Senadores provinciales durmieron por años el proyecto de adhesión a la ley nacional contra la violencia de género aunque sancionaron un proyecto de abordaje de otros tipos de violencia. A seis años de la sanción de la Ley 26.485, Salta sigue sin fijar procedimientos para aplicarla. (Andrea Sz)

En junio del año pasado el Senado salteño aprobaba un Proyecto de Rosana Alderete; y asemejó la violencia de género a otros tipos de violencia como las relacionadas al fútbol. Al aprobarla, los senadores salteños destacaron que se trataba de una novedosa forma de legislar en la materia, tal como lo señalaba el senador Santiago Payo: “Es interesante hacer expresa mención que ésta es una novedosa forma de legislar en la materia ya que nuestra provincia es pionera en reunir en un cuerpo sistemático las distintas manifestaciones sociales de la violencia, lo que hace manifiesto el compromiso con la realidad y la voluntad por superar distintos flagelos que no son otra cosa que violaciones a los derechos humanos más esenciales”.

Así las cosas y pese a las críticas de organizaciones de mujeres y diferentes especialistas en la temática, a seis años de sancionada la ley nacional, la provincia sigue sin fijar procedimientos específicos para la lucha contra la violencia de género. La Ley 26.485 define esta violencia como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de las mujeres, como así también su seguridad personal. Además, se considera violencia indirecta toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.

Este año y en la sesión que ocurrió un día después de la multitudinaria marcha #NiUnaMenos, los senadores salteños se pronunciaron a favor de esta movilización y se mostraron preocupados por la falta de adhesión a esta ley nacional que ellos mismos se encargaron de no aplicar. Entre sus manifestaciones dejaron en claro que ahora tratarán que la provincia se adhiera y se abocaran “fundamentalmente a la búsqueda del sustento presupuestario”, tal cual lo mencionó el senador cerrillano Alfredo Jorge.

¿Qué se hace?

El informe “Claroscuros en las políticas contra la violencia de género. A cinco años de la sanción de la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia es tiempo de promover la rendición de cuentas”, elaborado por ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) realiza un análisis de la implementación y efectividad de las acciones puestas en marcha en todo el país en función a lo que estipula la ley. El mismo concluye que a pesar de ser una ley ambiciosa “a cinco años de su sanción se desconoce el grado de implementación de muchas de las políticas allí esbozadas”, ya que por ejemplo el Plan Nacional contra la violencia no se ha difundido; no se produce información en forma sistemática y de difusión pública; no es posible establecer la suficiencia de los servicios existentes ni asegurar la cobertura de todas las jurisdicciones; y no se estableció un presupuesto para la implementación de la ley sino que indicó que los recursos serían asignados del presupuesto general de la nación.

En cuanto a las políticas públicas informadas por Nación, el documento señala que en función al Artículo 11 de la Ley 26.485, sólo se ha informado una sola acción concreta que busca “Promover políticas para la re vinculación social y laboral de las mujeres que padecen violencia”, y nombra el programa Ellas Hacen. Este programa fue creado en el marco del Programa Argentina Trabaja, y abarca a “más de 100.000 mujeres de todo el país, de sectores vulnerables con 3 o más hijos, que cobren Asignación Universal por Hijo (AUH) y sean jefas de hogar o padezcan violencia”.

Por otro lado se anuncia la creación de refugios para mujeres víctimas de violencia, áreas municipales, campañas contra la violencia, creación de protocolos para la atención, sin embargo el informe concluye que no hay un registro sistematizado, ni tampoco información sobre su grado de difusión y aplicación.

En cuanto a los servicios para denunciar situaciones de violencia, organismos gubernamentales y organizaciones sociales disponibles para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco de la  Línea Nacional de Atención Telefónica y Gratuita 144. El informe concluye “una gran disparidad de recursos disponibles en las provincias”. Para el caso de Salta señala que existe un total de 202 organismo activos.

En este sentido se informa que la mayor cantidad de servicios disponibles en todas las provincias son las Comisarías: más del 30% de la totalidad de los recursos disponibles (1.917) corresponden a comisarías (incluyendo comisarías de la mujer). Esto explica que los estudios muestren que las mujeres generalmente recurren a la policía en el momento de plantear denuncias o buscar ayuda y refuerza la necesidad de trabajar para la mejor capacitación de las fuerzas de seguridad en materia de violencia de género.

Para el caso del patrocinio jurídico gratuito también estipulado en la ley 26.485, Salta posee solo uno. Y así recalcan que: “Este es sin duda uno de los déficits más importantes en la implementación de la Ley 26.485, que en su artículo 10 establece que es obligación del estado nacional promover y fortalecer inter-institucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia, debiendo garantizar, entre otras cosas, asistencia y patrocinio jurídico gratuito”.