Análisis y síntesis  del debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados. (Andrea Sztychmasjter)

El debate de características ideológicas mostró la poca evolución de los derechos en Argentina cuándo son los proyectos de vida de las mujeres las que se ponen en juego. Discutir un marco legal a un tema que debería haberse dado hace más de 50 años en nuestro país, saca a luz la involución jurídica que deberán replantearse fuertemente hombres y mujeres de leyes.

Que el proyecto sobre IVE haya sido aprobado por 131 votos de diputadxs de todos los colores partidarios es una muestra de profundo respeto hacia las autonomías femeninas, no obstante no debemos olvidar que este debate solo fue gracias a la enorme tenacidad de los feminismos.

Una discusión antiquísima

La interrupción del embarazo en Europa está permitida en más de 36 países, aunque en distintos grados. En 29 es legal por cualquier motivo, según los últimos datos disponibles de la ONU. Fue la Unión Soviética en 1920 el primer país que legalizó el aborto en cualquier circunstancia, si bien su práctica estaba limitada por ley a realizarse en un hospital estatal. Desde entonces, la ley ha sufrido múltiples modificaciones -estuvo prohibido entre 1936 y 1955-, hasta la Rusia actual, que permite la terminación del embarazo hasta la semana 12, por cualquier motivo.

En América Latina, que concentra, junto a África, la mayor parte de restricciones, Cuba fue el pionero en legalizar el aborto en 1968. La despenalización del aborto se votó en Francia en diciembre del 1974. Más de 40 años de experiencia que sin embargo no llaman a la reflexión de 117 legisladores que votaron en contra de la iniciativa que se debatió por segunda vez en nuestro país.-

Cuánto cuestan los abortos clandestinos

Aunque varios legisladores argentinos hicieron hincapié en la “maduración” del debate desde 2018 a la fecha lo cierto es que los argumentos empleados para avalar los votos en negativa no han modificado demasiado. Estuvieron basados en escudarse en la Constitución Nacional, en “la defensa de alguien que no puede decidir”, y en el presupuesto que se destinará a la práctica: “no es gratuito”, señalaron. Lo nuevo sí fue que en un contexto de pandemia, aprobar el aborto legal sería saturar aún más al sistema de salud. Punto que fue desmentido por sendas investigaciones que dan cuenta que el aborto clandestino le cuesta al Estado hasta 21 veces más que el legal.

De acuerdo a los datos relevados, si se compara el valor de una caja de misoprostol con los costos que le implica al sistema de salud público atender las consecuencias más graves de un aborto incompleto realizado en condiciones de riesgo, se concluyó que el aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito. En promedio, entre 2010 y 2017 se produjeron en el sistema público 45.604 egresos hospitalarios por abortos incompletos por año en el país, según datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud.

El costo total ponderado de tratamientos por abortos incompletos alcanza en total la suma de $2.586 millones al año, lo cual arroja un costo promedio por aborto clandestino de $56.700.

Una investigación del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) concluyó que si Argentina tuviera una política pública de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se hubiera ahorrado el 88% del costo fiscal por atender complicaciones derivadas de abortos clandestinos.

 

Tratados internacionales en la Constitución

El 22 de agosto de 1994 se aprobó la última reforma a la Carta Magna, que amplió derechos e intentó realizar un control cruzado de las instituciones del país. Las reformas de 1994 fueron amplias y comprendieron tanto derechos y garantías como la organización de los Poderes. Allí también los tratados internacionales de derechos humanos adquirieron rango constitucional.

No es una valoración personal. El Estado argentino tiene la obligación de despenalizar y legalizar el aborto por completo. Es una obligación que asumió al ratificar los tratados internacionales de derechos humanos.

Tal como lo manifestó en su discurso la diputada de la UCR de Mendoza, Jimena Latorre, al definir cuál es el papel que deben cumplir quienes ocupan un cargo en el Estado: “Nadie niega la existencia de derechos en tensión. Sino no estaríamos aquí debatiendo. Pero es nuestro trabajo compatibilizarlos, crear un régimen donde esos derechos que no son absolutos sean compatibles y se respeten la relatividad y la progresividad de los derechos”, señaló así que su labor como diputadxs es generar un equilibrio, dejando de lado dogmas y politiquería.

La legisladora mendocina recordó además que actualmente el Estado argentino no garantiza la libertad ni la autonomía a las ciudadanas: “Inmiscuyéndose en las decisiones y juzgando cuáles (mujeres) son merecedoras de asistencia y cuáles no. El ejemplo es el régimen vigente; hoy una mujer que decide ser madre es asistida por el estado y la salud pública, en cambio quien decide no serlo es criminalizada y obligada a la clandestinidad con el peligro que ello conlleva”.

Vida y las operaciones lingüísticas antiderechos

Es conocida la genealogía de los movimientos reaccionarios aparecidos con mayor fuerza en nuestro país en 2018, estos grupos protagonizados por organizaciones religiosas no sólo se han constituido para oponerse a derechos femeninos sino que también han realizado con potencia una operación acordada y sistemática para confundir a través del lenguaje.

“Provida” y “salvemos las dos vidas” han logrado instalar con fuerza como frases que lo caracterizan, confundiendo a la sociedad sobre su verdadero sentido. “El lenguaje construye realidad y nos están queriendo robar una palabra. Cada vez que alguien dice que está en contra de la ley porque está con la vida nos excluye a todos. Nosotros también estamos a favor de la vida, no permitamos que nos roben una palabra”, manifestó la escritora Claudia Piñeiro y pidió que “no nos ofendan más”.

Su pedido sin embargo no fue contemplado, los ataques y violencias hacia legisladores y referentas feministas públicas han sido constantes durante todo este tiempo: “Hombres y mujeres antiderechos juzgan sobre el cuerpo de otras mujeres. Moralizan desde sus propias convicciones, intereses pecuniarios y prejuicios de clase sin respetar las perspectivas diferentes. Se ponen en ridículo portando gigantografías de monigotes de cartón toscamente representados. Después de ese circo sangriento -que sigue cobrándose vidas de mujeres gracias a que ‘ganaron’ les antiderechos en 2018- se suben a sus autos, se van y ni piensan que con sus votos no detienen abortos, ni prisiones, ni muertes. Tampoco desarrollan estrategias para alentar y sostener las dos vidas que proclaman”, sostuvo la filósofa Esther Díaz.

Fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien antes de iniciado el debate se refirió a entablar una discusión en el marco del respeto, insistió en que ningún legislador sea “calificado de asesino o de antiderechos”. Sin embargo ambas palabras no son comparables; la palabra antiderechos fue justamente empleada por los feminismos para contraponer la apropiación que hacen de la palabra vida. Al apropiarse de vida y en función a querer instalar una visión dicotómica es que del otro lado aparece la palabra muerte: “asesinas” es entonces la descripción que instalan los grupos antiderechos para definir a quienes buscan simplemente el reconocimiento de derechos, su autonomía y libre decisión sobre cómo encarar sus trayectorias de vida.

 

«Nadie aborta por deporte»

Así lo sostuvo Aída Kemelmajer una de las principales juristas del país, quien aseguró que lo inconstitucional es prohibir el aborto, y no su contrario. “Cada ser humano es un fin en sí mismo, no un instrumento del otro. La autonomía de las mujeres debe ser ajeno al paternalismo médico”, señaló.

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