La situación en Campo Santo vuelve a tensarse. El ingenio de capitales peruanos quiere despedir 100 obreros para salir de la crisis que dice atravesar y el sindicato de 700 trabajadores se alista para resistir. El año pasado un conflicto gremial duró 41 días y tuvo un final que benefició a los obreros del azúcar. (Daniel Avalos)
Hace un año el ingenio San Isidro fue escenario de una intensa lucha ente la patronal y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar. Duró 41 días y estuvo atravesada por enfrentamientos, balaceras, amenazas, 28 denuncias y 7 causas penales contra el Secretario General del Sindicato: Mariano Cuenca. El conflicto surgió por el pedido de ingreso a planta permanente de 42 trabajadores que superaban los doce meses de trabajo; también pedían elementos de protección, higiene y seguridad; y el fin de la exigencia patronal de plantar doce surcos diarios (cada surco mide 100 metros) por obrero cuando esa tarea se realiza normalmente en dos jornadas. Tras casi dos meses de lucha, los trabajadores le arrancaron a la firma 47 puntos que incluían la merma de 12 a 10 surcos diarios por obrero y un incremento salarial del 38% que al momento de iniciarse el conflicto no formaba parte del reclamo.
Todo ello amenaza con reeditarse porque en medio de paritarias en las que los trabajadores exigen un básico de $10.740, el ingenio asumió una actitud alarmante. Como otros ingenios del país asegura no poder satisfacer la demanda y apelando a la figura del “Procedimiento preventivo de crisis” asegura que debe despedir obreros para encaminar financieramente a la empresa. El tecnicismo está definido en el capítulo 6 de la ley 24.013 que en su artículo 98 precisa que previa a la comunicación de despidos o suspensiones por razones económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, la empresa debe sustanciar el procedimiento preventivo de crisis previsto a fin de que el Estado intervenga en el proceso.
La empresa ya dio ese paso y para ello recurrió a una razón de “fuerza mayor” bastante curiosa: argumentó que viene de una década de incrementos salariales (2006-2007: 39,36%; 2007-2008: 28%; 2008-2009: 24,59%; 2009-2010: 38,71%; 2010-2011: 25,73%; 2011-2012: 30,39%, 2012-2013: 29,63%; 2013-2014: 39,34%; 2014-2015: 38,70%) y que tal proceso ha vuelto insostenible la situación inclinándola a la “imperiosa necesidad de acudir a este procedimiento especial para reducir su plantel de trabajadores permanentes mediante la desvinculación de cien (100) trabajadores”.
El escrito está rubricado por el apoderado legal de la firma Ingenio San Isidro–Prosal S.A. Se trata de Hugo Arostegui, un contador peruano egresado de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, con dos décadas de experiencia al frente de Empresas Agroindustriales y que desde marzo de 2014 forma parte de la planta gerencial de la corporación peruana Casa Grande S.A.A.
Digresión multinacional
San Isidro pasó a formar parte de la multinacional peruana Gloria S.A. cuando una subsidiaria de esta última -Corporación Azucarera del Perú S.A.- adquirió el 60% del paquete accionario del ingenio de Campo Santo. La operación fue reseñada por el portal “Diario de Fusiones & Adquisiciones” en un artículo de agosto del año 2011.
La historia de Gloria S.A. se remonta a 1941 cuando se dedicaban a la fabricación de leche evaporada pero dio un salto en 1986 cuando una empresa familiar de transporte peruano -José Rodríguez Banda S.A.- adquirió el porcentaje mayoritario de las acciones. Desde entonces, la corporación es presidida por Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez, quien es secundado por un primo cuyo nombre tiene resonancias coppolianas: Vito Modesto Rodríguez Rodríguez. Entre 1993 y 2005, Gloria S.A. inició un proceso de concentración y centralización del capital.
Lo primero acaparando firmas dedicadas a la producción de lácteos en Bolivia, Puerto Rico, Colombia, Ecuador y Argentina (en el 2006 culminó en nuestro país la construcción de las instalaciones de la Compañía Regional de Lácteos Argentina S.A. establecida en febrero de 2005 mediante la compra del 50% de acciones de lo que era Lácteos Santa Fe); lo segundo expandiéndose a otras ramas como los analgésicos, antiácidos, laxantes, transporte, helados, caramelos, chocolates, galletas, cajas de cartón corrugado e incluso el cemento. Así llegó al rubro azucarero. En 2006 Corporación Azucarera del Perú S.A. obtuvo el 45% de acciones de la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. y así Gloria S.A. se convirtió en líder del mercado azucarero peruano y desembarcó con Casa Grande S.A.A. en el ingenio San Isidro de nuestra provincia.
