Pese a la presentación de la Multisectorial de mujeres y una recomendación del OVcM, hombres del ámbito judicial y político con imputaciones por violencia de género siguen en sus cargos y haciendo campaña para las elecciones de este año. (Andrea Sztychmasjter)

Antes de las elecciones del año 2017 la Multisectorial de Mujeres de Salta publicó un documento y listado de nombres de candidatos con antecedentes judiciales por violencia de género y violencia machista. Pese a ello y ante una recomendación emitida por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) con fecha 23 de mayo de 2016, en donde señalan que quienes aspiren a cargos públicos no deben registrar antecedentes de violencia familiar, de género o contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades, la clase política y judicial salteña -en su mayoría constituida por hombres- han mirado para otro lado y han dejado vía libre para seguir sosteniendo a sus compañeros de “bancada”, a sus amigos de militancias y a sus colegas judiciales.

Se trata del patriarcado sostenido por los propios hombres y por el propio Estado sin que un organismo oficial como lo es el OVcM, creado especialmente para la “recomendación” a los diferentes poderes del Estado provincial, sea escuchado o siquiera tenido en cuenta. La situación ante un escenario político en ebullición y en pleno año electoral no es menos que preocupante, puesto que lamentablemente las denuncias aumentan cada año develando la necesidad imperiosa de tomar cartas en el asunto no simplemente a través de la emisión de una nueva recomendación, sino más bien a través de un articulado jurídico que explícitamente brinde garantías a todas aquellas mujeres que se animan a denunciar.

En ese sentido es que la Multisectorial de mujeres exigió en aquel documento que quienes se postulen a cargos electivos o ejerzan función en alguno de los tres poderes o fuerzas de seguridad, demuestren “rectitud ética y moral esperable de toda persona que aspira a un alto cargo público…”.

Antecedentes provinciales

A principios del año pasado la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al proyecto de Ley de la legisladora Patricia Galván (PJ), en el cual se dispone que no podrán acceder o permanecer en el ejercicio de la función pública, las personas condenadas con sentencia firme por delitos vinculados a violencia de género.

La autora del proyecto sostuvo que “el objeto es limitar el acceso a cargos de orden público y de cualquier rango jerárquico del gobierno provincial, a aquellas personas que tengan antecedentes vinculados a causas de violencia de género con el objetivo de visibilizar este flagelo social y contribuir a su erradicación y deslegitimación en nuestra sociedad”.

El proyecto establece que la Suprema Corte de Justicia será la autoridad competente para llevar el registro correspondiente, el que deberá ser permanentemente actualizado y expedir los certificados necesarios para poder acceder al ejercicio de la función pública.

Este año el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó un proyecto que prohíbe ejercer funciones en el Estado municipal a las personas condenadas por violencia de género. Por unanimidad, los ediles respaldaron la iniciativa del bloque Vamos, que consiste en una modificación en el Código de Ética para ocupar cargos públicos.

La norma establece que «toda persona condenada mediante sentencia judicial firme por delitos vinculados con la violencia de género no podrá ejercer función pública en el Estado municipal».

Los que están, los que siguen

En aquel escrito de la Multisectorial titulado “Hombres violentos y la inhabilidad moral para ejercer cargos públicos”, realizan un detallado listado de los hombres de la política y del ámbito judicial con denuncias por diferentes y reiterados maltratos hacia mujeres, ya sean éstas exparejas u otras situaciones públicas en las que se ven involucrados vulnerando derechos femeninos.

Aparecen el excandidato oficialista a Senador por Capital, por el Frente Unidad y Renovación, Adrián “Chico Malo» Valenzuela “denunciado por violencia de género, por privar a su hijx de la cuota alimentaria adecuada para su subsistencia y calidad de vida, por reconocimiento de filiación ante su negativa a asumir la paternidad, por maltrato e incumplimientos laborales y por cuestiones de índole comercial que concluyeron con embargo sobre sus bienes”, sostienen.

Existen dos puntos graves para subrayar respecto al comunicador: su candidatura fue avalada, financiada y sostenida por el gobierno de la Provincia que tiene la obligación de generar políticas públicas para erradicar la violencia machista, tal como lo señalaron las organizaciones salteñas y además también avalada por representantes de Mumalá Salta que apoyaron su candidatura. Contradicciones que le dicen.

