Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que encabeza el economista Nadin Argañaraz volvió a poner el dedo sobre la desigual distribución del dinero en el país. Con $8.816 por habitante, Salta ocupó el año pasado el puesto 19 entre las 24 jurisdicciones que aportan al poder central. (Gonzalo Teruel)
En pleno 2015 una de las deudas pendientes de la década perdida del menemismo y también de la década ganada del kirchnerismo es una justa y solidaria distribución de los recursos entre las provincias y la nación. Así lo demuestra un breve pero esclarecedor informe del IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal que encabeza el economista Nadin Argañaraz.
El documento, en efecto, advierte en su portada indisimulables “disparidades regionales en la Coparticipación Federal de Impuestos durante 2014” y revela por ejemplo que “cada ciudadano de Tierra del Fuego recibió $25.174, mientras a CABA le ingresaron $1.895 per cápita”. Con $8.816 por habitante, Salta ocupó el año pasado el puesto 19 entre las 24 jurisdicciones (las 23 provincias y la Capital Federal) que aportan al poder central.
“En un país federal se requiere un mecanismo que distribuya los recursos fiscales entre los diferentes niveles de gobierno, de modo que se garantice la provisión de bienes y servicios públicos de una manera equitativa a lo largo del territorio” dice el informe y explica que “el sistema actual de Argentina adolece de un orden esquemático, constituyendo un complejo esquema de transferencias con importantes disparidades regionales”.
Esta “disparidad” no es sólo regional sino, directamente, provincia por provincia. “Es indispensable que se debata en el país el reparto de fondos existente de manera integral. Esto implica que las necesidades económicas o fiscales de cada una de las 25 partes involucradas en la discusión (Nación, Provincias y CABA), no debieran buscar ser resueltas a través de soluciones individuales”, recomienda el informe del IARAF. Y muestra que pese a que existen regiones “ricas” y regiones “pobres” la distribución de los recursos no responde a esa lógica: Tierra del Fuego y Santa Cruz de la Patagonia y Formosa, Catamarca y La Rioja del Norte ocupan los 5 primeros lugares del listado de beneficiados por los dineros federales; los 5 últimos lugares están ocupados por CABA, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe.
Según enseña el IARAF, “el mecanismo de distribución automática de recursos entre gobiernos se conoce en nuestro país como la Coparticipación Federal de Impuestos, y consiste en que Nación concentra la recaudación de los impuestos más importantes y luego los distribuye entre las provincias bajo diferentes criterios”. Esos “diferentes criterios” son los que deben ser rediscutidos para evitar las asimetrías en la recepción de caudales públicos evidente desde la reforma constitucional de 1995 y acentuada en la última década cuando el gobierno pasó de entregar a las provincias el 43% en 2004 a solo el 37% en 2014.
Esa distribución es analizada en el informe en 2 niveles: primario que explica cómo se realiza el reparto entre la nación y las provincias, y secundario que muestra qué porcentaje le llega a cada provincia.
Los envíos a las provincias en concepto de Coparticipación y otras leyes especiales fueron superiores $300 mil millones el año pasado y tuvieron un fuerte crecimiento del 7% o más de $82 mil millones en relación a 2013. Pero la relación entre provincias no tuvo la misma suerte. Y para una mejor comprensión de estos problemas de distribución los economistas del IARAF las organizaron de acuerdo a su producto bruto y densidad poblacional, conformando 4 grupos: altos ingresos y alta densidad: Buenos Aires, Córdoba, CABA, Mendoza y Santa Fe; altos ingresos y baja densidad: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego; bajos ingresos y alta densidad: Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones y Tucumán; bajos ingresos y baja densidad: Catamarca, Formosa, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero y Salta.
En promedio entre las jurisdicciones de alta densidad, el grupo de bajos ingresos recibe prácticamente el doble que el grupo de altos ingresos, lo cual es lógico desde un criterio redistributivo de recursos. Por el contrario entre las jurisdicciones de baja densidad, ambos grupos reciben prácticamente el mismo monto e incluso en 2014 el grupo de altos recursos recibió fondos por habitante superiores a los de bajos ingresos y eso no responde a ninguna lógica.
“El grupo relativamente más homogéneo en cuanto a los fondos recibidos fue el de bajos ingresos y alta densidad, en el que la provincia de Chaco es la que más obtuvo ($13.717) y Misiones la que menos ($8.828). En el resto de los grupos se evidencian disparidades que resultaron más importantes”, detalla el informe elaborado a partir de datos oficiales. Y ejemplifica que “en el grupo de bajos ingresos y baja densidad, por ejemplo, un habitante de Catamarca o Formosa recibió, en promedio, más del doble que uno que reside en Salta, siendo que estas jurisdicciones poseen características económicas y poblacionales similares”. Lo dicho: Salta ocupa el puesto 19 mientras que Catamarca y Formosa están en el “top five” de las provincias más beneficiadas.
La solución a estas diferencias no es sencilla y así lo advierten Argañaraz y sus colaboradores en los últimos párrafos de su trabajo: “Las necesidades económicas o fiscales de cualquiera de las 25 partes involucradas en la discusión, no debieran buscar ser resueltas a través de soluciones individuales ya que la discusión se da en el marco de lo que se denomina un ‘juego de suma cero’. Si por ejemplo sólo se cambiase la distribución primaria en favor de las provincias, lo que éstas puedan obtener de recursos extra será resignado por el nivel nacional. Asimismo, cualquier planteo de reformas exclusivamente en la distribución secundaria conllevará la existencia de provincias ‘ganadoras’ a expensas de otras que resultarán ‘perdedoras’ con la modificación”, afirman.
Y concluyen, estadísticas del Ministerio de Economía de la Nación de por medio, que “resulta evidente la dificultad de obtener el suficiente consenso (…) para lograr corregir el estado actual de la situación” pero también que “año tras año se hacen más ineludibles las señales de la necesidad, ya no de una reforma, sino de un nuevo marco regulatorio integral para la generación y reparto intergubernamental de los recursos en nuestro país”.
