Cada vez que el aparato represivo estatal muestra sus miserias, el discurso mediático hegemónico también lo hace. Los recientes casos de gatillo fácil y abuso policial en Salta hacen resurgir la pregunta: ¿Es realmente la policía una fuerza dedicada al resguardo y la seguridad de la sociedad en su conjunto? Alerta spoiler: No. (Nicolás Bignanate)

 

Durante los primeros años de los EEUU, cada capitalista tenía bajo su responsabilidad la salvaguarda de sus tierras y sus ganancias; es así que el servicio de policía -palabra que no se usó sino hasta entrado el s. XIX-, corría por cuenta de cada uno de los terratenientes que consideraba que sus bienes y privilegios corrían peligro. A comienzos de los 1800’s, los comerciantes tuvieron la idea de ahorrar esos costos transfiriendo el valor del servicio a la ciudadanía bajo el argumento de que los beneficios serían colectivos. Para esto no hizo falta mucho más que socializar el miedo, para luego socializar los gastos. Tal y como se hace cada vez que se necesita legitimar -aún más- el monopolio de la violencia estatal.

Aunque el origen de la policía puede remitirse a hechos y procesos anteriores, el episodio descripto resume el propósito central de los departamentos de policía que existieron desde entonces a la actualidad: El funcionamiento pacífico del sistema de producción capitalista y la protección de la propiedad privada.

Los hechos cotidianos que ponen sobre la mesa de discusión el accionar policial, muchas veces interpretado en forma de hechos inconexos, ponen de manifiesto el condicionante de clase sostenido hasta estos días por los representantes de la institución. Basta con observar la reacción y el despliegue de la inteligencia estatal cada vez que los involucrados son actores de la clase política y compararlo con la respuesta que obtienen aquellos que no tienen nada más que cuidar que sus propias vidas.

 

Cristian Ezequiel Gallardo

 

Cristian tenía 23 años y había llegado desde Embarcación para pasar unos días con su familia y sus dos pequeños hijos: Maxi y Mateo de 2 y 6 años. Ese domingo habían ido a la cancha y más tarde a bailar con amigos. En la madrugada del lunes, mientras se encontraba bebiendo con otro joven afuera de una vivienda de Finca Castañares, una patrulla policial integrada por el oficial Ricardo Llaves y los sub-oficiales Jorge Olea, Ricardo López y Lucas Osuna, intentaron detenerlo por un presunto robo. Sus intentos por escapar lo llevaron a ingresar a una vivienda donde residía una mujer que conocía, mientras que su compañero logró saltar una tapia y ponerse a salvo. Esto, sin embargo, no fue impedimento para que los agentes de la violencia estatal irrumpieran en el domicilio violando derechos y normas procedimentales básicas. Los intentos de Cristian por resistir aferrándose a una heladera fueron vanos ante la brutalidad de los cinco hombres que arrastraron su cuerpo hasta el móvil policial.

El resto de la historia en sencillamente siniestra. Unas seis horas después su familia recibe la noticia de que Cristian había fallecido en el trayecto hacia la comisaría 10 de B° Santa Cecilia. Primero aludieron que se había atragantado con hojas de coca y que intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP, tiempo después argumentaron que la causa de muerte habían sido convulsiones, algo que Cristian no había experimentado jamás en su vida. Finalmente, y ante las evidencias que la brutalidad policial había dejado en su cuerpo, adujeron que se había golpeado la cabeza durante el operativo.

Aunque del informe preliminar de la autopsia no surgen las causas fehacientes del deceso, el material fílmico registrado por una vecina de la zona sudeste deja en claro la confabulación de los uniformados para ocultar el asesinato. Los gritos y alaridos que salen del vehículo policial evidencian el salvajismo al que fue sometido Cristian minutos antes de morir.

Como en cada caso en que el aparato represivo del estado provincial muestra sus miserias, el periodismo local también lo hace. No faltaron quienes optaron por enfocarse en los supuestos «antecedentes» de Gallardo, en una intentona burda por empujar a la opinión pública al falso dilema de «buenos o delincuentes». Pocos subrayaron, en cambio, los probados antecedentes de dos de los verdugos de Cristian por violencia y amenazas agravadas.

