Pese a las gravísimas denuncias contra Metalnor la gestión de Bettina Romero permite la continuidad de la empresa. Contaminación, ventas sin facturas, empleados en negro, despidos en pandemia y como si esto fuera poco, el Estado los premia con el pago de ATP. (Alfredo Palacios)
La pandemia del coronavirus ha puesto de rodillas a gran parte de la economía, sin embargo, algunas empresas no pararon de hacer negocios. Un ejemplo es Metalnor, quien solo cerró en los primeros días de la cuarentena estricta y después siguió facturando, gracias al apoyo estatal.
La empresa de reciclaje de chatarras accedió al crédito nacional ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) pese a no cumplir con los siguientes requisitos.
Que la actividad económica haya sido afectada en forma crítica en la zona geográfica donde se desarrolla.
Tener una cantidad relevante de trabajadores contagiados por el COVID 19 o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID 19. Aunque en un primer momento se conoció el contagio de uno de sus trabajadores, no se dieron a conocer más contagios y la empresa y todas sus dependencias siguieron trabajando con normalidad.
Sufrir una sustancial reducción en la facturación con posterioridad al 12 de marzo de 2020. En este sentido es difícil poder hacer referencia a la caída de facturación porque es de público conocimiento las ventas en negro que realiza la empresa.
Pero en este 2020 no solo se benefició del gobierno nacional con el (ATP) sino que también hizo negocios con gendarmería nacional y el gobierno provincial para el compactado de vehículos secuestrados, los cuales no podían ser vendidos como autopartes, pero de igual modo esto no fue un impedimento para que esto sucediera.
Con la gestión de Bettina también se realizaron enormes negociados. En el marco del operativo de descacharrado se denunció que muchos de los camiones de chatarra juntados de las casas de los vecinos fueron a parar a los predios de Metalnor para su posterior venta, y que incluso dichos camiones se llevaban sólo el metal dejando en la vía pública cubiertas y otros elementos no metálicos.
Por estos días Metalnor sigue siendo sospechado, en el municipio de Cerrillos de la polémica intendenta Yolanda Vega. La empresa está dispuesta a cerrar su ciclo productivo y quedarse con el monopolio del metal, no solo en la provincia de Salta sino también en el norte argentino, ya que con los casi extintos hornos de fundición de Zapla, la empresa salteña se propone a instalar 2 hornos de fundición de metal en dicho municipio y así quedarse con todo el proceso del metal: chatarra-fundición-transporte y venta, esto sería la frutilla del postre de los innumerables negocios de los hermanos Jobi, que van desde la industria del metal a negocios inmobiliarios y hoteleros.
Estos hornos se quieren instalar en unas 40 hectáreas denominadas “Fincas de Gernica” que se encuentran sobre la ruta 26 y barrio Pinares; en los meses pasados se comenzaron las obras de tapiado del predio y una plataforma de gran magnitud. La empresa compró parte de las 8 hectáreas que le pertenecen y destruyó una vivienda y desmontó gran parte de ese sector.
Los vecinos auto convocados de la ruta 26 por estas horas advierten no solo el desmonte de una cortina de árboles que los beneficiaba por su cercanía al vertedero San Javier, sino que la empresa cese con las obras ya que no cuentan con ninguna documentación pertinente y dicha instalación ya fue rechazada en Güemes; la empresa estaría “floja de papeles”.
Llama la atención la rapidez con la que comenzaron las obras, tiempo después que iniciaron la toma de terrenos, esto llevó a la empresa a instalarse en una zona claramente urbana sin ningún tipo de estudios de impacto socio ambiental ni siquiera se realizó una audiencia pública; las cuestiones de salud son las que más preocupan a los vecinos de la zona, ya que muchas de las viviendas de la zona fueron otorgadas a personas con discapacidades.
El colmo de la improvisación de Metalnor en esta mega obra ocurrió este miércoles cuando se derrumbó un sector de la tapia perimetral del predio en disputa que se encuentra a tan solo 8 metros de las viviendas de los vecinos y que desafortunadamente hirió a un niño. Los vecinos vienen advirtiendo que la instalación de la fundidora sería una tragedia, los mismos vienen radicando denuncias en la secretaria de ambiente de la provincia y en la fiscalía de Rosario de Lerma.
Sería una oportunidad de crecimiento para la provincia la instalación de una industria de esta magnitud, pero a la luz de los hechos podemos imaginarnos lo que pasara, ¿Cuál es la calidad de esta obra? ¿Cuánto tiempo pasara hasta que ocurra una tragedia? ¿De qué nos sirve una industria con empleados en negros y sueldos precarizados? ¿Con que otros negocios se los beneficiara? ¿Cuál es el costo ambiental y sanitario que deberán pagar los habitantes?
