La comunidad Lules de Finca Las Costas denunció que la empresa La Ciénaga S.R.L. inició exploraciones en sus tierras con el fin de hacer usufructo del agua. Detrás de la intromisión, un importante negocio inmobiliario. (Andrea Sztychmasjter)
A principios del mes de septiembre la empresa La Ciénaga S.R.L. inició exploraciones en la Quebrada Potrero Grande con el fin de hacer usufructo del recurso del agua en territorio comunitario del Pueblo Lules. Al enterarse de esta situación, sus autoridades denunciaron las acciones de la empresa ante el INAI y la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia. No obstante ello, La Ciénaga inició un plan de obras para construir una galería filtrante en el lugar, la cuál tendrá como consecuencias daños materiales, ambientales y sociales, que incluyen desmontes, cortes de caminos, corte de agua para consumo humano y para riego, o roturas de alambres. El 30 de septiembre, el Pueblo Lules en Asamblea Comunitaria se declaró en estado de asamblea permanente, alerta y movilización, y resolvieron iniciar acciones legales contra la empresa realizando una denuncia en la Fiscalía Nº 3 de Ciudad Judicial. En la presentación también se incluye al gobierno de la provincia de Salta, en particular a su Secretaría de Recursos Hídricos y Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, por violación de domicilio, daños, usurpación, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, entre otros cargos.
De esta manera, los integrantes de la Comunidad Indígena del Pueblo Lules de Finca las Costas ratificaron una denuncia realizada por el dirigente Fermín Tolaba, presidente de la organización indígena. El Pueblo asegura que La Ciénaga S.R.L, destruyó alambrados, depredó y extrajo árboles y plantas nativas, y desvió aguas superficiales y subterráneas sobre el territorio ocupado tradicionalmente por la Comunidad, sin consultar previamente, tal como lo prevé el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas.
“Es mentira que este gobierno tiene inclusión con los pueblos originarios, es mentira, no nos respeta ningún derecho”, una frase de Angélica Rueda, miembro de la comunidad Lules. La situación es indignante tal como la definen quienes se ven perjudicados, a ellos les ponen innumerables trabas en sus propios territorios, mientras que la empresa consiguió permisos provisorios. Pese a eso la comunidad Lules aclaró que La Ciénega S.R.L. eludió la Consulta Libre Previa e Informada que corresponde a los territorios indígenas, y solicitaron permisos que son usuales en tierras fiscales donde hay escasa o nula población civil, lo cual no corresponde porque se contrapone con los derechos del Pueblo Lules sobre su territorio.
Para los countries sí
El Pueblo Lules exige un derecho constitucional: el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Con el presunto negocio inmobiliario, la instalación de barrios privados, que la empresa La Cienaga S.R.L. pretende llevar a cabo, no sólo dejarán sin agua a miembros de la Comunidad Lules, sino que también cortarán un camino de acceso de ocho familias quienes estarán incomunicadas mientras dure la obra.
David Torres, Consejero de Participación Indígena del Pueblo Lule ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas definió a esta situación como una “batalla anticipada de una guerra del futuro por el agua”: “Como Pueblo Originario denunciamos ante la justicia y ante la opinión pública que los derechos del Pueblo Lules y de los 14 Pueblos Originarios de la Provincia de Salta, son sistemáticamente violados por La Ciénaga S.R.L., quien deja sin agua a familias pertenecientes a la Comunidad Indígena Lules de Finca Las Costas, sin considerar la legislación Indígena que los asiste como titulares de derechos. Denunciamos penalmente a La Ciénaga S.R.L. y a las áreas de la administración pública del Estado Provincial quienes autorizaron las obras sin los procedimientos de Consulta Libre Previa e Informada que debe aplicarse cuando se trata de recursos que se encuentran dentro de los territorios comunitarios de los Pueblos Indígenas como ordena la Ley Nacional 24.071 ratificación del Convenio 169 de la OIT, e indefectiblemente cuando han sido relevados por el INAI órgano de aplicación de la Ley 26.160 y su prorroga 26.894”.
Torres se refirió además a todas las irregularidades precedentes como la falta de estudios de impacto ambiental y social, ya que no se tratan de tierras ocupadas por miembros de la sociedad civil, sino que es reconocido por el Estado Nacional a través de la Ley 26.894 como territorio indígena, reconociendo la personería jurídica: “se suman las irregularidades como atravesar espacios territoriales no autorizados por la Secretaria de Recursos Hídricos; 1.500 metros de territorio indígena, donde se hizo un tendido de caños definitivos. Es necesario que se sepa que Recursos Hídricos solo aprobó un anteproyecto para ver la utilidad que podía tener la captación. Sin embargo se realizan obras definitivas como si se tratara de un proyecto aprobado”, dijo el consejero.
Atentado contra el Medio Ambiente
El pueblo Lules además denuncia la tala indiscriminada de 1.500 metros de bosque nativo, el corte de un camino vecinal hecho por la comunidad a pala y pico hace más de 100 años que si se corta aislara a más de 8 familias.
“La justicia hace lugar a una solicitud que se transformara en poco tiempo en un consorcio que cobrara el servicio de agua a una futura urbanización que dicen será de 10.000 personas en sus dominios privados, que todavía no existen domiciliados, y ni siquiera tienen una parcela comprada solo existe el pedido de terratenientes que buscan hacer un negocio inmobiliario en el futuro”, manifestó David Torres.
Irónicamente se les niega el derecho al agua a las 260 familias que viven ancestralmente en equilibrio con el arroyo Potrero Grande en su fauna y su flora, en el territorio que les pertenece.