 

David Alfonso Neri

 

Días atrás en Barrio Floresta, unas seis semanas para ser exactos, David Alfonso Neri de 44 años fallecía durante un desalojo ilegal protagonizado por policías que no respondían a ninguna orden judicial en particular. Una serie de denuncias cruzadas por ventas irregulares de terrenos en inmediaciones de los cerros de la zona este, desencadenaron un enfrentamiento entre vecinos que al día de hoy persiste. La parcela de tierra en disputa, se encontraba ocupada por una mujer y sus cinco hijos que, al igual que otras familias de la barriada, optaron por afrontar la crisis habitacional asentándose en terrenos deshabitados exponiéndose a vulnerabilidades de todo tipo. Según adujeron los vecinos, el terreno había sido comprado por un efectivo policial que al encontrarlo ocupado decidió desalojar por su cuenta a la mujer y a sus cinco hijos acompañado de otros once colegas. Cuando Neri decide intervenir para frenar el desalojo, es tomado por el cuello por un policía hasta quedar inconsciente. Las maniobras de ahorcamiento a las que fue sometido se extendieron por 8 minutos, por lo que luego de una larga espera por la llegada de una ambulancia, Neri pierde la vida en el lugar.

Una vez más, los informes preliminares recurrieron al término «descompensación» para eludir la responsabilidad de los uniformados en el crimen, omitiendo las maniobras violentas que se aplicaron sobre el cuerpo de Neri; quien, por cierto, no había comprometido la seguridad de ningún efectivo. Por el hecho están imputados tres agentes de la división de infantería por homicidio culposo. El hecho se dio un día después del caso de Martín Rodrigo Carreras, quien encontró la muerte en la caja de una camioneta policial mientras era trasladado a una dependencia cercana a Barrio El Rosedal. El hombre se encontraba alcoholizado y fue denunciado por su expareja, lo que motivó la intervención de los uniformados que luego fue caratulada por la fiscal del caso como «imprudente y antirreglamentaria». La autopsia reveló mas tarde que Carreras falleció por «asfixia restrictiva por delirio agitado».

 

Jorge «Gury» Farfán

Casi como un presagio de los casos que vendrían más adelante, la muerte de Jorge «Guri» Farfán en febrero de este año en la comisaría N°12 de B° Santa Ana, puso sobre el tapete -aún más- el encubrimiento siniestro de los crímenes de estado perpetrados por la policía. «Gury» no necesitaba robar. Sus padres le habían dado $8000 el día en que fue asesinado. Sin embargo, esto no fue impedimento para que los azules involucrados en el hecho usaran como coartada la acusación de un grupo de jóvenes que lo golpearon hasta morir. A «Gury» no sólo no se le incautó ningún bien sustraído, sino que además sus pertenencias fueron robadas.

En un primer momento, desde la jefatura de policía hicieron circular la versión de que «Gury» era un delincuente que falleció por un «shock» derivado del consumo de sustancias. La autopsia develó que el joven murió por traumatismo de cráneo, traumatismo cerrado de tórax y traumatismo cerrado de abdomen; algo que ninguna droga hubiera podido ocasionar por sí sola.

La no intervención -como mínimo- ante la brutalidad que se desarrollaba frente a los ojos de la ley, resultó mortal.

Sabido es, para quienes están en contacto con el accionar policial diario, que son frecuentes los casos en los que los uniformados habilitan a las presuntas víctimas a linchar a supuestos delincuentes, ante la imposibilidad de hacerlo ellos mismos. Es la forma que el aparato represivo estatal encuentra para cobrarse todos aquellos palazos que hubiera querido dar y no pudo. Por acción u omisión, el estado mata y las víctimas son siempre del mismo lado.

En un país en el que las fuerzas armadas y de seguridad se llevan la vida de una persona cada 21 horas, según datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), los discursos de odio de clase florecen entre titulares que destacan la «cuestionable» vida de las víctimas, siempre según los parámetros de la gente bien. Otros optan por poner el caso a consideración de sus lectores bajo consignas como: ¿Qué te parece el accionar de la policía?», como si hubiera mucho por dudar. En cualquier caso, la contribución innegable de los apologetas del odio no es otra que estimular hasta el cansancio la glándula fascista del sentido común colonizado. La imperiosa necesidad de tomar partido en el vértigo de las redes sociales, por su parte, empuja a las nuevas audiencias a debatir sobre antagonismos artificiales. Miles de internautas empantanados en la dialéctica de policías vs. delincuentes conforman las corrientes de opinión que más tarde rebotarán en otros ámbitos. Frente al discurso hegemónico y del poder, no queda más que construir debates y sentidos consensuados que exhiban sus inconsistencias.

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