Una auditoría a la sociedad del estado Tomografía Computada, desnuda las bicicletas financieras que el Gobierno provincial engendra. Como siempre que se trata de finanzas en Salta, el Banco Macro tiene un rol preponderante. (Franco Hessling)
Empecemos con una definición legal: “Las Sociedades del Estado tendrán por objeto la prestación de servicios públicos, el desenvolvimiento de actividades comerciales o industriales, y en especial, la investigación, desarrollo, producción y comercialización de tecnología, así como cualquier otra actividad conducente al fomento del desarrollo económico”. Es el artículo tercero de la ley provincial de sociedades del estado, número 6.261, sancionada en 1984 durante el gobierno de Roberto Romero.
Previamente, en el artículo segundo, el texto legal apunta que “sólo podrán integrar este tipo societario, la Provincia y personas de derecho público o sociedades del estado, excluyéndose toda participación de capitales privados”. Seguidamente, se advierte que no pueden ser declaradas en quiebra y que serán disueltas únicamente mediante legislación debatida y sancionada. No obstante, ello no implica que sus finanzas sean del todo prósperas.
Tal es el caso de la sociedad estatal Tomografía Computada, que conforme a las revelaciones de la Auditoría de la Provincia, no tiene buenos manejos financieros prácticamente desde su creación, el 16 de agosto de 1986. Según consta en el informe definitivo de finanzas y legalidad del ejercicio 2013 de Tomografía Computada S.E, desde 1991 –a poco tiempo de su creación- contrae deudas y adquiere créditos confusos con el propio Ejecutivo.
“A partir del año 1991 comenzó a generarse un crédito a favor de Tomografía Computada S.E, exigible al Gobierno de la Provincia con origen en prestaciones realizadas por la Sociedad del Estado a pacientes sin obra social, facturados al Ministerio”, es decir, la cartera de Salud del Ejecutivo provincial le alquilaba la cobertura del servicio a los capitales sociales de Tomografía Computada S.E.
Pero las relaciones crediticias entre el Gobierno y la sociedad del estado no se agotaron en eso, la auditoría firmada el 16 de noviembre de 2015 y dada a conocer semanas atrás, continúa su rememoración: “A su turno, se generó una deuda de Tomografía Computada S.E. con el Gobierno de la Provincia de Salta originada en tickets alimentarios, aportes y retenciones al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS)”.
Poco después del inicio de esas deudas y créditos mutuos, “las autoridades de la Sociedad del Estado comenzaron a presentar numerosas notas ante el Ministerio de Salud de la Provincia, intentando lograr la firma de un convenio, con el fin de tener por compensados los créditos y deudas recíprocos que esta situación había generado”. Los auditores hacen la salvedad de que esas supuestas gestiones que empezaron en 1991 para ajustar los saldos con el Gobierno, fueron relatadas por las propias autoridades de la Sociedad del Estado. Una de las técnicas para recolectar datos, explican los realizadores de la auditoría, fueron entrevistas con la cúpula de la sociedad estatal.
Luego de ello, la AGP le da la razón a lo que afirmaron las autoridades de Tomografía Computada S.E., indicando que “al 11/07/2013 la Sociedad del Estado había presentado trece notas al Ministerio y se generaron siete expedientes, el último identificado como 260-002/10, en el cual obran los pedidos efectuados con el fin de lograr la compensación de créditos y deudas”.
Sin embargo, los contadores Susana Redondo, Fabricio Ferreyra y Cristian Alejandro Farah, y el abogado Marcelo Grande, observan que los numerosos intentos que hizo la sociedad estatal por liquidar saldos con el Gobierno provincial no hicieron más que entorpecer lo que hubiese sido la expiración más simple del problema de balances: la prescripción de las deudas y créditos recíprocos. La hacienda provincial y la sociedad creada en el ’86 tenían, hasta 2013, una cuenta mutua que ascendía a 3,7 millones, específicamente $3.744.902,21; de persistir la falta de liquidación y la no prescripción, es factible que los valores actuales sean todavía más escandalosos.
Dicen los firmantes del informe que las opciones adoptadas por la administración de Tomografía Computada S.E. “indudablemente han tenido efectos interruptivos en la prescripción” (SIC). Los evaluadores responsabilizan a las autoridades del centro de atención médica de haber entorpecido el correcto abandono administrativo de las tramas financieras con el Gobierno, para así dejar que el tiempo todo lo borre. Esperar la prescripción hubiese sido lo acertado, plantean los auditores.
