La Multisectorial de Mujeres de Salta, la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta y la Red Par (Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista) emitieron un comunicado referente al caso del aborto en la niña victima de violación: “A 30 años del retorno de la democracia en Argentina, las mujeres y las niñas seguimos siendo negadas en nuestras subjetividades”.Diferentes organizaciones de mujeres de todo el país han hecho público su rechazo sobre la decisión del juez de familia, Soria que no dejó interrumpir el embarazo a una niña victima de violación: “Garantizar los derechos es apostar por la vida” escribieron las mujeres en un comunicado que a continuación reproducimos:
A 30 años del retorno de la democracia en Argentina, las mujeres y las niñas seguimos siendo negadas en nuestras subjetividades, así como desapoderadas de la materialidad de nuestros cuerpos.
A una niña de 14 años, embarazada producto de la violación que padeció por parte de su padrastro, la justicia salteña le impidió abortar, en contra del texto de la Ley.
No importaron los informes interdisciplinarios de los equipos de salud que recomendaban la interrupción del embarazo, tampoco la voz de la niña ni la de su madre, quienes ni siquiera fueron escuchadas, aunque la Convención de los Derechos del Niño obligar al magistrado actuante a escuchar a la menor de edad. Tampoco se tuvo en cuenta que la Corte de Justicia de Salta en julio pasado ha ratificado la constitucionalidad de la Guía de Procedimiento para la Asistencia Integral de Toda Víctima Sexual y la Concreta Atención de los Abortos no Punibles, aprobada por Resolución conjunta del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Derechos Humanos Nº 797, dictada en mayo de 2012 en virtud de lo ordenado por el Decreto 1170/12. De igual manera, la decisión judicial prescinde del texto expreso del art. 86 del Código Penal argentino, vigente desde hace casi 100 años, así como del alcance con que el mismo ha sido interpretado hace más de un año por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “FAL”, en concordancia con los estándares que rigen en la materia en el Sistema Interamericano e Internacional de Protección a los Derechos Humanos.
Las creencias religiosas de algunos, que como creen mayoritarias se sienten con derecho a imponerlas al total de la sociedad, una vez más, en nuestra provincia primaron, en una suerte de exaltación de un pretendido derecho natural que estaría situado por encima de las normas que el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país nos hemos dado.
No sólo repudiamos el accionar ilegal de la Asesora de Incapaces Laura Flores Larsen y del Juez de Familia Víctor Soria, sino que además exigimos que ambos funcionarios obtengan el reproche penal que merecen por haber incumplido sus funciones públicas, como lo han requerido formalmente las compañeras del movimiento de mujeres. Además, exigimos que los dos funcionarios judiciales sean sometidos a juicio político, pues no están en condiciones de hacer cumplir la Constitución, como están obligados a hacer.
De igual manera, exigimos que el Ministerio de Salud y el de Derechos Humanos, como autoridad de aplicación de la Guía antes mencionada, investiguen si en el ámbito de sus competencias corresponde establecer sanciones por incumplimiento de los procedimientos allí establecidos.
En relación con la cartera de salud, además exigimos que instrumente las medidas necesarias para asegurar la privacidad e integridad de las niñas y las mujeres que se encuentran internadas en condiciones de ejercitar su derecho a someterse a un aborto no punible; en particular, exigimos la adopción de medidas tendientes a impedir que quienes se pretenden “defensores” de la vida irrumpan en la habitación donde se encuentra internada la mujer o la niña sin autorización de ellas.
También exigimos que la Legislatura de la Provincia dicte una ley a través de la cual Salta adhiera a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles del Ministerio de Salud de la Nación, como lo han hecho trece jurisdicciones del país. Pues, este caso, muestra de manera palmaria cómo la Guía Provincial, con sus burocráticos procedimientos, lo único que permite es dilatar y obstruir el ejercicio del derecho a interrumpir un embarazo en los casos en que tal práctica no se encuentra penalizada.
Por último, exhortamos a nuestros representantes provinciales ante el Congreso de la Nación a que impulsen el postergado debate por la despenalización del aborto, para que NUNCA MÁS una mujer, una niña de nuestro país ponga en riesgo su vida o su integridad ni se vea sometida a tortura, como lo ha sido la niña salteña por estos días, gracias a la (IN)justicia provincial.
