La justicia tucumana se niega a conceder la libertad a una mujer que fue condenada por un aborto espontáneo a 8 años de cárcel. El hecho ya generó un repudio generalizado en el país y en el mundo. (Garrik)

El caso de la joven tucumana que esta privada de su libertad por un aborto espontaneo generó tanto asombro e indignación que hasta medios internacionales se hicieron eco de tamaña injusticia. El jueves pasado, legisladores nacionales repudiaron en el Congreso de la nación su detención, ya que la justicia tucumana se niega a excarcelar a la joven. La sentencia será apelada ante la Cámara Nacional de Casación Penal para que revea la condena.

Para los que nos recuerdan el caso, se trata de una mujer de 27 años que sufrió un aborto en un hospital de San Miguel de Tucumán, y esta privada de su libertad desde hace dos años, imputada en principio por un aborto seguido de homicidio, una figura penal inexistente, y luego condenada el mes pasado por la Sala III de la Cámara Penal por “homicidio doblemente agravado y por alevosía” a 8 años de prisión, en un proceso judicial en el que se vulneraron sus derechos desde el comienzo, cuando fue denunciada mientras estaba internada, violándose el secreto profesional que ampara la consulta médica.

La joven, llamada Belén, está privada de su libertad desde el 21 de marzo de 2014, cuando fue a la guardia del Hospital Avellaneda con fuertes dolores abdominales. Según se supo, esa madrugada la derivaron al Servicio de Ginecología ante la sospecha de que podría estar teniendo un aborto. Desde ese momento, la joven empezó a sentirse maltratada, a recibir “miradas feas y acusaciones sobre qué se había hecho”, a escuchar que hacían llamadas a la guardia policial. El médico José Daniel Martín, que la atendió, le informó que estaba teniendo un aborto espontáneo. Belén afirma –y lo repitió en cada una de sus declaraciones– que no sabía que estaba embarazada. Fue condenada el 19 de abril de este año.

En el expediente figura que la jefa de Parteras acudió por indicación del médico Martín, con la Guardia Policial del Avellaneda a los baños del hospital “a la búsqueda del producto que habría expulsado” Belén. En un baño –existen contradicciones acerca de en cuál de ellos, ya que hay varios–, encuentran un feto y automáticamente es nombrado por médicos, médicas, policías y operadores judiciales como “hijo” de Belén, sin que se haya realizado ningún estudio de ADN que corrobore el vínculo, hasta el día de hoy.

La muerte o la cárcel

En este medio ya explicamos que los médicos tienen el deber y la obligación de respetar el secreto profesional y no lo pueden violar porque estarían vulnerando el derecho a la intimidad y confidencialidad entre paciente y profesional. Es verdad que ellos tienen la obligación, por otro lado, de denunciar hechos delictivos que lleguen a su conocimiento, pero siempre que se intente evitar un mal mayor. Es que de no ser así, es decir, si una persona que a causa de un hecho delictivo que cometió, sufre una lesión que pone en riesgo su vida, se la pondría en la disyuntiva de elegir entre la muerte o la cárcel.

La Corte Suprema de Justicia de la nación, dijo al respecto que: “el principio republicano de gobierno impide que el Estado persiga delitos valiéndose de medios inmorales, como sería aprovecharse del inminente peligro de muerte que pesa sobre el procesado que acude a la atención médica, mediante la imposición de un deber al médico que lo convierta en un agente de la persecución penal del Estado”.

Y si bien el médico no debe ser un erudito en jurisprudencia jurídica, si le debe incumbir los antecedentes que en doctrina judicial existe respecto a su profesión, tanto por el bien de los eventuales pacientes como por quien ejerce la profesión.

De eso no se habla

En nuestro país cada vez que se presenta un proyecto de ley para legalizar la práctica del aborto termina sin poder ser discutido en las Cámaras del Congreso y se silencia la discusión sobre la enorme cantidad de abortos clandestinos que se realizan por año en nuestro pais.

Recordemos que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Argentina está entre los países con mayor tasa de abortos por cantidad de nacimientos. Las últimas cifras oficiales, que datan de 2005, señalan que por cada 770.000 nacimientos anuales hubo 500.000 abortos, una cantidad que según el Ministerio de Salud argentino se habría reducido desde entonces. En tanto, 60.000 mujeres son hospitalizadas cada año como consecuencia de interrupciones mal realizadas.

Expertos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina (OSSyR) dijeron que los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna en el país. El 25% de la mortalidad materna es atribuida a esta causa, una cifra muy superior al promedio regional, del 11%. Los únicos otros dos países de la región donde los abortos son la principal causa de muerte materna son Jamaica y Trinidad y Tobago. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en estas naciones, el problema en nuestro país no puede atribuirse a falta de recursos.

De hecho, Argentina gasta más en salud por habitante que algunos de sus vecinos, como Chile y Uruguay, a pesar de lo cual estos dos países tienen menos de la mitad de los índices de mortalidad materna que la nación más grande. Mientras que Argentina registró en 2008 cuatro muertes cada 10.000 niños nacidos, en Chile la cifra fue de 1,8 fallecimientos y en Uruguay de 0,9.

También la cantidad de mortalidad materna atribuida al aborto es mucho menor: 4% del total en el país transandino (según datos de 2003) y 0% en Uruguay (en 2008, cuando se registraron sólo cuatro casos de muerte materna, ninguno por aborto).

Según especialistas, esto se explica porque en Argentina faltan políticas públicas sobre este tema. Uno de los principales problemas es la falta de una política de prevención. En muchos lugares no se enseña educación sexual y no hay acceso a anticonceptivos, sobre todo teniendo en cuenta que evitar los embarazos no deseados sería la mejor forma de evitar la muerte de mujeres por abortos mal hechos.

Por lo tanto, y más allá de la opinión personal que cada ciudadano al respecto del aborto tenga, es necesario que parlamentariamente nos debamos un debate para encarar este flagelo que tanto daño causa en nuestras sociedades  y no seguir escondiéndolo debajo de la alfombra, ya que sacándolo a la luz tal vez podremos hacer algo al respecto.