La lucha contra las adicciones que dependía del Ministerio de Salud, vuelve a depender de DDHH. Gustavo Farquharson, quien renunciara a la secretaría hace cinco años denunciando que el problema no era de salud sino social, afirma que la marcha atrás llega tarde y evidencia el fracaso “U” en la materia. (D.A.)
La medida anunciada viene a subsanar un grave error político. Ocurrió en el año 2009 cuando la Secretaría de Lucha contra las Adicciones, dependiente entonces del ministerio de Desarrollo Humano, pasó a la órbita del Ministerio de Salud. La medida provocó la renuncia de quien por entonces era secretario del área, Gustavo Farqhuarson, que se fue advirtiendo sobre el error conceptual de abordar a las adicciones como un estricto problema de salud, cuando sus causas son profundamente sociales. “Constituye un error conceptual: querer atacar las consecuencias del problema y no la raíz de fondo que tiene que ver con problemáticas sociales” (Nuevo Diario, 17/11,09). Se refería, aquella vez, al decreto 4918/09 que transfería la Secretaría de Lucha contra las Adicciones desde el Ministerio de Desarrollo Humano al Ministerio de Salud Pública. Los cortocircuitos entre Farqhuarson y Urtubey habían empezado antes y tenían un motivo no menos importante: el desequilibrio existente entre el presupuesto que la Secretaría precisaba para funcionar y lo que efectivamente el gobierno destinaba para ello.
Ahora que se conoció la decisión de dar marcha atrás, Cuarto Poder se comunicó con el ex secretario de Lucha contra las Adicciones, quien se refirió al caso: “Que la lucha contra las adicciones vuelva al ámbito de DDHH es un reconocimiento del fracaso de las políticas públicas del gobierno que se han llevado adelante en los últimos 4 años. Las adicciones son una problemática social que debe ser abordada desde una perspectiva integral. Requiere trabajar en los aspectos de vulnerabilidad social que permitieron y generaron el consumo de drogas”. Farqhuarson tampoco se olvidó de la otra variable que él también padeció y por ello abogó a que “además de este cambio, es sumamente necesario que a la Secretaria se le asigne un presupuesto acorde a tremenda problemática (actualmente es del 0,02%) y también la voluntad política de todos los funcionarios para construir un futuro mejor para todos los jóvenes de esta provincia”.
Como hace poco se supo, el tema presupuestario es crucial en esa secretaría. En marzo de este año, se conoció un informe de la Sindicatura General de la Provincia que había sido redactado en agosto del año pasado. El mismo era lapidario con el organismo que dirige Claudia Román Ru. Entre otras cosas porque decía que “…no ejerce plenamente las competencias que le fueran asignadas (…) destacándose en este sentido: la ausencia de disposiciones destinadas a definir y coordinar las actividades de los efectores públicos con esa problemática; la inexistencia de acciones de regulación y control sobre las actividades de terceros en el área de competencia y la carencia de información completa y organizada sobre la problemática (…) que permita el diagnóstico de la situación y evaluar el impacto de las medidas adoptadas”.
En lo referido a lo presupuestario, el mismo informe indicaba que en el año 2012, por ejemplo, la Secretaría terminó recibiendo $10.216.984 del Grand Bourg. La cifra representaba el 0,1% del presupuesto de aquel año que fue de $9.697.699.160. El porcentaje habla a las claras de la poca importancia que el gobierno de la provincia otorga al problema de las adicciones, más aún si se tiene en cuenta que de ese poco más de 10 millones debía salir el dinero destinado al pago de personal, alquiler de oficinas públicas y gastos de funcionamiento que incluyen centros de tratamientos para adictos como “Puente Norte” en Tartagal; “Puente” Capital; “Tincunaku” en Orán; “CEPRIS” de Capital; y el anuncio del mismo Sylvester que habló de que se planifica abrir dos centros más.
