Un inspector municipal denunció que cientos de delegados gremiales no trabajan y cobran sueldos a contrapelo de lo que establece la ley. La irregularidad supone más de 20 millones anuales para un municipio que sabe lo que ocurre y nada hace. (Daniel Avalos)
Muchos saben que el sindicalismo salteño y particularmente el municipal, se parece a un mosaico conformado por un número importante de medianos, pequeños y hasta insignificantes agrupamientos gremiales. Se conoce menos, en cambio, que esos agrupamientos reclutan cientos de delegados que en nombre de las históricas conquistas sindicales gozan de privilegios que desbordan lo permitido por leyes, resultan onerosas para el gobierno municipal y perjudican la existencia cotidiana e ingresos de los propios trabajadores.
Quien denunció la situación se llama Jorge Resina. Se trata de un Inspector de Personal de la municipalidad que entre el 20 de octubre de 2016 y el 6 de enero de 2017 informó de la irregularidad al Director de Personal Municipal, Sergio Raúl Vázquez (20/10/16), al por entonces presidente del Tribunal de Cuentas del municipio, Nicolás Demitrópulos (20/10/126), al presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Villada (12/12/16), y al secretario de Trabajo de la provincia, Ramiro Chávez (6/1/17). Todos están al tanto de la irregularidad aunque no parecen reclamar que se respeten las leyes para así poner fin al desaguisado que puede sintetizarse así: 157 empleados municipales no prestan servicios efectivos en el Estado aunque gozan de todos los beneficios en nombre de una tutela sindical que está garantizada por las leyes, aunque limitando el goce de beneficio a un número que en la ciudad de Salta se desbordó de manera evidente.
El denunciante
Jorge Resina es francamente un personaje extraño. Tiene una forma de expresarse de lo más tranquila. No grita, no amenaza, no maldice. Es dueño de una singular combinación entre protesta y resignación. Lo último no lo desliza a querer abandonar su solitaria lucha, aunque tampoco lo despoja de una resignada aceptación de la realidad en sus contornos generales a la que cree necesario introducir algunas correcciones y dejar constancia de su compromiso en ello. Por ello mismo, tal vez, adjuntó a la denuncia una planilla con la identidad de los ñoquis sindicales y el agrupamiento sindical al que pertenecen a la hora de remitir la anormalidad a las autoridades del municipio y la provincia.
Una lectura rápida de las notas remitidas evidencia que se preocupó por ir adquiriendo saberes que reforzaran su reclamo. Si en las dos primeras denuncias se contentaba con informar que los señalados no concurrían a prestar servicios, en las dos últimas ya especificaba que lo hacían en nombre de la licencia gremial prevista por el derecho aunque abiertamente violentada por los gremios que gozan del privilegios gracias a la anuencia o la impotencia del propio gobierno municipal.
La irregularidad fue admitida por el nuevo presidente del Tribunal de Cuentas Municipal -Sócrates Paputsakis- quien el pasado 16 de enero remitió al Subsecretario de Coordinación de Personal municipal un escrito en donde advierte que se encuentra al tanto de la denuncia y solicita que se verifique si las licencias impugnadas contradicen -o no- lo dispuesto por la Ley de Asociaciones Sindicales y el Convenio Colectivo de Trabajo Municipal.
Macondo
La lectura de esos documentos legales mencionados por Paputsakis confirma la irregularidad. No porque los mismos prohíban el derecho de los trabajadores con roles sindicales a conservar el empleo mientras ocupan cargos de representación en los gremios, sino más bien porque esas normativas regulan y limitan la forma de garantizar el derecho. En el caso de la Ley de Asociaciones Sindicales, su artículo 48 consagra la llamada “tutela sindical” y dictamina que aquellos que ocupen cargos electivos o representativos de gremios debidamente reconocidos tienen derecho a dejar de prestar servicios sin que esto amenace sus puestos de trabajo accediendo al beneficio de la licencia que, sin embargo, es sin goce de sueldo.
El Convenio Colectivo de Trabajo Municipal es más benigno al respecto. Se trata del documento diseñado por la administración de Miguel Isa junto a la Unión de Trabajadores Municipales de Salta y que fuera homologado por el Ministerio de Trabajo de la nación el 29 de octubre del año 2.014. Un cuerpo normativo de 13 capítulos y más de 120 artículos entre los que se encuentra el 113 que legisla sobre las licencias gremiales y establece lo siguiente: “cuando el agente fuera designado para desempeñar cargos de representación gremial en las Comisiones Directivas de las Asociaciones de Trabajadores (…) tendrán derecho a solicitar licencia lo cual será con goce íntegro de haberes, percibiendo los salarios y todo beneficio que haya venido percibiendo hasta el momento de su designación (…) el número de representantes sindicales será hasta un límite máximo de 5 (cinco) agentes por cada organización con personería gremial, a propuesta de las mismas…”
Ello supondría un total de 45 licencias para las nueve asociaciones actuantes en el ámbito municipal aunque hasta ahora -y sólo hasta ahora- las licencias identificadas llegan a 157 distribuidas de la siguiente manera: 39 para la Asociación de Empleados Municipales de Salta (ADEMUS); 25 al Sindicato de Trabajadores Municipales (S.T.M); 20 al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM); 9 al Sindicato de Personal Jerárquico y Profesionales (S.P.J.P); 28 a la Unión de Trabajadores Municipales de Salta (U.T.M.); 10 a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), otras 10 al Sindicato Municipal de Salta (S.M.S.); y 11 a la Asociación de Trabajadores Municipales (A.T.M.). Sólo la ignota Asociación de Obreros y Empleados Municipales Agremiados tiene el cupo permitido por la norma: cinco.
