La Corte de Justicia de Salta ha generado preocupación al pretender avanzar en reformas sustanciales sin el necesario consenso y sin tener en cuenta el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. En una reunión con senadores, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Catiella, expresó la importancia de considerar la mirada y posición del Ministerio Público en cualquier reforma, ya que la responsabilidad sobre la política criminal y los criterios de persecución penal recae fundamentalmente en el Ministerio Público.
Castiella destacó la necesidad de un diálogo y consenso en el proceso de reforma, particularmente al considerar el cambio de paradigma de un sistema acusatorio a uno adversarial. Hizo hincapié en la importancia de analizar y evaluar las implicaciones presupuestarias, logísticas y edilicias, así como de llevar a cabo una transformación tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público para adaptarse a este nuevo modelo.
El Procurador General destacó la reunión como constructiva y cordial, «donde pudimos expresar la posición del Ministerio Público Fiscal y resaltar su papel fundamental en nuestra organización institucional, así como su conformidad con los principios establecidos en nuestra Constitución, quisimos destacar la importancia de la política criminal y los criterios de persecución penal, responsabilidades que recaen primordialmente en el Ministerio Público».
«Consideramos esencial que se nos escuche, ya que creemos que hemos aportado elementos valiosos a los senadores, que quizás no estaban lo suficientemente claros o presentes inicialmente. Enfatizamos la gran responsabilidad que recae sobre el Ministerio Público en el manejo de la demanda social y la conflictividad, donde solo un pequeño porcentaje (3-4%) llega efectivamente al ámbito judicial»- destacó.
Agregó además: «Nuestra postura se orienta hacia el diálogo, el consenso y la colaboración. Aunque reconocemos la importancia de avanzar hacia la oralidad a mediano plazo, destacamos la necesidad de un análisis exhaustivo, un balance de los aspectos positivos del plan piloto y la disposición presupuestaria y logística para un eventual cambio hacia un sistema adversarial».
En este sentido, subrayó «la importancia de considerar las transformaciones necesarias tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, anticipando las implicaciones presupuestarias y logísticas. También hacemos hincapié en la importancia de acompañar cualquier cambio con una política carcelaria sólida, conscientes de que debe abordarse con precaución para minimizar impactos negativos en la sociedad, el sistema carcelario y la administración de justicia».
Respecto al cambio propuesto de un sistema acusatorio a uno adversarial, reconoció que «son modelos completamente diferentes. El actual Código, concebido en 2011, se centraba en la investigación del fiscal y en llevar rápidamente los casos a juicio oral. En contraste, el modelo adversarial implica una litigación continua, obligando al fiscal a abandonar el control directo de la investigación».
El Procurador agregó finalmente: «Este cambio también requiere una policía especializada que lleve los casos con una forma definida, ya que el fiscal no tendrá el tiempo para dirigir la investigación como lo hace en el sistema actual. El sistema adversarial busca principalmente acuerdos rápidos, como juicios abreviados y penas negociadas, lo que acelera las condenas efectivas. Por lo tanto, subrayamos la necesidad de anticipar soluciones carcelarias y fortalecer las fiscalías con equipos de investigación especializados, así como ajustar el diseño interno del Ministerio Público para adaptarse a este cambio de paradigma».
En contraste, desde la Corte de Justicia, se ha propiciado la modificación del Código Procesal Penal con una mirada que, carece de atención a los detalles resaltados por el Ministerio Público Fiscal. La falta de consenso y la aparente falta de consideración hacia las preocupaciones puestas a consideración por los fiscales en el día de hoy en la reunion con los senadores, generan inquietud en relación con la efectividad y equidad de las reformas propuestas.
Es crucial destacar que el Proyecto de Modificación del Código Procesal Penal implica un cambio profundo en la administración de la justicia, con la migración hacia la oralidad. Aunque se argumenta que esto no implicará grandes erogaciones, es esencial abordar la adaptación y reorientación del recurso humano de manera adecuada.