Mareados por las cuentas
Las observaciones a la gestión de la institución médica también develan otros manejos contables defectuosos. “Realizando el análisis de los mayores contables se detectó que el ente auditado procedió a reconocer como Deudores Incobrables, créditos por ventas antiguas por un importe de $280,182”.
En términos simples, Tomografía Computada S.E. (de aquí en adelante TC S.E.) presentó como “incobrables” a ciertos deudores. Con tal epíteto contable para sus deudores, los administradores del centro médico apostado en instalaciones apéndices del Hospital San Bernardo, dejaron atrás los derechos como acreedores de poco más de 280 mil pesos.
El dato conspicuo sobre este rubro es quién es el gran deudor incobrable que declara el TC S.E., que absorbe $269.530,32 de los 280 mil totales. Se trata del Instituto Provincial de la Salud (IPSS). La AGP hace constar que “mediante resolución N°038/14 de fecha 03/04/2014, se declaró incobrable un crédito por la suma de $269.530,32 que TC S.E. mantenía respecto del Instituto Provincial de Salud (IPPS)”.
Con esta otra dependencia estatal, la sociedad estatal –valga la redundancia- no tuvo mejor suerte que la que corrió con el Gobierno provincial (nótese las idas y vueltas financieras entre aristas del mismo aparato estatal-gubernamental, de allí la validez de la redundancia precedente). El IPSS también se mantuvo indiferente ante los reclamos de su acreedor, TC S.E.
“Dentro de la documentación se advierte un detalle: la encargada del Departamento Facturación y Cuentas Corrientes enumera doce intimaciones de pago de la deuda destinadas al Interventor del IPSS y cinco notas enviadas ya sea al Ministro de Salud o a la Asamblea de Accionistas, informando el estado de la deuda y las gestiones realizadas”, subraya el informe de la AGP. A pesar de ello, la falta de respuestas condujo a que los administradores de TC S.E. se resignaren a que el IPSS era “incobrable”.
La Macro invisible
Si de finanzas y estado provincial salteño se trata, hay un actor ineluctable aunque no por eso menos determinante: la entidad bancaria dirigida por Jorge Britos. Según especifica la auditoría financiera y legal realizada al ente estatal de estudios médicos con tecnología de imágenes, éste acumulaba hasta el 31 de diciembre de 2013 siete plazos fijos, entendidos a nivel contable como “inversiones corrientes”.
De ellos, cuatro descansan en manos del Banco Macro, mientras que los otros tres se encontraban en el Banco Nación. Ciertamente, de los $2.335.109,07 que se dispusieron en los siete plazos fijos, cerca de un millón seiscientos mil (1,6 millones) están en la segunda institución bancaria y los otros setecientos mil (0,7 millones) en las cajas fuertes de la misma entidad que negocia con el Ejecutivo Provincial a través de sus Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), que se hace cargo de depositar los salarios de todos los empleados públicos, y que será la plaza financiera que medie en la adquisición de deuda estatal gestionada hace algunas semanas en Nueva York por el gobernador, Juan Manuel Urtubey, y el jefe de Gabinete, Carlos Teófilo Parodi.
Con tasas anodinas, como suele suceder cuando el gobierno negocia con el Banco Macro, los administradores de la sociedad del estado TC se beneficiaron con intereses devengados por menos de 70 mil pesos, $68.813,89 para ser exactos. En el plazo fijo más extenso –es decir el que contiene las mejores tasas-, la entidad bancaria le otorgó por el depósito durante 104 días un porcentaje anual del 16%.
La propia AGP se mofa de la exigua ganancia que sacó TC S.E. con los plazos fijos a causa de las bajas tasas que recibieron por sus inversiones corrientes. “En razón de la escasa significatividad de las cifras de los intereses devengados al cierre del ejercicio, no fue considerado en el Estado Contable”, los auditores justifican que los casi 70 mil no hayan sido atendido en los balances estudiados.
Mientras que los tres plazos fijos depositados en el Banco Nación expiraban en enero de 2014 –recuérdese que la auditoría es sobre el ejercicio 2013 de TC S.E.-, algunos del Macro se extendían más meses de aquel año en que se jugó el Mundial de Fútbol en Sudáfrica. En aquellos tiempos, las tasas para plazos fijos personales que otorgaba la institución financiera rondaban el 24%, casi un tercio más que la que TC S.E. acordó con la mano invisible de las finanzas salteñas.
