El Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no pudo completar información de Salta porque el Ministerio Público Fiscal y la Corte de Justicia salteña siguen sin aportar datos. (Andrea Sztychmasjter)

A pesar de encontrarse en estado de emergencia social por violencia de género desde 2014, Salta aún no cuenta con un registro oficial de femicidios que dé cuenta de la situación en la que vivían las víctimas y de los avances de las causas contra los femicidas. Pese a que en 2016 a través de facultades otorgadas por la Ley 7690, y por resolución, el Procurador General, Pablo López Viñals*, creaba el “Comité de Evaluación de Femicidios”, que según informaba en aquel entonces, ya contaba con un equipo de trabajo integrado por el fiscal de la Unidad GAP (Graves Atentados contra las Personas), Ramiro Ramos Ossorio; la fiscal de Violencia Familiar y de Género 1, Claudia Noemí Geria; los Auxiliares de Fiscalía, Analía Elízabeth Alisio y Marianella Sánchez Hulet; y las licenciadas Viviana Guijarro Cárdenas y Daiana Alanis.

Este Comité, copia de experiencias desarrolladas en Estados Unidos, sería un instrumento, según señalaron, a partir del cual se pretendía estudiar los casos ya registrados a fin de recomendar el ajuste de medidas preventivas, como así también poner en prácticas nuevos protocolos. Incluso el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) —que tiene como función el registro estadístico para proveer de datos al Estado provincial—, en su informe 2017, consigna que buscan “fortalecer el trabajo con un enfoque integral de los actores que integran el Comité de Evaluación de Femicidios creado en el ámbito de la Procuración General de la Provincia de Salta”. Veremos también las contradicciones del informe de este organismo oficial al registrar casos de femicidios.

Pese a las buenas intenciones, que en muchos casos sólo se quedan en anuncios y fotos, el informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) advierte un problema importante y urgente. Salta no posee una sistematización acorde de datos sobre casos de femicidios congruente con la realidad. De hecho, son los medios de comunicación y las periodistas quienes tenemos que buscar entre las sombras los datos que se dificultan aún más en casos ocurridos en el interior provincial.

Salta, la excepción

El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se realiza desde 2015, tiene por objeto la inclusión de las causas pero que no derivan automáticamente de las imputaciones, sino que son producto del análisis con perspectiva de género de los expedientes judiciales, supuestamente realizado por las y los referentes designadas/os por las máximas autoridades de los Superiores Tribunales, de las Cortes provinciales, los Ministerios Públicos Fiscales (en los casos de las jurisdicciones en los que rige el sistema acusatorio) y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para realizar el relevamiento en el ámbito de cada jurisdicción.

El Registro nacional sobre los casos de femicidios durante el año pasado describe que la situación de Salta posee características particulares: no sólo es una de las tres provincias con más casos de femicidios a nivel país, sino que además sólo se pudo obtener información cualitativa respecto de 11 de los 19 femicidios informados. Este error se debe, según consignan, porque “la información sobre estas causas fue cargada en un porcentaje inferior al 60% por las/os referentes de esta jurisdicción”.

“En esta provincia no se pudo completar el protocolo de trabajo de este Registro ya que si bien el Ministerio Público Fiscal informó la cifra de 19 femicidios, no aportó datos cualitativos sobre los mismos. Por su parte, la Corte de Justicia detalló los datos cualitativos, pero de un número poco representativo del total de casos (11 de 19)”, señalan en el informe de la CSJN.

Además agregan que pese a que este error fue advertido a las personas responsables de la carga de datos por la provincia de Salta, no se pudo subsanar. Así vemos en el informe nacional que en gráficos y demás estadísticas sobre los vínculos, lugar del femicidio, edades, transfemicidios, condenados, situación procesal, etc., se completan datos de todas las provincias, con excepción de Salta, que sólo posee datos parciales en base a información brindada por la Corte de Justicia local.

El Registro nacional señala que teniendo en cuenta la cifra oficial aportada por el Ministerio Público Fiscal de Salta la tasa de femicidios cada 100 mil mujeres es de 2,74. “La cifra oficial informada de 19 causas judiciales de femicidios no permite identificar la cantidad de víctimas por causa, por lo tanto esta cifra de femicidios podría estar sub-registrando la existencia de una mayor cantidad de víctimas”, describen y agregan que los 11 casos informados por la Corte salteña “deben tomarse con cautela”.

La cantidad de víctimas directas de femicidios informadas es 10 y 1 víctima de femicidio vinculado. Todas son mujeres. Una de las víctimas pertenecía a pueblos originarios y otra se encontraba en situación de prostitución. Dos de las víctimas fueron asesinadas en un contexto de violencia sexual. No se aportaron datos sobre la existencia de medidas de protección de las víctimas respecto de los imputados/sindicados. Tampoco se informó en ninguno de los casos sobre la existencia de hechos previos de violencia. Se relevó que al menos cuatro niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, estaban a cargo de las víctimas de femicidios. Dado que sólo se obtuvo este dato con respecto a 4 de las víctimas, esta cifra presenta un posible sub-registro.

Registro poco claro

Otra de las situaciones representativas de la falta de información acorde de los casos de femicidios en territorio salteño deviene del análisis realizado por el OVcM, puesto que refleja tres registros diferentes: femicidios publicados en medios de comunicación —Nuevo diario y El Tribuno—: 18; Registro de femicidios del Ministerio Público de Salta: 13; y un Registro propio en base al entrecruzamiento de datos de los dos anteriores.

Sin embargo, la CSJN señaló que la información brindada por el Ministerio Público no es completa, y el registro de los dos medios de comunicación tampoco lo es. Cuarto Poder realizó su propio relevamiento en donde se analizan 25 femicidios. Mientras que un informe del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación consigna que en Salta durante el año pasado hubo 24 femicidios.

“El OVcM sistematizó un cuadro consolidado que presenta los femicidios ocurridos en nuestra provincia durante el periodo enero-octubre de 2017”, señalan y describen que su registro hasta esa fecha es de sólo 18 femicidios.

El Procurador *

Pablo López Viñals fue cuestionado por organizaciones de mujeres en diferentes oportunidades. Por ejemplo cuando presentó un escrito ante la Justicia en el que solicitaba rechazar una demanda del Foro de Mujeres que solicitaba la realización de un aborto no punible a una menor embarazada producto de una violación. López Viñals consideró en aquella oportunidad que el pedido se basaba en argumentos “conjeturales e hipotéticos”. El procurador y el gobernador de la provincia compartieron la misma frase: “Evitar casos fabricados”, y con esa idea justificaron las trabas impuestas y el no cumplimiento al Fallo de la Corte sobre abortos no punibles.

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