El conflicto del ingenio San Isidro de Campo Santo ha desnudado mucho más que problemas salariales. Mostró también la parasitaria relación de las grandes empresas afincadas en ese municipio que si pagaran lo que corresponde, la comuna tendría más millones para desarrollarse. (Gonzalo Teruel)
El conflicto de campo Santo se hizo notorio hace unas semanas porque las balas volvieron a sonar en un ingenio azucarero: en este caso en el viejísimo trapiche San Isidro, hoy manejado por un grupo inversor peruano. Las balas eran de goma y buscaban sosegar una protesta de los obreros en pedido de mejores condiciones laborales. El conflicto se había tornado intenso, razón por la cual hasta el lugar había llegado el intendente Mario Cuenca. Intentó calmar los ánimos y, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los casos, su simpatía estaba no con los agentes del orden sino con los trabajadores. Sus buenos oficios y los del padre Rodríguez, el cura párroco, ayudaron a establecer una mesa de negociación.
Pero mientras el conflicto coyuntural avanzaba, Cuenca sacó a la luz los problemas estructurales de su municipio y de todo el departamento de General Güemes. Además, desnudó la parasitaria relación de las grandes empresas afincadas en la provincia con las comunidades que las cobijan. “El ingenio paga $20 mil por mes cuando, por lo menos, debería pagar $300 mil”, dijo sin tapujos el intendente y explicó los argumentos de la empresa y la situación de su comuna “nos dicen que dan trabajo y si le hacemos un juicio, apelan y apelan y tenemos que esperar hasta el día del arquero para cobrar esos impuestos”. Otra gran empresa radicada en Campo Santo, la eléctrica Termo Andes, se encuentra en la misma situación. “Pagaba $85 mil y llegamos a un acuerdo para evitar ir a juicio para que pague $140 mil por mes. Pero deberían pagar $700 mil”, argumentó el intendente Cuenca. “Si cobramos lo que tenemos que cobrar, hacemos otra ciudad y Campo Santo podría ser París y la provincia podría ayudar a Rivadavia o Santa Victoria en vez de ayudarnos a nosotros”, añadió.
El marco jurídico que posibilita la escasa captación fiscal de recursos del capital privado está dado por las leyes 6.025, 6.064 y 7.124 de promoción y estimulo a la actividad industrial, turística y ganadera. Las 2 primeras corresponden al periodo de la dictadura militar y la última al año 2000. En todos los casos, representan un impulso a la actividad empresarial en detrimento de la propiedad pública y establecen la exención casi total de las obligaciones contributivas provinciales. “La reducción de la presión en estos grupos provoca el aumento de la presión relativa en otros sectores, sobre todo a aquellos que por sus estructuras productivas no pueden desempeñar tales actividades como las pequeñas y medianas empresas y los sectores que se debaten en la cuasi informalidad”, comentó un legislador provincial con mandato cumplido. “Las leyes también compelen a los municipios a establecer el mismo tipo de exenciones que se fijan a nivel provincial, haciendo aún mucho más difícil que el desarrollo productivo vuelque los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos del Estado enajenados a los privados”, añadió.
Estas leyes estipulan que el monto de las inversiones industriales y turísticas tiene que ser “significativo” instalando una actividad nueva por completo o incrementando en un 40% las existentes. En el caso de las actividades pecuarias, por el contrario, no existe la calificación de “significativa” para la inversión ni requisito de nacionalidad por lo que el beneficiario puede también ser extranjero como en el caso de Termo Andes y San Isidro.
“Si cobramos lo que tenemos que cobrar, la provincia podría ayudar a Rivadavia o Santa Victoria en vez de ayudarnos a nosotros”, repitió Cuenca. La provincia, en efecto, ayuda con recursos económicos a Campo Santo pero no la ayuda a cobrarle a las grandes empresas. Según confiaron fuentes cercanas a Cuenca, el municipio sólo recauda el ABL y lo gasta todo en el mantenimiento y reposición de la red eléctrica, los recursos que recibe en concepto de coparticipación suman cerca de $10 millones anuales. A eso deben sumarse los recursos de la descentralizada acción social y el aporte de Nación que posibilita, por ejemplo, la construcción en marcha de unas 200 viviendas. El millón de pesos que deja de cobrarle a San Isidro y Termo Andes representaría por mes, ergo, casi un 10% de la coparticipación que percibe el municipio en todo el año y que podría destinase a valiosas y necesarias obras públicas.
Las principales problemáticas en las ciudades del Valle de Siancas son la deficiente infraestructura, la falta de viviendas y la precaria oferta laboral. “En Campo Santo tenemos trabajo: termina la caña de azúcar y arranca el tabaco así que tenemos trabajo pero yo no quisiera hablar de pleno empleo porque todavía sentimos los coletazos de la crisis de los años 90 cuando quebró el ingenio”, concluyó el jefe comunal.
Combatiendo al capital
Las declaraciones del intendente Mario Cuenca en contra de la eléctrica Termo Andes y el ingenio San Isidro no son las primeras contra las compañías del gran capital. Hace unos años se enfrentó al Banco Macro.
En aquella oportunidad, el banco pretendía instalar un cajero automático pero exigía que se le entregara parte del edificio municipal y que el intendente se hiciera cargo de los costos de mantenimiento como, por ejemplo, el pago de la luz y del personal de limpieza.
Cuenca no accedió. Pagaba los sueldos en una oficina de la municipalidad y si hacía falta en algún vehículo oficial trasladaba a la gente hasta General Güemes para que use ese cajero automático. Finalmente, el Banco Macro se instaló en Campo Santo pero, según contó orgulloso el intendente, paga la luz.
