenó su inmediata detención aplicándose la figura de falso testimonio. La testigo quedó a disposición del Juzgado de Garantías en turno.
Este delito prevé una pena de hasta 10 años de prisión. La efectivo tomó intervención directa en el caso cuando, en abril de 2011, la joven Cintia Fernández fue encontrada sin vida en su departamento en barrio Parque La Vega, en la zona sur de la capital salteña.
La oficial Gimena Núñez también tuvo un rol protagónico en el caso de las muertes de Luján Peñalva y Yanina Nüesch.
Durante la última reconstrucción de la muerte de las jóvenes, el perito del CIF, Héctor Barboza, y la de la Policía, Jimena Núñez estuvieron en el lugar. El abogado de la familia Peñalva en ese entonces y hoy Defensor general de la provincia, Pedro García Castiella, describió así el rol que tuvieron: “más que buscar la verdad ellos han ido a defender lo que han hecho”, sostuvo.
Tras esa reconstrucción del momento de la muerte, que demandó 9 horas, la querella salió más convencida de que las chicas fueron asesinadas y se las colgó para fraguar un doble suicidio.
Jimena Núñez fue ahí para defender la hipótesis del doble suicidio.
