Los desmontes van a continuar, no importa lo que hagan los ambientalistas. Al menos eso puede pensarse luego de las declaraciones del secretario de Ambiente, quien justificó el cambio sospechoso de categorización de tierras, de amarillo a verde para desmontar en algunas zonas.
Hace un par de semanas la gente de Greenpeace se dirigió al secretario de Ambiente de Salta, Gustavo Paul, mediante una carta para que interceda ante la futura deforestación de alrededor de 7000 hectáreas en una finca que será destinada a la cría de ganado .
Al parecer esta iniciática no prosperó, entonces, intentaron dirigirse al gobernador de la misma manera , pero esta vez para dar cuenta del nivel de voracidad con la que se ha procedido a desmontar en estas últimas gestiones gubernamentales. Y al mismo tiempo comenzar a generar algo de conciencia turística en estas épocas que La Linda se llena de personas que visitan sus paisajes paradisíacos sin enterarse que hay otros paisajes que están siendo devorados por las máquinas.
Una de las críticas de los ambientalistas refiere al ordenamiento territorial aprobado por los legisladores salteños un par de años atrás, el cual permite el cambio de recategorización de tierras. Las categorías, a manera de un semáforo de la destrucción, se explicitan en colores: rojo y amarillo (no se desmontan), mientras que la categoría verde da paso libre para el desmonte. Esto fue lo que sucedió en varios lugares sin que los vecinos de estas zonas tuvieran acceso previo a la información del impacto ambiental para así poder refutar algo en las audiencias públicas en las que se informaba de las decisiones del gobierno.
Un ejemplo de esto es el que criticó De Paul, cuando gente de Greenpeace ingresó en un predio que contaba con autorización de desmonte en Aguaray, ante lo cual funcionario mencionó que el análisis de la recategorización solicitada por Ambiente fue pedida en 2010 y finalizada a principios de 2012 en un proceso en el cual, aseguró, “no hubo objeciones, ni siquiera de Greenpeace”. Siendo de público conocimiento que la información de la audiencia pública no estuvo disponible para el pueblo en general, por lo cual miembros de la Asociación Lakha Honat y la Organización de Familias Criollas (OFC) habían solicitado la suspensión de la audiencia convocada.
