La creación del “Instituto Provincial Espacio para la Memoria”, que debía tratarse el último martes en la Cámara de Diputados, volvió a Comisión para rever algunos aspectos. El proyecto es de Manuel Santiago Godoy y propone crear un organismo que el Ejecutivo siempre anuncia pero nunca concreta. (Daniel Avalos)
La historia se remonta a los inicios de la gestión provincial. Montándose sobre el impulso que el Estado Nacional hizo de la lucha contra la impunidad, Urtubey siempre coqueteó con la creación de un Archivo Provincial de la Memoria. Y aunque la sanción del mismo se concretó en el año 2008 (Decreto N° 1741/08), lo cierto es que al anuncio coloreado con bellas palabras como la necesidad de “mantener viva la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos (…) como así también preservar informaciones, testimonios y documentos necesarios para estudiar el condicionamiento y las consecuencias de la represión ilegal y el terrorismo de estado en la Provincia de Salta”, siempre siguió la somnolencia.
Y es que recién cuatro años después del anuncio se volvió a saber algo del tema: el Boletín Oficial del 29 de mayo del 2012 (aniversario del Ejército aunque también del Cordobazo) informaba que el decreto 1842/12 ordenaba transferir “el Archivo Provincial de la Memoria, del ámbito del ex Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos al Ministerio de Gobierno”. Cuatro meses después del cambio de jurisdicción, se hizo otro anuncio: el decreto 2870/12 del 18 de septiembre designaba a Cristina Cobos como coordinadora del Archivo. Y aunque la designación era auspiciante -Cobos, además de ser una militante por los derechos humanos de la provincia es también Experta Universitaria en Gestión Documental y Administración de Archivos- la puesta en práctica efectiva de esa decisión volvió a caer en el olvido.
Ahora la Cámara
El dueño de la actual iniciativa ha sido el mismo presidente de la Cámara de Diputados Manuel Santiago Godoy, autor del proyecto de creación del Instituto Provincial Espacio para la Memoria, al que el proyecto de ley pretende otorgarle un carácter autárquico. Las características del mismo, de ser aprobado el proyecto original, serían diferentes con respecto al siempre anunciado por el ejecutivo provincial. En primer lugar porque el Instituto quedaría vinculado al Grand Bourg a través del Ministerio de Derechos Humanos y no del Ministerio de Gobierno; aunque particularmente porque el primero aspira a investigar y centralizar información de un periodo mayor al diseñado por Urtubey. Mientras este último reduce la centralización de la información a los años de la dictadura, el de Godoy busca resguardar y transmitir la memoria e historia sobre lo ocurrido durante el Terrorismo de Estado, pero también a los “antecedentes desde el Golpe de Estado de 1966, etapas posteriores y sus consecuencias”. Salvedad que, lejos de ser un detalle inocuo, colaboraría, según los historiadores, a una visión más integral del proceso y ayudaría a explicar, incluso, por qué la saña asesina de la dictadura con los cuadros y militantes políticos del campo popular formados política e ideológicamente años antes del golpe del 76.
Para que el instituto logre el objetivo, el proyecto establece métodos de trabajo y mecanismos de vinculación con la sociedad que dieron grandes resultados en otros puntos del país: reunir, recopilar, sistematizar y conservar el material documental y testimonial; digitalización de los archivos; libre acceso del público al material recuperado y producido; promover la cooperación y el intercambio de conocimientos e información con otros centros; realizar exhibiciones, eventos de difusión, cursos, conferencia, tareas de capacitación, de estudios e investigación sobre la materia; y hasta recuperar y preservar los predios e instalaciones edilicias en donde hubieran funcionado Centros Clandestinos de Detención.