Problema en serio
Nadie duda de la titánica tarea que una secretaría como la de adicciones tiene por delante. Para confirmarlo alcanza con reseñar pocos datos: Salta limita con un país que además de producir coca, posee una kilométrica frontera con déficits estructurales de control; tenemos una tasa de población infanto – juvenil que el censo 2010 ubicó en 41,79% (507.553 sobre un total de 1.214.441) personas que poseen entre 0 y 19 años que representa un porcentaje superior a la media nacional ubicada en el 37%; encabezamos el listado de desempleo a nivel nacional, desempleo que siempre golpea más en los sectores juveniles. Según los propios datos oficiales, aunque sin actualizar, la situación de vulnerabilidad de esa juventud es alarmante.
En un informe de Gonzalo Teruel en este medio, los datos recabados eran alarmantes. Los mismos provenían del Plan Provincial de Salud Mental Quinquenio 2010-2015 elaborado oportunamente por el Ministerio de Salud Pública. En el 2008 hubo en Salta 168 suicidios, número fatal teniendo en cuenta que hubo un total de 480 muertes por distintos “traumatismos” y “violencias”. Un año antes, en 2007, las estadísticas mostraron 131 suicidios. ¿Por qué casi 300 personas, en su mayoría jóvenes, decidieron terminar su vida? El Plan de Salud Mental pareció arriesgar una explicación al desarrollar a continuación de la temática de los suicidios, un capítulo -página 32 en adelante- destinado a las adicciones.
Allí, el Plan Quinquenal menciona un estudio a nivel país donde se revela que “las consultas asociadas al consumo de alguna sustancia son realizadas en mayor medida por varones, por jóvenes de entre 16 y 25 años, por pacientes con bajo nivel educativo formal y por personas solteras y económicamente activas”. El dato global es que de un total de 12.004 consultas de emergencia registradas en hospitales públicos de todo el país, el 9,4% estuvo relacionado con el consumo de alguna sustancia psicoactiva. Salta se ubicaba muy por arriba de la media nacional.
El porcentaje de consultas asociadas al consumo de estupefacientes en Salta había sido del 33,5% cuando el promedio nacional es inferior al 10%. “El consumo de hipnóticos, ansiolíticos, sedantes y tranquilizantes produjo el mayor porcentaje de ingresos a la sala de emergencia en estado de inconsciencia (27,8% y 10,6%) seguido del consumo de cocaína en un 9,9%. Los mayores porcentajes de ingresos en estado de conmoción cerebral fueron causados por hipnóticos 11,1% y por los solventes o inhalables 11,1%, antidepresivos 10,5% y ansiolíticos, sedantes y tranquilizantes 9,8%”, detallan las estadísticas oficiales.
“La sustancia que tiene mayor prevalencia en las últimas 6 horas anteriores al ingreso a la guardia es el alcohol, con un 76,2%. Esta cifra indica una vez más, la importancia de esta sustancia en los patrones de consumo de la población (…) Los ansiolíticos, sedantes y tranquilizantes tienen una presencia del 11,5%, la marihuana del 10,1%, la cocaína del 5,6% y los solventes e inhalables del 2,1%”, agregaban.
Los últimos datos previos a la puesta en vigencia del Plan Quinquenal corresponden a 2009 y advierten que si bien se registra un inicio del consumo en niños de 12 años o menos, la franja que concentra el mayor número de casos de iniciación es la de 14 y 15 años. El mismo relevamiento ratifica que las sustancias de iniciación son el alcohol, seguido por la marihuana y la pasta base, quedando muy lejos los inhalantes y la cocaína.
El mencionado informe de Gonzalo Teruel finalizaba así: “Promediando el Plan Provincial de Salud Mental 2010-2015, las estadísticas en las problemáticas de adicciones y suicidios han sido discontinuadas y sólo es posible acceder a datos parciales e inconexos en la Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones que conduce Claudia Román Ru (…) Aquellos chicos que en 2007, 2008 y 2009, con 12, 13, 14 o 15 años iniciaron un consumo irresponsable de sustancias psicoactivas son -en su mayoría- los jóvenes que hoy no pueden integrarse al mundo del estudio y el trabajo y a la vida en sociedad y que ayudan a entender la creciente violencia que azota a la provincia. No son la ‘Generación X’, son en todo caso la ‘Generación U’”.
