Morillo: elevan a juicio la causa contra los pobladores reprimidos por la policía. Tres de los once detenidos se encuentran imputados por los delitos de “tentativa de homicidio, coacción agravada y daños”, mientras que los otros acusados deben responder por los delitos de coacción agravada, daños y lesiones.

 El jueves pasado, la fiscal penal de Embarcación; Lorena Martínez; elevó al Juzgado de Garantías de Tartagal, a cargo del juez Nelson Aramayo, un requerimiento en el que solicitó el enjuiciamiento de once “piqueteros”, detenidos e imputados por atacar a policías con bombas caseras, denominadas “molotov”. Es lo que informó el Nuevo Diario y señaló:

Al día siguiente, el viernes pasado, la fiscal sumó otro pedido, a través del cual requirió que se dicte la prisión preventiva de los imputados, dada su peligrosidad, el grave delito cometido y el riesgo  que los mismos, en caso de ser beneficiados con la libertad provisoria, entorpezcan el proceso judicial.

Tres de los once detenidos se encuentran imputados por los delitos de “tentativa de homicidio, coacción agravada y daños”, mientras que los otros acusados deben responder por los delitos de coacción agravada, daños y lesiones.

Diez de los acusados se entregaron el 14 de octubre pasado, acompañados por su abogada, Sara Esper, ante el juzgado de Tartagal. Los implicados intentaron condicionar su presentación a un pedido de libertad provisoria, pero esa posibilidad fue descartada por la fiscal.

Un día antes, la Policía había logrado detener a uno de los piqueteros, en su mayoría criollos, quienes el 30 de septiembre pasado encabezaron una protesta en el acceso a la empresa Vertúa SA, la cual construye el gasoducto NEA, en la localidad de Morillo.

En su pedido de juicio, la fiscal puso sobre relevancia la peligrosidad de los “piqueteros, y en especial la intención asesina de tres de ellos, que no redundaba en la obtención de puestos de trabajo, sino que fueron armados de antemano para incluso matar a los policías.

En vista de ello, la fiscal imputó y exigió el enjuiciamiento de los acusados, quienes ahora deberán esperar que el juzgado gire las actuaciones del caso al Tribunal de Juicio para que los trámites del caso sigan hasta la fijación de fecha del debate. Para la fiscal, los acusados deben esperar este proceso, entre rejas.