Entre las empresas que pidieron permiso al gobierno para realizar desmontes se encuentra EMAISA SA, que explota el Ingenio San Isidro. La firma cuenta con el patrocinio contable y jurídico de dos ex-funcionarios romeristas. 

 

El próximo jueves a las 10 am se llevará a cabo la audiencia pública no vinculante para determinar si se autoriza o no el desmonte de 1300 hectáreas en el departamento General Güemes. La empresa demandante es, nada menos que EMAISA S.A., que actualmente explota el Ingenio San Isidro. La misma que en 2018 inició el proceso preventivo de crisis, dejando a cientos de trabajadores sin su fuente laboral.

Según averiguaciones de representantes gremiales, la empresa pretende instalar hornos de carbón en predios rurales aledaños a la ruta 34 con el consecuente impacto ambiental que ello conlleva. El proyecto prevé arrasar con ejemplares de: quebracho blanco, quebracho colorado, algarrobo y algarrobo negro.

«ENAISA S.A. incurre en inexactitudes y ocultan varias cosas. Están por poner hornos de carbón, lo que es altísimamente tóxico para el departamento», destaca Mariano Cuenca, referente del sindicato de azucareros del San Isidro y único inscripto hasta ahora como expositor en la audiencia pública del jueves. «Esa empresa es la que nos está adeudando a nosotros 700 millones de pesos de indemnización. ¿Qué quiere decir? que con nuestra plata están haciendo inversiones», denuncia.

El avance del proyecto, no sólo supone daños ambientales irreparables para el departamento, sino que también amenaza la estabilidad de cientos de trabajadores ante la posibilidad de una reconversión. «Ellos, en los papeles pusieron que iban a plantar limones y después nosotros descubrimos que iban a montar hornos de carbón. Pueden salir con cualquier cosa. Si llegan a reconvertir la actividad azucarera, se tecnifica todo, se generan dos puestos de trabajo y se desmontan 600 mil hectáreas», advierte Cuenca en diálogo con Cuarto Poder.

Las consecuencias de la modificación del suelo no son muy difíciles de imaginar. Más aún teniendo en cuenta la experiencia que el desmonte ha dejado en zonas como Rivadavia o San Martín. Además de inundaciones, en el departamento sufren constantemente la falta de agua, algo que podría agravarse con el avance de las topadoras. «Al haber más desmontes, van a tener más tierra para regar y la cantidad de agua que absorbe el Ingenio San Isidro, el canon de agua, es mucho más grande que lo que consume todo el departamento», explica Cuenca.

Romero y los desmontes, un sólo corazón

La firma que avala el pedido de la empresa EMAISA SA para arrasar con el monte nativo es la de Victor Manuel Brizuela, ex-ministro de Producción de Juan Carlos Romero e imputado en la causa «La Ciénaga». El ex-funcionario se desempeña como escribano de la firma y acredita el pedido de la misma.

En el área contable, los números están a cargo del ex-ministro de Hacienda de J. C. Romero y ex-ministro de Economía de Juan Manuel Urtubey, Fernando Yarade; por lo que no faltaron las especulaciones respecto de quién es el verdadero dueño de la firma que pretende instalar los hornos contaminantes.

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