Los ventajeros
Admitámoslo, la enorme mayoría de los involucrados están lejos de protagonizar la irregularidad en nombre de una filosofía, de un proyecto social o económico como ocurre con los peces gordos en la historia del sindicalismo nacional y provincial. Los aquí mencionados son burócratas sindicales más rudimentarios. Bribones sin coartadas históricas cuyos objetivos son bien simples y mundanos: ser ñoquis encubiertos bajo el paraguas de la tutela sindical.
Ello explica la honda indignación que atraviesa a los empleados municipales: los beneficios que el entorno cercano al burócrata embuchan en sus insaciables picos supone una merma de los mismos beneficios para el trabajador de a pie. La acusación puede también documentarse con un detallado repaso de algunos recibos de sueldos fotocopiados que circularon por las reparticiones y llegaron a la redacción de Cuarto Poder originando la realización de este informe.
Todos los que gozan de licencia gremial cobran “presentismo” por montos que rondan entre los 1.300 y 1.500 pesos; no pocos de los que no trabajan perciben el pago de “horas extras”; la mayoría percibe también los ítems “riesgo de vida” (entre 900 y 1.100 pesos), “trabajo insalubre” (1.200 pesos) y algunos perciben el ítems “movilidad” que alcanza a quienes utilizando su vehículo particular para realizar gestiones propias del municipio, perciben por ello una cifra que asciende a $2.500.
A cada privilegio del burócrata, le sigue una queja del indignado trabajador: la pérdida del “presentismo” ante dos llegadas tarde; el escaso pago por las horas extras que ellos no pueden rechazar por la necesidad de un mayor ingreso aunque ello suponga menos tiempo para el descanso y la familia; el trabajo riesgoso e insalubre en oficinas que por fuera del Centro Cívico Municipal, poseen una estética decididamente soviética con expedientes amontonados en húmedos estantes y oficinas de paredes derruidas. De lo que pocos se quejan, es de la imposibilidad de acceder al ítem “movilidad”. Tiene lógica. Se trata de una variable que requiere la propiedad de un bien que muchos no poseen: un automóvil.
Que la abrumadora mayoría de sindicalistas que gozan de licencias perciban los llamados “adicionales” irrita aun más a los trabajadores municipales. Se trata de un monto de dinero adicional que el municipio paga a sus agentes cuando estos gozan de un raro privilegio: prestar servicios de entre 30 y 60 horas más de las normales durante el mes. Horas extendidas que le suponen un ingreso extra aun cuando cada hora trabajada bajo este régimen tenga un precio menor al de las llamadas horas extras. “Adicional” que es una bocanada de aire al sofocado bolsillo municipal aunque habiendo un cupo para cada repartición, los aspirantes al adicional deben esperar que el beneficiado muera, se jubile o sea trasladado a una repartición distinta.
Situaciones como la expuesta horada hasta el infinito la ya maltrecha legitimidad de los gremialistas en cuya autoridad moral casi nadie cree. Bronca cotidiana que sólo viene a alimentar la histórica crítica de los trabajadores para con los representantes gremiales que además cargan con el estigma de ocuparse poco en eso de ampliar derechos para sus representados. En boca de Jorge Resina, la explicación de esta dimensión sindical adquiere tonos maradonianos: “Entran a discutir con la patronal como leones pero salen como gatos siameses”.
Delegados del Estado
El Inspector del Personal Jorge Resina asegura a Cuarto Poder que no va a parar en su lucha hasta que los sindicatos “devuelvan todo el dinero a la muni”. Uno lo mira y no puede evitar que lo invada un hondo pesimismo: Resina goza de la simpatía de compañeros pero esa simpatía no parece ser suficiente para provocar un alzamiento generalizado que termine con los privilegios que denuncia. Pero insiste en lo de la devolución y ante ello uno se desliza a la suma y resta fácil: hablamos de sueldos que promedian los $15.000 que multiplicados por los 112 “licenciados” identificados suponen $1.680.000 mensuales y poco más de 20 millones anuales. No es poca cosa. Al menos para Jorge Resina, quien calcula que son varias cuadras de bacheos.
Y así termina la charla. Con una explícita defensa del arrojo personal que prescinde de cualquier atisbo de teorización del tipo de las que aseguran que habiendo sido los sindicatos integrados al Estado, la representación de los obreros es un palabrerío que esconde la condición del sindicalista como representante de la propia patronal. Nada de esto importa al Inspector de Personal Municipal Jorge Resina que se aleja tal como ha llegado: solo, sin maldecir, sin gritar y convencido de que el mundo siempre será injusto aunque hay excesos de injusticias que deberían empujarnos a hacer algo.
