El chaco salteño es uno de los sectores más desforestados en el mundo. En esta zona de la provincia no se cumplen con la Ley nacional de Bosques 26.331 la cual regula la protección y el manejo de los bosques nativos. Este espacio natural es territorio de disputa entre los habitantes del lugar y los agro bussines que buscan apropiarse de los territorios para el cultivo de soja que genera gran rentabilidad económica, donde los gobernantes son favorables a aquellos que dejen mejores ganancias. (Guadalupe Macedo)
En el chaco salteño, “Hay 10 millones de hectáreas de bosques en riesgo por el avance de la ganadería industrial. La actual crisis climática y la pérdida de biodiversidad exige un freno urgente de la deforestación.” explicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Andino. Según el Ministerio de ambiente de la Nación señala que la deforestación producida por la ganadería fue de más de 100.000 hectáreas, más del doble que la provocada por la agricultura en el año 2014. Este espacio es después del Amazonas la región boscosa más extensa del mundo. Salta junto con Santiago del Estero son las provincias que más explotan esta zona.
En este territorio hay puja de intereses, están los que quieren explotar los recursos del lugar y lo hacen sin escrúpulos, provocando contaminación, pérdida de biodiversidad, inundaciones. A cambio de una ganancia millonaria para sus bolsillos que es ajena de la comunidad lugareña. Desde el año 2004 se agudizó el conflicto cuando el gobernador Juan Carlos Romero solicitó al presidente de la Cámara de Senadores, Walter Wayar, la consideración del proyecto de ley que autorice al poder ejecutivo provincial la venta de los lotes 32 y 33 (expediente 90-15 400/03), los cuales eran una reserva ambiental provincial declarada en el año 1995 por el saliente gobierno de Roberto Ulloa.
Estas tierras estaban destinadas por el gobierno provincial a ser vendidas para que sean explotada por agro- bussines destinadas al cultivo de soja. Esta decisión fue tomada ya que en primera instancia se desconocía el carácter de reserva ambiental que tenían los lotes, por lo que recusaban que dentro del territorio existían familias campesinas y wichis que viven de la tierra. Luego de un largo proceso de lucha las familias y la comunidad originaria logró en el año 2010 la entrega de 800 hectáreas para la comunidad indígena y para el desarrollo conjunto de acciones de conservación y desarrollo sustentable creando la reserva Nacional General Pizarro. Se logró que estos terrenos sean protegidos pero el resto del territorio del Chaco Salteño, siguen siendo explotados afectando a las comunidades que habitan en el lugar.
La región del Chaco presenta diversidad étnica y cultural, ya que son muchas las comunidades indígenas que se encuentran habitando este territorio, como las comunidades: Wichí, Guaraní, Chané, Qom Toba, Iyojwa’ja Chorote, Tapu’i Tapieté, y familias Kollas y campesinas. Habitan hace más de 300 años y siguen desarrollando su modo tradicional de subsistencia, tales como la agricultura familiar, recolección de miel, caza y pesca, utilizando todos los recursos disponibles de los bosques nativos ya que poseen una especial adaptación cultural al ecosistema chaqueño, definiendo su modo vida. “La evaluación de las consecuencias sociales de la tala y el desmonte es un elemento crítico. Los estudios disponibles son escasos y fragmentarios. Análisis preliminares basados en información censal muestran que el desmonte y la expansión agrícola en la región chaqueña no tuvieron ningún impacto sobre la proporción de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)” Comenta un informe realizado por el INTA y CONICET en el año 2009.
Las comunidades son las más perjudicada con los negocios que realizan los políticos de turnos con los terrenos fiscales ya que permiten la desforestación desmedida del territorio permitiendo la perdida de flora y fauna. Esto se lleva a cabo porque no toman medidas sobre las legislaciones vigentes de cuidado ambiental como es la ley nacional de Bosques 26.331: “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo)”, a cambio de que las grandes empresas trabajen y compren tierras fiscales.
Actualmente la empresa Carnes Pampeanas/ Cresud quien se dedica a la ganadería solicito un permiso para deforestar 7.559 hectáreas para ganadería en su finca Los Pozos. Y a través del Boletin Oficial de Salta N° 20528 del 24 de junio de 2019 se llamó a una audiencia Pública para la autorización para Cambio de Uso de Suelo en 7.559 hectáreas en su finca Los Pozos. Otro de las grandes empresas que provocan daño al ambiente es el Frigorífico Bermejo que está ubicado en la región chaqueña, en la provincia de Salta. Su empresa matriz es Inversora Juramento S.A., la mayor compañía de agronegocios del noroeste de Argentina.
Según Greenpeace “desde el 2015 el gobierno argentino está promoviendo para la región chaqueña el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), un modelo similar al silvopastoril (que viene generando deforestación desde hace dos décadas). El MBGI permite el desarbustado para sembrar pasturas exóticas y el desmonte del 10% de la finca para forraje, lo que viola el artículo 14 de la Ley Nacional de Bosques 26.331”.
Los intereses económicos de los políticos a lo largo de la historia se sirvieron de los recursos naturales para aumentar sus bolsillos, pero esta avaricia genera grandes pérdidas a la sociedad. La venta y el permiso para explotar un territorio desmedidamente forjan peligros a la sociedad a través de las inundaciones o la baja de la calidad de vida por la pérdida de biodiversidad. Además los pueblos originarios que se sirven de las tierras perdieron el 21% de la superficie que utilizaban para vivir en el 64% de las comunidades analizadas según el Servicio de Prensa y Divulgación Científica y Tecnológica (SLT – FAUBA).
