El Gobierno nacional organiza relevamientos de villas, barrios populares y asentamientos aunque abstrae la problemática de los avatares de la política económica. En Salta, las organizaciones trabajan para que los registros sirvan como forma de lucha conjunta de quienes padecen déficit habitacional. (Franco Hessling)
El 22 de mayo de este año el Gobierno de la Nación sancionó el decreto 358 que, entre otras cosas, creaba una Mesa Nacional de Coordinación para barrios populares y formalizaba la elaboración del Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana).
“Según el relevamiento nacional de barrios populares llevado a cabo por la Jefatura de Gabinete y distintas organizaciones sociales entre agosto de 2016 y mayo de 2017, existen más de 4 mil barrios populares, entendidos éstos como aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit de acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular”, apunta el decreto y añade que son 2 millones de personas las que viven bajo esas condiciones. Unos 500 mil hogares.
El relevamiento que se inició a fines del año pasado y que se va formalizando en el Renabap habilitado desde mayo último, lo realiza la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) junto a otras fuerzas, movimientos que el año pasado le extrajeron a Cambiemos la declaración de Emergencia Social. Pese a lo cual tuvieron dificultades y desplantes en la aplicación cabal de lo que eso suponía.
Cuarto Poder dialogó con Marina Eguías de la JP Evita, parte de los movimientos que están participando de la Mesa y del Renabap, quien contó que en Salta las organizaciones se han dividido los barrios para los relevamientos. La JP Evita en particular trabaja en quince barriadas, entre las que se destacan Sanidad II, Finca San Francisco, Gauchito Gil, San Justo, San Justo y Fraternidad, adonde vuelca a unos 40 militantes. “Salimos a recorrer los barrios para hacer los relevamientos y difundir en qué consiste el Certificado de Vivienda Familiar que emite la Anses”, cuenta y acota que “la idea es organizar a los vecinos/as para hacer los pedidos de solicitud de servicios de forma conjunta”.
El desbande gubernamental
El año pasado comenzó el tercer mandato del gobernador Juan Manuel Urtubey, primero durante un gobierno no kirchnerista. Una superposición escandalosa de preadjudicaciones y otros papeles dejó al descubierto una serie de corruptelas en el manejo de tierras por parte de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat. Lo que empezó como el conflicto por el loteo de Parque La Vega se convirtió rápidamente en la captura de algunos funcionarios y ex funcionarios del área. Con el paso de los días el único que quedó detenido fue Diego Barreto, militante del partido Miles de Luis Delia, kirchnerista con quien el gobernador ya no tenía intenciones de mantener las formas. De hecho, Delia mismo visitó Salta el año pasado y acusó a Urtubey de retener a Barreto como preso político. Amén de la hipérbole del piquetero de La Matanza, no es del todo desatinado leer la detención de Barreto si no como una persecución al menos como un desamparo. Lisa y llanamente, Urtubey le soltó la mano.
Las evidencias dadas a conocer por los vecinos eclosionaron de tal manera que prácticamente no quedó periodista sin acceder a documentos de algún/a estafados, y no dan lugar a que se ensaye ninguna defensa de Barreto. Al contrario, Barreto, tanto como Rodrigo Díez y otros exfuncionarios, urdieron un esquema de salpicón que se direccionó a través de redes clientelares de intermediación en la asistencia social. No es casualidad que uno de los imputados originales hubiera sido Nelson “Manguera” Salazar, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Cobros ilegales, dobles adjudicaciones y manipulación de los legajos fueron la constante en la política de Urtubey irradiada desde su Coordinación de Tierras y Bienes Patrimoniales.
Sergio Usandivaras, quien por muchos años ocupó aquella función, salió ileso de las investigaciones por las que Barreto estuvo varios meses detenido en prisión preventiva. Obviando la discrecionalidad judicial, lo que se hizo manifiesto desde el problema de Parque La Vega, fue la ominosa forma con que se había manejado la distribución de tierras en la provincia. El Gobierno tomó la decisión de posicionar a Ángel Sarmiento para salir del atolladero, éste había titularizado ya un organismo que arbitró en la distribución de tierras entre campesinos, terratenientes y originarios, en el norte de Salta, particularmente en los exlotes fiscales 55 y 14.
Asimismo, otros hechos recientes también supuraron como consecuencia de la desidiosa gestión de las tierras: la urbanización en el predio ex Pereyra Rozas y las irregularidades en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que hasta llegó a ser intervenido, política habitual del urtubeicismo, tanto que no alcanzan los dedos de una mano para contar los municipios que la padecieron.
La mirada caritativa
Además de la CTEP y los movimientos sociales incluidos en la labor coordinada por el gobierno, la organización Techo pone a disposición sus voluntarios. Hagamos un recorrido para situar qué implica la connivencia entre un gobierno neoliberal, movimientos de trabajadores excluidos y éste tipo de ONG’s.
El incremento de la densidad poblacional en el último siglo no ha ido en consonancia con los proyectos de urbanización para proveer de viviendas a todas las familias, razón por la cual el déficit habitacional se ha convertido en una de las problemáticas más acuciantes de la ciudad capitalina. En los últimos 50 años se abrió paso a distintas barriadas, que a su vez provocaron la proliferación de asentamientos en sus territorios aledaños. Las zonas sudoeste, oeste y sudeste destacan en ese sentido, albergando gran parte de las poblaciones que ocuparon loteos o se organizaron en terrenos deshabitados, algunos incluso a la vera del río.
El problema habitacional da lugar a que distintas expresiones de la política contemporánea, como la ONG confesional fundada en Chile por un prelado, Techo, antes Un Techo para mi País, hayan encontrado una línea de acción particular, adonde se conjugan voluntarismo, responsabilidad social empresarial, soluciones paliativas y caridad. Todo ello con una mirada de las situaciones de déficit habitacional que adolece de análisis históricos y que, por esa omisión, opera reproduciendo imaginarios como que los que apelan a asentarse o tomar terrenos solucionan sus problemas con el oportunismo clásico de la viveza criolla y sin querer esforzarse. Por eso, por ejemplo, Techo trabaja montando casillas para vecinos sólo a condición que éstos se impliquen en el proceso de construcción, que dura dos días. Porque nadie le regala nada a nadie.
En situaciones de tensión, no obstante, ése tipo de ONG’s esquiva el bulto y no repudia los “desalojos” ni los avances estatales, quizá persuadidos de que en cierto modo el gobierno tiene razón en reprimir a aquellos que no pueden acreditar propiedad de la tierra, del catastro o del inmueble. Porque claro, el simplismo liberal obliga a considerar que el derecho de propiedad está por encima de cualquier cosa, aun de una vivienda básica como condición mínima para una vida digna. Y, dejémoslo claro, ese simplismo liberal es también el que foguea el voluntarismo y la caridad de organizaciones como Techo. Por eso no extraña que ante las situaciones apremiantes no tomen partido y propicien discursos carentes de contenido político.