Lo más importante, sin embargo, queda establecido en los artículos 7º, 8º y 9º, que obligarían al gobierno provincial a suministrar los recursos para el efectivo funcionamiento del instituto: un patrimonio de afectación propio, instalaciones idóneas para su funcionamiento y la partida presupuestaria correspondiente. Esta última debe servir para llevar adelante las tareas de centralización y archivo del material. Tareas que deberán ser diseñadas por el Director del mismo que, según el artículo cuarto, deberá ser elegido por concurso y ejercerá sus funciones por dos años. Tanto este como el Subdirector deben garantizar que el Plan Anual de Actividades se lleve adelante dando cuenta de la gestión y sus resultados a un Concejo Directivo que estaría integrado por un representante de cada una de las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos de la provincia de Salta, dos miembros del Poder Ejecutivo designados al efecto, dos legisladores designados por la Cámara de Diputados y Senadores y cuatro personalidades con reconocido compromiso en la defensa de los Derechos Humanos designadas por el Consejo Directivo.
Con respecto al tema del presupuesto, el proyecto de ley prevé que “el Instituto puede celebrar o formalizar acuerdos de cooperación para la obtención de recursos económicos con organismos nacionales e internacionales, públicos o privados”. Y aunque el punto puede habilitar al gobierno a desentenderse en los hechos de la financiación necesaria para el logro de los objetivos, no es menos cierto que la aprobación del proyecto generaría condiciones hoy inexistentes para aspirar a llenar un vacío enorme en la materia: que las distintas disciplinas sociales e instituciones públicas puedan localizar y analizar materiales que les permitan sumergirse y analizar el período más negro del país y de la provincia.
Saben por abuelas, pero también por militantes
Uno de los emprendimientos más reconocidos de este tipo es el que organizaron las Abuelas de Plaza de Mayo en Capital Federal: el Archivo Biográfico Familiar de las Abuelas de Plaza de Mayo. Ligada a la incasable lucha de las Abuelas para recuperar a sus nietos nacidos en cautiverio, el propósito fundante del Archivo era suministrar a cada nieto recuperado una historia de vida de sus progenitores desaparecidos y asesinados que les permitiera empezar a reconstruir la identidad negada por el genocidio. El propósito, entonces, requirió del auxilio de historiadores, docentes, investigadores y estudiantes de distintas disciplinas sociales de la U.B.A. que colaboraron en la formulación del proyecto. La puesta en práctica del proyecto se inició con una prueba piloto titulada “Reconstrucción de la identidad de los desaparecidos” en el año 1998 y se terminó de institucionalizar en 1999.
El Archivo Biográfico de las Abuelas se valió de métodos de trabajo factibles en una provincia como la nuestra. La razón de esto último es simple: Salta cuenta con numerosos docentes, investigadores y estudiantes de distintas disciplinas sociales que provienen de la Universidad Nacional. Justamente eso es lo que precisó el Archivo de las Abuelas, que para lograr el objetivo buscado requirió de investigaciones sobre el período, pero también de la producción y centralización de documentos y testimonios nuevos. Lo último se logró a partir de la realización de entrevistas a familiares, amigos y compañeros de militancia del desaparecido. Se trata de entrevistas cruzadas que permiten al joven recuperado tener una imagen multidimensional de los padres desaparecidos.
El inicio de las investigaciones evidenció una clara sincronización entre las Abuelas de Plaza de Mayo, los organismos del Estado (CONADI) e investigadores. Razón por la cual cuando las primeras o el organismo estatal reciben denuncias sobre un probable caso de “nieto en cautiverio”, el equipo de investigación iniciaba los trabajos de reconstrucción de las historias de vida de los padres desaparecidos. Al final del proceso, cada nieto “recuperado” recibe un Archivo biográfico familiar que cuenta con un soporte oral (grabaciones) escrito (transcripciones) y fotográfico; un documento síntesis para cada uno de los jóvenes apropiados; otro de acceso público que vincula y relaciona la vida de los padres con todos los testimoniantes. En el mensuario Nº 32 de las Abuelas del 2004, se publicaban los avances que hasta entonces se habían logrado: 1.000 entrevistas; 400 historias de vida en reconstrucción; 40 archivos finalizados; 100 archivos en proceso; 14 archivos entregados a sus destinatarios; 10 participaciones en eventos académicos.
Los impactos que por entonces se habían generado trascendían los aspectos vinculados a la recuperación de la identidad de los nietos recuperados y llegaban a dimensiones abiertamente judiciales, en tanto aportaron datos y pruebas a la justicia que permitieron el inicio y la resolución de procesos aún pendientes.
