Mientras el gobierno anunciaba una suba del 50% a la policía que se pagará con impuestos al comercio, Godoy había hablado antes considerando a la medida como un error, advirtiendo los problemas que eso traerá con otros sectores y oponiéndose a la sindicalización policial con la que coquetea el PO.

Terminó diferenciándose de todos aun cuando no es ministro y tampoco fue el ganador de las elecciones pasadas en donde descolló el trotskismo. Sin embargo, terminó siendo el que mostró criterios firmes ante la grave problemática policial. Del ejecutivo que terminó cediendo ante los policías aún cuando eso no ha significado el fin del conflicto, había dicho antes de conocerse el anuncio del 50% de incremento a los policías lo siguiente: “La única manera de subir sueldos a la Policía es aumentando impuestos o resignando obra pública”, algo de lo que se distanció.
Para la provincia este incremento significan 450 millones de pesos que no están previstos en el presupuesto provincial y que por lo tanto se juntaran modificando los impuestos provinciales. Esos tributos son actividades económicas y a las transacciones financieras. En ese marco, el ministro Parodi explicó que «lo que el gobernador anuncio es lo que podemos sin poner en riesgo el gasto en personal sobre el presupuesto y la obra pública». Parodi tiene razón, salvo por el hecho de qué quienes se verán afectados sus ingresos son mayoritariamente los comerciantes que sufrieron los desmanes a principio de semana con los rumores de acuartelamiento policial. Y es que el rubro actividades económicas mayoritariamente lo pagan los comerciantes. En el año 2014, según el presupuesto aprobado el pasado martes, por actividades económicas se estima recaudar $2.175.009.727.
Se trata de un impuesto que grava en un 3% a todas las actividades económicas provinciales. En Salta, sin embargo, las actividades de gran impacto económico están exentas del pago. La exención alcanza al agro, la minería, la industria y el turismo por imperio de las leyes 6.025, 6.064, 7.124 y 7.679. Del articulado de esas leyes se extrae que las inversiones beneficiadas son siempre grandes, con capacidad para instalar una actividad completamente nueva o que incremente en un 40% las existentes para el caso de la industria o el turismo. Más generosa aún es la ley 7.124 que enfocada para la actividad pecuaria no precisa de inversiones significativas, ni que el desarrollo de la actividad se dé en un predio propio dejando abierta, así, la posibilidad del arrendamiento. Leyes que además compelen a los municipios a establecerlas en sus jurisdicciones apelando al eufemismo: “Se sugiere que…”. Esa situación nos lleva a la siguiente conclusión: los que aportan esos pocos más de 2.100 millones de pesos son los comerciantes de la provincia que fueron afectados en sus negocios por los desmanes que ocasionaron la rebeldía policial y que ahora, para que la policía esté trabajando, deberán pagar otros 450 millones de pesos.

De allí la advertencia del presidente de la Cámara de Diputados cuando declaró que cerrar un nuevo acuerdo con la policía tal como finalmente el gobernador lo anuncio, acarrearía problemas con otros sectores. Se refería a los comerciantes pero también a los otros gremios que con esa suba irían por más de lo previsto en los cálculos del presupuesto. Al parecer, Godoy evito referirse directamente al gobierno provincial pero indudablemente advertía al mismo sobre los peligros a futuro cuando calificó de irresponsable la actitud adoptada por otras provincias (Córdoba, Chaco, Tucumán, Jujuy y otras) que cedieron en el reclamo de las fuerzas de seguridad y prometieron incrementos que resultarán muy complicados de abonar.

No fue todo lo que dijo. Como diferenciándose de todos los que ahora parecen querer tener en cuenta el reclamo policial, Godoy terminó distanciándose abiertamente del PO que a través de Claudio del Pla terminó coqueteando con la posibilidad de que los policías puedan sindicalizarse. Y es que si bien el legislador trotskista dijo que el proyecto de Jorge Guaymas presentó en diputados no lo convencía, considero por FM Capital que «la sindicalización de las fuerzas es un debate que hay que dar». En ese sentido, Godoy también fue tajante “sindicalizar sin derecho a huelga es imposible y la Policía no puede hacer paro”.

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