El cruce de comunicados entre representantes de AMET y docentes autoconvocados de escuelas técnicas puso de relieve una serie de señalamientos sobre el procedimiento de designaciones en el área no formal. Acusan al gremio de no defender la calidad educativa.

 

El nombramiento de autoridades en la dirección de Educación Técnica motivó la semana pasada un cruce de comunicados entre la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y docentes autoconvocados de Capital. El gremio planteó su preocupación por no haber tenido comunicación con el ministro de Educación Matías Cánepa, mientras que los docentes denunciaron maniobras injerencistas por parte de su titular Eloy Alcalá para influir en la estructura de la dirección.

En el medio surgieron sospechas por los procedimientos de designación en el área no formal, que integra espacios educativos fuera del ámbito escolar (talleres, capacitaciones, cursos de oficios, etc.). Para los docentes, el gremio tuvo responsabilidad -por acción u omisión- en las irregularidades detectadas durante las evaluaciones y concursos.

Cuarto Poder dialogó con los docentes denunciantes al respecto, quienes manifestaron que el proceso de designaciones irregulares se divide en, al menos, tres instancias desde 2012 a la fecha.

En una primera etapa, se establecieron procedimientos para la designación de cargos vacantes de Maestro de Enseñanza práctica (MEP) en el área no formal. Dicho proceso establecía un criterio «por perfil» que, entre otras cosas, privilegiaba la «idoneidad» por encima de la formación académica. De esa manera, los postulantes que acreditaban algún grado de experiencia en áreas relativas al oficio en cuestión, tenían prioridad sobre aquellos que acreditaban títulos universitarios y formación académica.

Aunque la «idoneidad comprobada» está contemplada y validada por el estatuto docente, los educadores autoconvocados señalan que las evaluaciones siempre terminaban por beneficiar a allegados a la supervisión y/o al gremio; mientras que lo contrario ocurría con aquellos que lo cuestionaban. «Las notas de procedimientos eran sólo formalidades, siempre se designaba el mismo plantel de docentes sin tener en cuenta mayores niveles académicos», apuntó una docente que prefirió no dar su nombre.

En una segunda etapa, se utilizó una grilla de evaluación de valoración de antecedentes para la designación de postulantes que, según denunciaron las bases, tenían bajo perfil académico. El esquema dispuesto por la dirección de educación Técnica, casi no tenía en cuenta la carrera docente y establecía un sistema de puntajes en base a criterios bastante disímiles.

Por caso, un instructor de formación profesional que acredite el cursado de 360 hs. reloj y que tenga idoneidad en el oficio, gozaba de una calificación de 25 puntos; mientras que un profesional universitario con formación afín a los contenidos apenas disponía de 10. A su vez, un profesor de educación secundaria Modalidad Técnico Profesional con título de base, tenía una calificación de 15 puntos.

En tal caso, sostienen los docentes, el gremio no defendió la calidad educativa; por cuanto prevalecieron los «idóneos» en perjuicio de los postulantes «académicamente formados».

Eloy "23 por ciento" Alcalá junto a la ex-ministra Analía Berruezo
Eloy «23 por ciento» Alcalá junto a la ex-ministra de Educación Analía Berruezo

En una tercera etapa, vigente desde octubre de 2018, se implementa una nueva modalidad: las designaciones se realizan por concurso. No obstante, los representantes autoconvocados apuntaron que muchos de ellos estuvieron viciados en virtud de algunas observaciones.

Según manifestaron, en algunos concursos los tribunales no fueron explícitos en el detalle de los antecedentes, el análisis de las propuestas y el rechazo al orden de mérito propuesto. A esto se suma el detalle nada menor de la intervención de veedores de AMET en las entrevistas, lo que fue interpretado por los docentes como una clara maniobra para orientar las evaluaciones en beneficio de sus allegados.

Según consta en las apelaciones de algunos concursantes, los veedores del gremio «realizaron preguntas improcedentes y arbitrarias», con la intención de manipular el resultado del procedimiento.

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