Aprestos de lucha
Hugo Arostegui no exagera al definir que los 100 despidos tendrían un alto impacto. El número representa el 14% de los 700 empleados entre permanentes y temporarios con los que cuenta el ingenio; y un 35% de los trabajadores permanentes que en la actualidad llegan a los 285. Y aun cuando el llamado “Procedimiento preventivo de crisis” supone un periodo de entre dos y tres semanas en las que el Ministerio de Trabajo debe generar instancias de negociación donde ni la firma puede efectivizar los despidos ni el gremio iniciar acciones sindicales, los trabajadores empiezan a preparar la resistencia a los despidos.
La supuesta crisis de la que habla Arostegui no es tal según los trabajadores del ingenio consultados por este medio. Admiten saber de una supuesta caída de la exportación que los magnates azucareros atribuyen a altos costos internos y a la baja del precio internacional del azúcar, peo recuerdan que los empresarios siempre se la ingenian para conseguir mayor liquidez. Ahora, enfatizan, esa liquidez proviene de la producción del alcohol que se mezcla con nafta. Bioetanol que producen todos los ingenios del NOA y que en conjunto aportan el 10% de del corte nacional, porcentaje que los gobernadores del NOA piden que se incremente al 12% y que el precandidato a presidente, Daniel Scioli, prometió llevar al 15% si accede a la Casa Rosada.
De todos modos, insisten los trabajadores, una solución alternativa a los despidos consistiría en acabar con los servicios que prestan las empresas tercerizadas. Y es que hace años que los operarios permanentes del ingenio aseguran que ellos pueden garantizar los servicios tercerizados al mando de personajes que presentándose como PyMEs se caracterizan por someter a sus propios trabajadores a condiciones laborales y salariales inferiores incluso a las del trabajador registrado. Una lógica usual por estos estos días y que reditúa al propio ingenio una triple ventaja: atomizar a los propios trabajadores e imposibilitar la organización conjunta en caso de conflictos gremiales; pagar menos por un servicio valiéndose de trabajadores precarizados que cobran menos; e incluso la posibilidad de que tales empresas tercerizadas posean una relación orgánica con la firma contratante.
En Campo Santo, por ejemplo, muchos de los consultados aseguran que es el caso de Gerardo Fernández. El hombre que el año pasado -como gerente operativo del ingenio- fue la cara visible de las negociaciones con los trabajadores en conflicto y que es señalado como accionista de la firma y operador de una tercerizada que provee servicios a la misma. Por fuera de esto, los mismos consultados recuerdan que muchas de las tercerizadas son jujeñas y que por ello se debería priorizar el trabajo local.Al parecer y lamentablemente, un potencial conflicto tendría como variable de ajuste al eslabón más débil de la cadena: los trabajadores tercerizados
Guerreros probados
Como van las cosas, una cosa es segura: el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar parece dispuesto a ir a un conflicto que resguarde los puestos de trabajo. Estos y los vecinos de Campo Santo recuerda confiados que el año pasado la disputa fue de mayor a menor. Desde las presentaciones que motivaron que el Ministerio de Trabajo multara al ingenio en cinco oportunidades y por un monto que rozó el medio millón de pesos por no cumplir con las leyes laborales(Expedientes Nº 64-135187/13 por $184.800, 64-54339/12 por $84.000, 64-135194/13 por $15.200, 64-161124/12 por $125.300 y 64-121158/12 por $35.400) a una huelga que además de enfrentamientos que incluyeron el bloqueo de los accesos al ingenio, requirió la intervención de la Cámara de Diputados para destrabar el conflicto, el arribo de los primos Rodríguez Rodríguez desde el Perú para pedir apoyo gubernamental y un desenlace finalmente favorable a los trabajadores.
Los empresarios peruanos, por su parte, también saben de conflictos. Y es que en Perú, la multinacional Gloría S.A. estuvo involucrada en experiencias cargadas de piquetes, plantas tomadas, marchas y tiros. Es lo que ocurrió en la localidad de Cartavio en el norte del país incaico donde Gloria S.A. posee el Complejo Agroindustrial Cartavio S.A. En diciembre de 2009 los trabajadores del lugar reclamaban mejoras salariales y el pago de un bono por productividad para julio y diciembre pero todo se descontroló cuando la empresa despidió a tres obreros a quienes acusó de atacar las instalaciones, destruir el cerco perimetral, incendiar oficinas y saquear el almacén que la empresa posee en el ingenio.
Los medios peruanos denunciaron aquella vez que la reacción de Gloria S.A. incluyó el uso de armas de fuego por el que resultaron heridas seis personas (entre las que se hallaba un menor de 10 años) y la contratación de rompehuelgas que encendió más las pasiones. La lucha sectorial devino en pueblada y la empresa mostró entonces su peor cara: anunció la clausura del hospital y ordenó el corte del suministro de agua a toda la localidad hasta que los trabajadores terminaran con la huelga (http://reporterow.com/2009-12-22-Huelga-y-disturbios-en-cartavio). Es que Gloria S.A., como toda multinacional, es dueña de una voracidad insaciable. Una que respira beneficios, que se alimenta de los intereses del dinero y bebe el sudor de aquellos que con su esfuerzo, producen el producto que la multinacional luego vende al mejor postor.