Otros de los hombres que aparece, es el actual Senador por Capital por la agrupación Un Cambio para Salta, Guillermo Durand Cornejo “denunciado  hacia fines de 1980, ante el entonces Juez de Instrucción Formal de 3ª Nominación, Carlos Badano, por una empleada del PAMI, quien aseguró que Durand Cornejo la hacía objeto de acoso sexual con proposiciones deshonestas”.


Jorge Guaymás, secretario del Sindicato de Camioneros, también presenta según el documento “desde 2010 y hasta la fecha, un prontuario rico en denuncias por hechos reiterados de lesiones, amenazas, de su expareja. Un anterior juicio por filiación de otra mujer y denuncias varias por coacción, amenazas y usurpación, algunas relacionadas a su antigua condición de trabajador del Sindicato aludido desde 1999”.

En la ciudad de Metán, el concejal Raúl Ledesma, fue denunciado e imputado, por abuso sexual simple contra una menor. Pese a ello el Concejo Deliberante de San José de Metán no excluyó ni sancionó al edil.

 

 

 

Según la web del Ministerio Público Fiscal, el 5 de abril de 2017, la Fiscalía de Violencia de Género Nº 4 inició una investigación preliminar contra el diputado del bloque justicialista por el departamento Los Andes, César Córdoba por la posible comisión de los delitos de lesiones agravadas y amenazas. La denuncia revela hechos de violencia de larga data, que no se hicieron públicos en virtud que el diputado mantenía a la víctima, una agente de policía, bajo amenazas. El incidente que derivó en la denuncia fue cuando Córdoba arrebató el arma reglamentaria de su pareja y se encerró con sus hijos/as en la casa. Como primera medida, la fiscal interviniente dictó exclusión del hogar al legislador, la prohibición de acercamiento y de ejercer actos de violencia en contra de su expareja. Mientras continúan las investigaciones, el legislador fue imputado por “tentativa de robo en contexto de violencia de género”, no obstante, continúa en sus funciones, con mandato hasta 2019.

El diputado Tomás Salvador “Tury” Rodríguez fue también imputado formalmente por la fiscal penal Liliana Jorge, en junio pasado tras la denuncia realizada por su ex pareja, quien se presentó en las Oficinas de Violencia Intra Familiar en la Ciudad Judicial y reveló detalles respecto a un ataque del que fue víctima.

En el documento difundido además apuntan las denuncias de tres intendentes del interior provincial. Rubén Méndez, de Salvador Mazza, denunciado en dos ocasiones por distintos hechos de violencia machista. “Como su ex pareja era empleada municipal, la hizo objeto, además, de violencia laboral e institucional, despidiéndola arbitrariamente del trabajo”.

Alfredo Darouiche, alcalde de Aguaray, denunciado por una vecina por cohecho, amenazas y violación de la Ley 26485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Juan Domingo Aguirre, intendente de Joaquín V. González, fue denunciado también por una vecina, luego que éste la empujara y le pegara, porque le recriminó el mal estado de las calles sin pavimentar. La denuncia fue radicada como Agresiones y Amenazas. Otro intendente denunciado por violencia de género por su ex pareja, es Manuel Cornejo de Campo Quijano. La gravedad de la situación llevó al juez interviniente a decretar una medida de restricción perimetral.

En el ámbito del Poder Judicial, las denuncias contra el Juez de Tribunal de Juicio Sala VII, Dr. Federico Diez, por lesiones agravadas por la relación preexistente y por constituir violencia de género, desobediencia Judicial y amenazas con armas.

 

Los juicios políticos contra magistrados/as que han incurrido en hechos graves de violencia institucional, en el caso del juez de familia Víctor Raúl Soria y de la Asesora de Incapaces Claudia Marcela Flores Larsen, por privar a una niña de acceder a una práctica médica de interrupción del embarazo cuando había sido violada y agredida físicamente por su padrastro; en el caso del juez en lo penal de Tartagal Héctor Mariscal Astigueta y del fiscal de ese distrito judicial, Jorge Armando Cazón, por haber privado del acceso a justicia a una niña con retraso madurativo víctima de una violación masiva, que cursaba un embarazo de altísimo riesgo.

 

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