Un equipo de investigadores de una facultad de la UNSa constató la presencia en el lugar de 346 unidades domésticas (familias), que reúnen un total de 1207 personas. De éstas, 559 son mujeres (el 55%) e incluyen a 537 niños.
El grupo de académicos encontró que “el hacinamiento previo en casa de familiares, la falta de ingresos suficientes para pagar un alquiler y la violencia de género o relaciones conflictivas previas” fueron las causas que impulsaron la ocupación del predio.
El informe describe las condiciones en la que viven desde hace más de 7 meses: «en carpas precarias de polietileno o en algunos casos casillas de madera y plástico, en donde pueden encontrarse hasta 2 y 3» familias; sin provisión de agua potable ni energía eléctrica; utilizado letrinas improvisadas, muchas de las cuales están colmatadas; bajo condiciones ambientales que «no reúnen los requisitos mínimos de un espacio saludable»; en carpas/viviendas levantadas sobre un terreno irregular de tierra y ripio; y donde el servicio público de recolección de basura se niega a retirar los desperdicios.
El documento también muestra que son trabajadores y trabajadoras que en general sólo pueden acceder a empleos eventuales y «en negro»(66% de la población adulta) o en busca de trabajo sin conseguirlo (21%). A pesar de ello, la mitad de las familias apenas reúne $16.000 o menos por mes, lo que ubica por debajo de la línea de indigencia.
“Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, como dicen la declaración de DDHH y los pactos internacionales, sin importar dónde haya nacido. No obstante, los datos evidencian que la enorme mayoría de nosotros provenimos de la propia capital salteña, al contrario de las afirmaciones de quienes apelan a la xenofobia para desacreditarnos. Nos vimos empujadas y empujados a venir aquí por extrema necesidad, lo que queda en evidencia en el informe, así como la imposibilidad de nuestros niños de avanzar en sus estudios en el marco de la pandemia, por falta de medios para acceder a Internet”, sostienen los asentados en un comunicado que acercaron a este medio.
En la síntesis final, el equipo sostiene que “la represión y hostigamiento ejercidos por la fuerza policial, sumado a la discriminación social de los vecinos aledaños, y a la violencia general que afecta principalmente a mujeres y niños, agudiza la situación de vulneración de derechos”.
El trabajo es el resultado del censo encomendado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta a la cátedra “Seminario de Antropología Urbana” de esa unidad académica, el que contó con la participación de investigadores y estudiantes de la casa de estudios.
Se trata de un informe de carácter preliminar porque aún restan procesar datos obtenidos en el relevamiento; no obstante, los resultados expuestos en el mismo ya permiten conocer aspectos centrales de la situación en la que viven cientos de familia en el asentamiento, así como algunos de los condicionantes sociales y económicos que llevaron a las mismas a ocupar un espacio en busca de un lugar para vivir.
