Luego de las inconsistencias de los datos aportados por la Justicia salteña en el seguimiento de los casos de femicidios, y después de 4 años de emergencia social por violencia de género en Salta, la Oficina de la Mujer de la Corte presentó su propio registro. (Andrea Sztychmasjter)
En una nota publicada en junio de este año titulada “Escatimar datos: Femicidios y una justicia obcecada”, señalábamos: “Salta aún no cuenta con un registro oficial de femicidios que dé cuenta de la situación en la que vivían las víctimas y de los avances de las causas contra los femicidas”.
Luego de mostrar las inconsistencias descriptas en el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde señalaban que no pudieron completar información de Salta porque tanto el Ministerio Público Fiscal como la Corte de Justicia salteña seguían sin aportar datos, desde la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia de Salta oficializaron su propio registro de femicidios esta semana.
La decisión aparece después de 4 años de decretada la emergencia social por violencia de género en todo el territorio salteño, luego de 3 años de creado un Observatorio oficial de violencia contra las mujeres (OvCM) y pese a que en 2016 a través de facultades otorgadas por la Ley 7690, y por resolución, el Procurador General, Pablo López Viñals creó el “Comité de Evaluación de Femicidios”. Finalmente este registro “único” es presentado luego de evidenciadas las graves falencias que poseen los organismos estatales para sistematizar información pertinente sobre los casos extremos de violencia de género que se produjeron en Salta, una de las tres provincias con mayor cantidad de femicidios durante los últimos años.
El informe preliminar presentado esta semana por la Justicia salteña, donde detallan 22 casos de femicidios ocurridos durante el año pasado en Salta, también posee inconsistencias y sigue sin coincidir con otros registros nacionales
Sin embargo, el informe preliminar presentado esta semana por la Justicia salteña, donde detallan 22 casos de femicidios ocurridos durante el año pasado en Salta, también posee inconsistencias y sigue sin coincidir con otros registros nacionales como el realizado por el Defensor del Pueblo de la Nación en donde se consignan que durante 2017 hubo 24 femicidios en nuestra provincia.
En el registro de la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia a cargo de la jueza Sandra Bonari —designada a principios de año y a poco tiempo de asumir como jueza suprema— detallan información recabada de tres ámbitos: noticias publicadas en medios de comunicación, datos aportados por el Ministerio Público Fiscal e información emitida por el Poder judicial de Salta. En un apartado, además, especifican el “seguimiento” que se llevaría de la causa, faltando información de 4 casos de los 22, todos ellos ocurridos en el interior provincial, mostrando las dificultades de acceso a la justicia en parajes y municipios alejados. Estos casos son señalados como “no judicializados”.
Banco genético
En julio de este año la jueza Sandra Bonari recibió a la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Tania Kiriaco, para avanzar en una agenda conjunta vinculada con un “Registro Único Provincial de Femicidios y protocolo respectivo”. Según consignaron los datos de los condenados por femicidios serán también incorporados al Banco de Datos Genéticos.
En 2013, a partir de un proyecto presentado por la entonces senadora nacional Sonia Escudero, diputados nacionales sancionaron la ley Nº 26.879 para crear el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con delitos contra la integridad sexual, que diez meses antes había sido aprobado por el Senado. La misma estipula el almacenamiento y sistematización de la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por tales delitos.
En la votación, el único voto en contra fue el de Marcela Rodríguez (ex ARI), para quien el proyecto convertido en ley contradecía “las reformas feministas de los setenta, uno de los pocos avances de violencia sexual contra las mujeres”, y “no comprende quiénes son los violadores, quiénes son las violadas y por qué se cometen las violaciones”. Rodríguez detalló que en países como Gran Bretaña, Francia, Australia y Estados Unidos, “este tipo de herramientas no ha contribuido a disminuir la tasa de violaciones ni a facilitar –mediante la fuerza probatoria del ADN– la tasa de condenas por violación”.
A los pocos días de aprobada la ley nacional, en Salta se sancionó también por ley (Nº 7775) el “Registro Provincial de Condenados vinculados a Delitos contra las Personas y contra la Integridad Sexual y Banco de Datos Genéticos”. Aunque también a los pocos días a través de la acordada Nº 2140 del Ministerio de Justicia provincial se sostuvo que el proyecto finalmente sancionado sufrió modificaciones con relación al texto original enviado por el Poder Ejecutivo y ello introducía “contradicciones” con lo dispuesto por los artículos 16 y 17. De esta manera desde la justicia salteña le introducían un “veto parcial” al Proyecto de Ley sancionado por las Cámaras Legislativas provinciales.
En 2016 el Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals, resolvió aprobar un Reglamento del Banco de Datos Genéticos, luego que la Fundación Sadosky, que operaba bajo la órbita de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MinCyT), firmara acuerdos con los Ministerios Públicos Fiscales de Salta, La Pampa y Mendoza para la utilización del software GENis en los laboratorios forenses provinciales.
El GENis es una herramienta informática diseñada para contrastar perfiles genéticos provenientes de muestras biológicas con diversas bases de datos, a fin de colaborar en el esclarecimiento de delitos.
El GENis es una herramienta informática diseñada para contrastar perfiles genéticos provenientes de muestras biológicas con diversas bases de datos, a fin de colaborar en el esclarecimiento de delitos. “Este convenio es un gran aporte a la tarea forense que desarrolla el Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta (CIF), ya que no sólo suma mayor precisión sino también permitirá abrir un arco mayor al momento de investigar a posibles sospechosos”, explicaba López Viñals.
En julio de este año finalmente a través de la acordada Nº 12.641 la Corte de Justicia de Salta resolvió que aunque el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 522/17, reglamentario de la ley nacional, impone al juez o tribunal que dicte sentencia condenatoria por alguno de los delitos enunciados en la ley, la obligación de remitir, además de la información referida en el Art. 3, su perfil genético, toda la información en Salta respecto a estos delitos será centralizada en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).
Dicha oficina se creó por Ley 7853 para «procurar una equitativa distribución del trabajo entre los tribunales y juzgados en las audiencias de debate». El objetivo central es «colaborar con la agenda judicial del fuero penal coordinando el cronograma de las audiencias de debate».
Femicidio
El femicidio de Jimena Salas se produjo en enero del año pasado y todavía no hay ni imputados ni posibles sospechosos, pese a que según consigna el informe preliminar difundido esta semana por el Poder Judicial, la investigación está a cargo de la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas y existe un expediente por el pedido de que se cotejen dos muestras de ADN.
“En el caso de Jimena hay datos genéticos encontrados en el cuerpo de la víctima y en la escena de los hechos. Y la Policía dice que no tiene contra qué contrastarlos, porque no tienen un sospechoso. Entonces, hay que preservar esos datos en el banco y cuando avance la investigación estarán ahí”, aseguró la autora del proyecto del Registro Nacional de Datos Genéticos y ex senadora, Sonia Escudero, demostrando que en Salta todavía falta mucho por hacer respecto a la implementación de políticas tendientes a luchar contra la violencia de niñas y mujeres.
