El fenómeno de la antipolítica referido por ganadores y derrotados en la última elección provincial, no puede separarse del cuestionamiento creciente a los privilegios de la casta dirigente. Ni los «outsiders», ni los reivindicacionistas de la política ofrecen respuestas claras a los fundamentos materiales del desencanto ciudadano.

Por Nicolás Bígnate

A una semana de que las urnas arrojen un inequívoco mensaje contra la clase política en su conjunto, muchas son las conclusiones lanzadas al aire, aunque pocas las enseñanzas recogidas. A pesar del elevado nivel de ausentismo y del porcentaje histórico de votos en blanco, hubo quienes se arrogaron forzosamente la victoria, y sedes partidarias en las que hubo festejos pese a haber retrocedido en relación a otras elecciones. La opulencia de la campaña desentonó fuertemente con la apatía ciudadana y, aun así, se proclamaron victoriosos quienes deberían estar tomando nota.

Con un porcentaje de asistencia a los centros de votación del 64,04%, Salta encabeza el ránking de ausentismo en relación a los otros dos distritos en los que se adelantó el calendario electoral: Misiones (64,5%) y Jujuy (65%). Del total de votos válidos en la Capital salteña, alrededor del 12% fueron votos en blanco, muy por encima del promedio de los últimos años, oscilante entre los 3 y 5 puntos. En la categoría senador, el voto a nadie superó nada menos que a Matías Posadas, el candidato más referenciado en la gestión provincial. En la categoría diputado se impuso a los postulantes de Juntos por el Cambio +, al aparato municipal de Juan Esteban Romero, al histórico Javier David y a la representante del Frente de Todos Pamela Ares. En la categoría concejal, el voto en blanco fue la opción más elegida, por encima de José Gauffin, autoproclamado vencedor de la contienda.

El prefacio electoral vaticinaba un estruendoso fracaso de los candidatos denominados «tradicionales», además de la emergencia de figuras no referenciadas en la «carrera política». Sin ir más lejos, en su discurso de aceptación de la derrota, la dirigente del Frente de Todos Pamela Ares proclamó que el resultado electoral fue «un triunfo de la antipolítica». No obstante, vale la pena matizar: Ni la sociedad ubica a candidatos como Durand, Lamberto, Kripper o Biella afuera del espectro político, ni ellos mismos reniegan enteramente de esa categoría. Los antecedentes de los mencionados van desde integrar el actual elenco gubernamental, hasta haber pasado por no menos de cinco partidos. Así y todo, a la hora de votar parecen imponerse otros aspectos del ser-candidato más vinculados a la formación profesional que a la trayectoria partidaria.

Pero entonces, ¿fue el resultado electoral del pasado 15 de agosto una derrota de la política en su concepción clásica?, ¿cómo se posicionan las fuerzas frente al creciente descrédito de la praxis electoral?, ¿Es posible escindir la crisis de representación reinante de los privilegios de los que goza la casta política?

El desencanto de los representados para con los representantes se fundamenta en las enormes inequidades entre el pasar de unos y otros. Dietas que superan quince veces el valor del salario mínimo, fueros parlamentarios, cargos vitalicios, pasajes y recursos estatales a disposición, son algunas de las exclusividades de las que la enorme mayoría se encuentra privada. Episodios de mayor visibilidad como la vacunación VIP o las visitas a la quinta de Olivos durante el confinamiento duro no hacen más que exacerbar estas contradicciones.

El panorama, cada vez más perceptible y axiomático, propició el ascenso de figuras de la ultraderecha que hoy levantan casi en soledad el estandarte contra el prebendarismo político. Buena parte de ese ascenso se explica en la postura asumida desde la trinchera oficial: una reivindicación extemporánea y acrítica de la acción política que en el combo se olvida de excluir los ventajismos propios de la clase representante.

La épica de la reafirmación política erigida sobre las bases del primer kirchnerismo sirvió para deja atrás el «que se vayan todos» y forjar los cimientos de un nuevo relato. Dos acontecimientos posteriores, la muerte de Néstor Kirchner en 2010 y la reelección de Cristina Fernández en 2011, contribuyeron al sostenimiento del mismo. A partir de entonces, la mística de la reivindicación política fue perdiendo anclaje en lo popular para circunscribirse a un círculo activo de militantes e intelectuales orgánicos.

La derecha supo sacar tajada de la debacle subiendo al cuadrilátero mediático a exponentes del lumpenaje televisivo y exacerbando las contradicciones entre gobernantes y gobernados. El fundamento ideológico que subyace a la acción tiene que ver con el vaciamiento de la política en beneficio de los grandes capitales y el achicamiento del estado, aunque poco dicen del ajuste llevado a cabo contra la mayoría trabajadora o del gigantesco gasto estatal que constituyen los pagos de la deuda pública. Así y todo, la «recuperación política» proclamada desde el progresismo resulta insuficiente ante las carencias materiales que la realidad inmediata pone en evidencia.

 

También legisladores y jueces

Los privilegios de la clase dirigente no son exclusividad de una sola fuerza política ni se limitan a los representantes del poder ejecutivo. Según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social (BESS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dentro del régimen nacional de jubilaciones, 4.051 personas cobran más de $300.000 por mes, por encontrarse encuadradas en “regímenes especiales”.

De ese total, el 72% corresponde a magistrados del privilegiado Poder Judicial. A la vez son éstos quienes concentran la mayor cantidad de haberes máximos, con beneficios de más de $700.000. Siguiendo a los ex funcionarios del poder judicial, el segundo grupo con haberes por encima de los $300.000 es el de los funcionarios del Servicio Exterior, como los embajadores y cónsules.

Como contrapartida, más de 4 millones de jubilados percibirán como haber en septiembre tan solo $25.922, mientras la Canasta del Jubilado es de $64.039, con lo cual solo alcanza para cubrir 12 días del mes. Si se hace la comparación entre los $300.000 que cobra (de mínima) por mes uno de los 2.908 magistrados, contra un jubilado que percibe la mínima, éste alcanzaría ese monto juntando todos los haberes cobrados a lo largo de un año.

El Senado y el Congreso no exhiben realidades muy distintas. Cerca del 74% del presupuesto del Poder Legislativo se destina al pago de salarios de funcionarios y empleados permanentes y transitorios. A su vez, cada legislador percibe una “dieta” o salario básico, que se actualiza por las paritarias de los empleados legislativos; una suma adicional por gastos de representación, un monto fijo determinado por la Presidencia de cada Cámara; un dinero específico para gastar pasajes (20 aéreos y 20 terrestres de un tramo determinado) que, hasta hace tres años, podían canjear por efectivo; y, finalmente, si un congresista vive a más de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires percibe un plus por “desarraigo”, el cual se calcula como el 14,2% del total de su dieta y gastos de representación.

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