Todos los bloques se unieron en Diputados para aprobar un proyecto que acota el efecto de la resolución de la Corte que benefició a los represores. Sólo hubo un voto en contra.
El Congreso abrió ayer una puerta para que la Corte Suprema revea la doctrina que otorga el beneficio del «dos por uno» a los represores de la última dictadura. Tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados aprobó por 211 votos a favor y sólo uno en contra un proyecto que impide aplicar esa ley a los represores de la última dictadura.
La iniciativa quedó a un paso de convertirse en ley: el Senado lo tratará hoy, en una sesión citada para las 10. Será un mensaje contundente, antes de la marcha en la Plaza de Mayo.
El proyecto tiene sólo tres artículos. El primero establece que el «dos por uno», previsto en el artículo 7° de la ley 24.390, «no es aplicable a delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra». El segundo, que ese artículo «será aplicable sólo a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado en prisión preventiva durante la vigencia de la ley», entre 1994 y 2001. El tercero, un mensaje directo a la Corte, dice que lo dispuesto en los dos artículos anteriores es «la interpretación auténtica» del «dos por uno» y que «será aplicable a las causas en trámite».
Aunque en el recinto fue presentada como la herramienta que obligará a la Corte a modificar su postura, diputados del oficialismo y de la oposición reconocían fuera de micrófono que dependerá de la interpretación que haga el propio tribunal. «El proyecto es un puente de plata para que la Corte salga de este embrollo», explicaron en la bancada oficialista.
El acuerdo, sellado antes de la sesión en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, se produjo ante el rechazo creciente que generó la sentencia en el caso Muiña. El texto unificado tuvo aportes de los autores de las ocho propuestas presentadas desde anteayer, cinco de la oposición y tres del oficialismo. A último momento se agregó una mención a la ley 27.156, sancionada en 2015, que prohibió el indulto, la amnistía y la conmutación de penas para los delitos de lesa humanidad.
«El nombre de esta ley es justicia. Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que en la marcha podamos decir que esta Cámara dijo no a los genocidas. Desde el Congreso, les decimos: «Señores jueces ¡Nunca más!»», dijo, emocionada, Victoria Donda (Libres del Sur).
Fue tras señalar que había nacido en «la misma mesa» que Juan Cabandié (FPV), en la maternidad clandestina de la ESMA, y después de pedir un minuto de aplauso para la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y para integrantes de Madres de Plaza de Mayo, presentes en el recinto, con sus pañuelos blancos y carteles que decían: «No al dos por uno de genocidas».
Pese al acuerdo sobre la ley, la sesión tuvo momentos ásperos. En especial, tras la intervención de Elisa Carrió. «No hay que prestarse a provocaciones. Tenemos que dar una señal política contundente», la frenó Remo Carlotto. Otro eje de disputa fue la mirada sobre los jueces que firmaron el fallo de la mayoría, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton. La bancada de Pro fue la única que evitó cuestionarlos. «El fallo de la Corte se ajusta a derecho. No tuvo más remedio que aplicar la ley. Pero el resultado no nos satisface», manifestó Pablo Tonelli.
En el otro extremo, el FPV y el Frente de Izquierda presentaron pedidos de juicio político de los magistrados. «El Gobierno es el instigador de este fallo», dijo Cabandié, tras enumerar una serie de episodios en los que el Gobierno se apartó de la política de derechos humanos del kirchnerismo. Recordó, entre otras cosas, que Mauricio Macri había dicho que no sabía cuál era el número de desaparecidos.
Desde el Frente Renovador y el Bloque Justicialista también apuntaron al Presidente, por no haberse pronunciado sobre el caso. «No es buena señal el silencio de la máxima autoridad política argentina», sostuvo Pablo Kosiner. Sergio Massa habló fuera del recinto: «El silencio de Macri aturde», dijo.
Sobre el final del debate, Ricardo Alfonsín expuso con crudeza las diferencias en el oficialismo. «¿Qué necesidad de discutir como pretendiendo relativizar lo ocurrido el número de 30.000 desaparecidos? ¿Cómo no voy a decir nada?», dijo, en un discurso aplaudido desde todos los rincones del recinto.
Fuente: La Nación
