El destino de Cristina Kirchner parece oscilar entre el regreso a la política electoral o el ingreso en la prisión. La política (y la vida) suele tener un camino más enmarañado que una línea directa entre los días que corren y esos futuros posibles.
En la provincia de Buenos Aires, el único lugar donde Cristina podría postularse a legisladora con cierto éxito, la esperan las eventuales candidaturas de dos mujeres fuertes, arquitectas en gran parte de su actual desdicha judicial: Elisa Carrió y Margarita Stolbizer. En la Justicia tropezó con dos jueces que están fuera de cualquier sospecha política: Julián Ercolini y Claudio Bonadío. Debe, para peor, enfrentar la investigación de tres fiscales implacables: Carlos Rívolo, Guillermo Marijuan y Gerardo Pollicita, que son quienes investigan y abastecen de pruebas a aquellos magistrados. Es probable que la ex presidenta termine presa. Ella lo sabe. La pregunta para la que nadie tiene respuesta (y ella menos que nadie) es cuándo sucederá esa decisión judicial. ¿Antes o después de una eventual candidatura suya a Senadora Nacional por la provincia de Buenos Aires?
Fuentes seguras de la justicia federal aseguran que es inminente que el juez Ercolini llame a indagatoria a Cristina por la organización de un sistema de corrupción con la obra pública que convirtió en multimillonario a Lázaro Báez. Los fiscales Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron esa indagatoria y la acusaron de los delitos de defraudación contra la administración pública y de negociaciones incompatibles con la función pública. La novedad consiste en que el juez coincidió con el reclamo de los fiscales para citar a indagatoria a Cristina. Ercolini, un magistrado con fama de honesto, cumple seguramente con el ritual de todos los jueces federales: jamás citan a indagatoria a importantes figuras públicas si antes no tienen el procesamiento escrito. «No se hace esa clase de citaciones para resolver después una falta de mérito», explican los expertos en jueces.
Ercolini tiene las causas más graves que pesan sobre Cristina: asociación ilícita, Hotesur y los arbitrarios dispendios de Vialidad Nacional. Estos dos últimos casos vinculan estrechamente a la ex presidenta con Báez. Bonadio la investigó y la procesó por la venta de dólar a futuro y estrecha el cerco ahora sobre ella en el caso de la empresa Los Sauces. Carrió y Stolbizer fueron las denunciantes de algunas de esas causas.
Otro juez que investiga al kirchnerismo, Sebastián Casanello, instruye la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero. Hay una disputa sorda entre ese magistrado y la única sala prestigiosa de la Cámara Federal (integrada por los jueces Irurzun, Cattani y Farah). Casanello sostiene que el lavado de dinero es un delito autónomo y que no es su tema, por ahora, hurgar en el delito precedente. La Cámara ya apeló al «sentido común» para señalar que la Justicia debe investigar cómo se generó el dinero que se lavó. Casanello replica que esa cuestión está en manos de Ercolini, que es quien, en efecto, está investigando cómo Báez se convirtió de monotributista que ganaba $ 3500 en 2003 a una de las principales fortunas del negocio de la construcción, 12 años después.
La conclusión de los fiscales Pollicita y Mahiques es que Báez recibió en esos años casi el 80% de la obra pública de Santa Cruz. En ese período, el feudo de los Kirchner recibió tantas obras públicas como ocho provincias juntas en el mismo lapso (La Pampa, Tucumán, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Neuquén y Misiones). Y tuvo un 11% más de presupuesto ejecutado en obras públicas que la provincia de Buenos Aires, el distrito más extenso y poblado del país.
Báez tenía, según la investigación en poder de Ercolini, un canal especial de pago preferencial. Le prorrogaban los contratos y nunca se verificaron los avances de sus obras. Tampoco fue sancionado por los incumplimientos. En síntesis, el patrimonio de Báez creció 12.127% entre 2002 y 2014. Entre 2008 y 2013, Báez pagó a los Kirchner US$ 4 millones y $ 12 millones a través del alquiler de habitaciones que no ocupaba en los hoteles de Hotesur. Clásico lavado.
Algo parecido sucede con la empresa Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner y dueña de unos ocho edificios que eran alquilados por Báez y Cristóbal López, otro empresario muy cercano al antiguo régimen. La investigación realizada por el juez Bonadio y el fiscal Rívolo descubrió algunas anomalías que los dejó estupefactos. Por ejemplo, la casa de Río Gallegos en la que vive actualmente Cristina Kirchner, que está a nombre de Los Sauces, fue comprada en principio por el empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner y sospechado de administrar varios negocios de la anterior familia presidencial. Sanfelice compró esa casa en $ 200 mil y se las vendió a los Kirchner, cuatro meses después, en US$ 250 mil. La vivienda aumentó su valor en un 500%, según el precio del dólar de esa época, en apenas 120 días. No hay nada más parecido al lavado.
Otra sorpresa fue cuando la empresa Los Sauces declaró que se habían perdido los libros contables de la firma. Una investigación del fiscal Rívolo los encontró en una oficina que ocupaba su presidenta, Romina Mercado, sobrina de Cristina, en una propiedad de Sanfelice. En esos libros contables aparecieron adelantos de dividendos a sus accionistas (Cristina y sus hijos), pero ninguno de esos movimientos contables se trasladaron a los movimientos bancarios de la empresa. Podría tratarse también de una maniobra para lavar dinero que provenía de otra parte.
Un sector de la Justicia quiere desplumar de los bienes mal habidos a Cristina. Ya la desplumaron de una porción importante de su inconmensurable fortuna. Ni ella, ni sus hijos, ni sus socios (Báez y sus hijos, sobre todo) tienen acceso a las cuentas en el exterior, según aseguran fuentes judiciales. Los bancos del exterior suelen congelar en el acto las cuentas de personas «políticamente expuestas». El dinero blanco de los Kirchner en la Argentina está inhabilitado por el juez Bonadio. El juez Casanello y el fiscal Marijuan embargaron propiedades en Santa Cruz por ciento de millones de dólares que estaban a nombre de Báez. Posiblemente, nunca las recuperarán. Todos suponen que Báez era un testaferro de los Kirchner. A Cristina sólo le queda el dinero en efectivo que podría ocultar, pero que no puede mostrar porque está bajo la lupa de jueces y fiscales. En un párrafo casi irónico, Bonadio habilitó hace poco a Cristina para cobrar su jubilación y la pensión de su marido por el «derecho a la alimentación» que no se le puede negar a nadie.
La prisión de una persona procesada por corrupción es posible sólo si hay riesgo de fuga o si está en condiciones de obstaculizar la investigación judicial. Los jueces percibieron que Cristina cumple religiosamente con sus obligaciones judiciales. Con mala cara y peores palabras, pero las cumple. Ercolini estaría dispuesto a enviar cuanto antes a juicio oral las corrupciones de Vialidad y Hotesur. El juicio podría condenarla a prisión, ¿terminará antes o después de las elecciones? La pregunta no tendría sentido si los fueros dejaran de proteger a los políticos por los delitos que estaban siendo investigados antes de que fueran candidatos. Esa protección, que cubre el pasado de los candidatos, es inexplicable. Los candidatos deberían renunciar a los fueros por presuntos delitos precedentes o la ley de fueros debería ser cambiada. Si eso sucediera, no habría contradicción entre los posible destinos de Cristina como candidata o como presa.
Fuente: La Nación
