Débora Ramírez denunció irregularidades en la Dirección de Tránsito de Güemes y fue destituida como Jueza de Faltas. Tras meses de hostigamiento, el intendente Daniel Segura la reemplazó por su secretario de gobierno. (Andrea Sz)
Aunque algunos vecinos salieron en apoyo de la abogada cuando sufrió la usurpación de su despacho, la odisea solitaria que emprendió la letrada develó no sólo los manejos turbios del Municipio a cargo de Daniel Segura sino que también dejó en claro que en aquellas tierras no hacer lo que el jefe comunal quiere tiene un costo.
Todo comenzó cuando la jueza del Tribunal de Faltas denunció que el intendente de la localidad intentó removerla de su cargo de forma ilegal aprovechando una licencia médica. En su lugar nombró por decreto al Secretario de Gobierno, Dante Giménez, quien de forma invasiva cambió la cerradura del despacho.
La cronología de los hechos denunciados por la abogada son los siguientes: El 7 de septiembre, según consta en la denuncia que presentó Ramírez contra el intendente y su secretario de gobierno, la Jueza de Faltas presentó certificado médico por 5 días; tres días después Ramírez recibió un llamado del intendente amenazándola para que no volviera más. Al día siguiente la secretaria de la Jueza de Faltas se comunicó telefónicamente y le informaron que se hicieron presentes en su oficina Dante Giménez, Graciela Oviedo y Rubén Alderete para manifestar que “a partir de ese momento su jefe es el Dr. Dante Giménez”.
Según describe la denuncia ante la Fiscalía Penal de Güemes “no hicieron entrega de resolución alguna o documentación que acredite la destitución de la denunciante”, violando así el artículo 62 de la Carta orgánica municipal que estipula que la designación del juez administrativo de Faltas le corresponde al Concejo Deliberante.
El 16 del mismo mes, Débora Ramírez se presentó en su oficina pero ya se encontraba ocupada por Dante Giménez. Ante escribano dejó constatado que le cambiaron las cerraduras y le impidieron el funcionamiento del juzgado. La denuncia hecha por Ramírez también informa del constante hostigamiento del que era objeto: “que desde hace un año recibe constantemente malos tratos y presiones por parte del intendente Daniel Segura, en donde a diario le expresa que renuncie a su cargo ya que quería poner en reemplazo a otra persona. Que en junio de 2015 se hizo presente en su oficina la doctora Graciela Oviedo quien le manifestó que retire sus cosas ya que el intendente le pedía que se vaya y que renuncie a su cargo”.
Por entonces Ramírez se dirigió hasta la oficina del intendente para preguntarle qué era lo que estaba sucediendo. En la denuncia consta: “que el mismo le manifiesta que renuncie, que se iba a tener que ir por las buenas o por las malas, que si no obedecía iba a perder su cargo ya que lo llamaría al gobernador”.
Finalmente el documento describe lo que bien podría considerarse las razones del hostigamiento: “…desde el inicio de sus funciones denunció las irregularidades que se cometían y se cometen en la Dirección de Tránsito que pertenece a la Secretaria de Gobierno, las cuales constan en las respectivas denuncias formuladas ante la Fiscalía, las cuales fueron puestas en conocimientos de dichos funcionarios para que procedan respecto del personal que las comete, habiendo informes de la Brigada de Investigaciones Nº7, hechos que fueron encubiertos por dichos funcionarios”.
Aquí mando yo
Esas irregularidades databan de mayo de este año y se conocieron cuando Débora acompañó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a realizar unas inspecciones en Güemes. Allí se dieron con algunas licencias adulteradas y se labraron multas cuyos montos, según Ramírez, son estipulados por la Agencia. “Inicié varias investigaciones por el tema de las licencias adulteradas, informes que derivé en la Brigada de Investigaciones en donde hay implicados propios empleados de Tránsito. Cumplí con mi trabajo siempre. Fui una de las pocas personas que hizo cumplir las leyes en Güemes”, declaró la abogada.
En una de las Actas de declaración de un testigo en relación a la investigación que lleva a cabo la Brigada por la emisión de licencias de conducir adulteradas, el testigo informa que “En las oficinas de Tránsito, le otorgaron un carnet de conducir con clase B1 D1, que dicho trámite fue realizado por el señor Molina”. Según consta en acta el testigo “se entrevistó con una persona a la cual solo conoce como Jorge, quien también sería personal de Tránsito, diciéndole que el tramite tendría un costo de $200 (…) y que al día siguiente recibiría su carnet”.
Aparentemente y según declaraciones de la abogada, estas denuncias que salpican directamente a empleados de Tránsito de Güemes serían los motivos de la molestia del intendente para con ella. Otra de las investigaciones que la entonces jueza inició y no habrían sido bien recibidas por Segura se remiten a junio de este año cuando mediante una inspección realizada por el Ministerio de Salud de la provincia se detectan diferentes irregularidades en la clínica privada Alem.
Luego de la inspección a la clínica y en cumplimiento de sus funciones, la jueza solicita a la Dirección de Habilitaciones e inspecciones comerciales a cargo de Carolina Altamiranda informes sobre la situación de la misma, no obteniendo respuestas de los expedientes en cuestión. Según comentó Ramírez, desde el municipio ordenaron que se detuvieran todas las investigaciones en torno al funcionamiento de la clínica.
Lo que hizo Segura fue otra cosa: denunciar a la jueza acusándola “de una serie de delitos de acción pública”. Entre esos “delitos”, dice el intendente, la letrada “incurre en abuso de autoridad en la nota dirigida a la Sra. Carolina Altamiranda”. Esa nota, que para el jefe comunal es delito, sólo solicitaba a la Directora de Habilitaciones e inspecciones comerciales los expedientes sobre la situación de la clínica privada inspeccionada.
Violencia institucional
Débora Ramírez sufrió violación de su intimidad y violencia de género institucional. Lo primero porque al presentar el certificado médico el intendente dispuso que una junta médica evalué sus condiciones físicas y psíquicas y divulgó por los medios su situación; lo segundo porque no se respetaron las normas legales para su reemplazo: mediante resoluciones, el intendente dispuso que su reemplazante sea su secretario de Gobierno y la irregularidad fue avalada por el Concejo Deliberante que la suspendió.
La abogada realizó una denuncia que fue archivada inmediatamente por la fiscal Verónica Simesen de Bielke sin requerir ningún tipo de medida a las dos semanas de presentada. Además presentó un amparo con tres ampliaciones, que a casi dos meses sigue esperando se resuelvan.
La abogada pidió audiencia con la Ministra de Justicia, Pamela Calletti, para recibir asesoramiento y sólo fue recibida por la secretaria de Justicia, Patricia Colombo, quien le respondió que no podían ayudarla a pesar que la reciente ley Nº 7.888 de Protección contra la Violencia de Género sancionada en la provincia en setiembre de este año, en su artículo 3º menciona: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente Ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. La violencia de género incluye entre sus modalidades la violencia (…) laboral e institucional”.
