Un pedido de Liliana Mazzone y Virginia Dieguez en el que solicitan se informe sobre el vínculo entre el Estudio Jurídico Aguilar y el poder político, revela que luego de que Horacio Aguilar se desvinculara del Gobierno para defender a Pedro Blaquier, el contrato quedó en manos de su hermano Julián Marcelo. (D.A)
Cuando creíamos haber llegado al fondo de la cuestión venimos a descubrir que todavía existe un subsuelo. No el subsuelo sublevado que Scalabrini Ortiz vio en el año 1945 cuando el peronismo irrumpió en la historia; sino un subsuelo poderoso en donde habitan aquellos que para los analistas políticos son el poder tras el poder. Uno de esos personajes, en Salta, es Horacio Aguilar. Ese hombre al que este medio señaló como compañero de departamento de Urtubey en Buenos Aires cuando ambos eran estudiantes; el que luego devino en Juez Federal de Salta y Jujuy durante la primera década del siglo XXI; la persona que sin cargo formal en el gobierno le susurra al gobernador los nombres que deben ocupar puestos claves en su gobierno; y la cara visible de un lujoso estudio jurídico que asesoró a Urtubey en materia de Derechos Humanos, hasta que en el año 2011 rompió el vínculo porque concluyó que representar a los sospechosos de violar esos derechos era más redituable, asumiendo entonces la defensa del zar azucarero Pedro Blaquier, acusado de colaborar con la dictadura durante los trágicos “Apagones de Ledesma” en 1976.
Hasta ahí, habíamos llegado. Estábamos convencidos de que aun cuando importantes ministerios provinciales recayeron en hombres vinculados a Aguilar, la relación entre éste y Urtubey se había reducido a las sombras para guardar las formas. Olvidamos que a ese nivel la vergüenza es una emoción que no se practica tanto, luego de que el gobierno no renovará el contrato entre Estudios Aguilar y el Grand Bourg, que había empezado en el 2009 (Decreto 1.261/09) y se renovará en el 2010 (Decretos 1.443/10) y en el 2011 (Decreto1.048/11); el vínculo no se perdió porque la persona que se quedó con la prestación del servicio fue Julián Marcelo Aguilar, un asociado al Estudio de Horacio Aguilar, con domicilio legal en Gabriel Pulo 40. Julián Marcelo, por supuesto, es hermano de Horacio.
Las características del contrato son siempre las mismas. El que vinculaba a Horacio con el gobierno desde el 2009 al 2012 podemos resumirlo así: asesorar al Grand Bourg en “asuntos relacionados con el Derecho Federal y demás cuestiones vinculadas a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos”; “ampliar el objeto del presente contrato, para la prestación de los servicios de asesoramiento jurídico sobre otras cuestiones no previstas en el presente…”; “los requerimientos de los servicios establecidos (…) serán dirigidos a ‘El Consultor’ únicamente por el señor Gobernador de la Provincia de Salta, o por el Secretario General de la Gobernación y/o el Secretario Legal y Técnico”. Estas cláusulas que se reiteran en los decretos 1.261/09, 1.443/10 y 1.048/11; se reiteran en el 1785/12 y en el 1397/13 que ya tiene como “Consultor” a Julián Marcelo.
En los anexos de todos esos decretos, también se reiteran otros puntos. Por ejemplo el relacionado a las obligaciones del Estado para con el consultor: los servicios son valuados en $8 mil más IVA y se aclara que la Provincia debía costear los gastos de viajes y alojamiento cuando las tareas llevaran al Consultor fuera de la misma. La relación entre el gobierno y Aguilar levantó en su momento sospechas entre los miembros de la oposición.
La web oficial de la Cámara de Diputados muestra en el link “Asuntos Entrados” del 21 de mayo del año 2013, que las diputadas Liliana Mazzone y Virginia Dieguez efectuaron un pedido de informe en donde solicitaban al “señor Secretario General de la Gobernación informe las condiciones de los contratos de consultoría celebrados por el Gobierno Provincial y el Estudio Aguilar, Consultores Jurídicos y de Gestión”. Aunque este medio no tuvo acceso al cuerpo de ese pedido, es de creer que en tanto los servicios a los que se comprometieron los hermanos Aguilar y sus respectivos honorarios están presentes en los decretos mencionados y sus anexos.
Lo que Mazzone y Dieguez buscaban saber eran otras cosas: servicios prestados, causas en las que se intervino o dinero desembolsado por fuera de los $8.000 mensuales pactados. La sección “Asuntos Entrados” de la cámara de diputados de la provincia no registra ninguna respuesta del Secretario General de la Gobernación a ese pedido entre ese 21 de mayo y la última sesión del año acaecida el 17 de diciembre del 2013.
Y sin embargo, no todo concluye ahí. Como en un informe anterior lo señaláramos, Horacio Aguilar tuvo la suerte de que personas muy allegadas a él ocupen cargos claves en el gabinete provincial. Es el caso del exministro de Seguridad y actual Ministro del Gobierno, Eduardo Sylvester que como marcáramos oportunamente es un hombre cercano a Horacio Aguilar. En el año 2005, Sylvester se convirtió en Secretario de 1ª Instancia del Juzgado de 2ª de Jujuy que comandaba Aguilar; en el 2007 se convirtió en Secretario de Cámara de la Cámara de Federal de Apelaciones de Salta cuando Aguilar, también, era Juez Federal; Silvester fue uno de los socios constituyentes de la Fundación para el estudio del Derecho en el Noroeste Argentino -FEDENOA-, la cual Aguilar impulsó para vincular a profesionales de Salta y Jujuy; en el 2009, Sylvester pegó el salto desde la justicia federal al Gobierno de Salta como Director Ejecutivo de la Agencia Antidrogas de la provincia justo cuando la amistad entre Aguilar y Urtubey se formalizaba con la asesoría; en el 2011 Sylvester, luego de protagonizar un ascenso meteórico, se convirtió en secretario de Seguridad y luego en Ministro de dicha área.
Uno de los ejes de esa gestión fue la millonaria ampliación del sistema 911 y el nuevo método de monitoreo que incorporará 1.100 cámaras de seguridad. El programa costó 54 millones de dólares a la provincia y el operador principal del mismo fue el entonces Secretario Ejecutivo de la Coordinación de Gabinete de Ministerios: Alejandro Cornejo D`Andrea, quien es actualmente Ministro de Seguridad de la provincia.
