La situación de los carreros de la ciudad empieza a tensar las cosas entre el sector, los proteccionistas de animales y los funcionarios municipales que hasta ahora sólo atinan a querer erradicar la actividad sin reparar en la situación de las 700 familias que dependen de esa precaria actividad. (Rolando Motta)
El miércoles pasado la plaza 9 de julio se pobló de hombres, mujeres y niños que dependen de la actividad. En la oportunidad, la Agrupación de Carreros Salteños difundió en parte la situación de incertidumbre que viven y advirtieron que se encuentran en estado de alerta y movilización frente al nuevo intento de avanzar sobre la fuente laboral de la que dependen 700 familias.
Los trabajadores precarizados están nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y con ellos se comunicó este medio para saber alguna de las características de la actividad que según precisó se trata de una actividad que involucra a 742 carreros oficialmente empadronados en la ONG “Agrupación de carreros salteños”, aunque se sabe que el número es mayor al registrado. En la ciudad, informan, la mayoría de los censados residen en la zona sur este, oeste y este. Por lo general los dueños de carros se ocupan de cinco rubros: verduleros, fruteros, escombreros, hueveros y cartoneros aunque “esto se modifica constantemente porque las actividades suelen ser estacionales. El dinero que un carrero gana por día oscila entre los 150 y 250 pesos”, precisaron los miembros de la organización que aseguraron a este medio que en las reuniones zonales que se hicieron y seguirán haciendo durante las emana se procesara nueva información a fin de ser utilizada en la formulación de un contraproyecto de ordenanza al que actualmente quiere imponerse desde el Concejo Deliberante.
Repudio
En ese marco, los manifestantes que coparon la plaza 9 de Julio el pasado miércoles repudiaron “la actitud de los concejales Gastón Galíndez y Frida Fonseca que a espaldas de los trabajadores formularon y presentaron en el Concejo Deliberante la ordenanza que pretende erradicar de manera progresiva el trabajo en carro, atacando la principal fuente de ingreso de más de 700 familias salteñas”. Asimismo, manifestaron su preocupación ante el hecho de que la ordenanza de Galíndez y Fonseca “no especifica plazos de transición, como tampoco de manera clara, la forma en que los trabajadores del sector se verán incluidos en el mercado laboral. La respuesta del estado ante la problemática del trabajo carrero ya excluido, y que no tiene ningún tipo de seguridad social y laboral, es la de una mayor exclusión”.
El reproche cobra sentido si se tiene en cuenta la forma en que se abordó la situación en otros distritos del país. En el principal municipio del Chaco -Resistencia- la problemática era muy parecida a la salteña. Pero a diferencia de lo que ocurre en nuestra ciudad, la resistencia de los carreros chaqueños llegó a hechos de violencia y obligo al municipio a diseñar políticas integrales al respecto. Desde octubre del año pasado empezaron a empadronar a los carreros y reunirse con distintos sectores (Cámara de Comercio, asociaciones de protección animal y las áreas de desarrollo social, inspecciones generales y tránsito de la Municipalidad de Resistencia) con el objeto de que las medidas a implementar logren un consenso que además de dar legitimidad a las políticas públicas a implementar pueda vencer los rechazos que en algunos sectores generan los cambios.
La comuna de Resistencia, incluso, aprobó un proyecto de ordenanza que buscaba reemplazar los carros por motovehículos y que hacía necesario un endeudamiento comunal por $20 millones. Los chaqueños defensores del proyecto que ha empezado a implementarse gradualmente, destacaron que aunque la medida no resuelve todos los problemas sí mejora las condiciones de trabajo y calidad de vida de aquellas familias cuyo único ingreso proviene como recuperadores urbanos mediante carros tirados por caballos dentro del ejido municipal; además de dar respuesta a las demandas de las asociaciones protectoras de animales.
