El Diputado Carlos Zapata y el abogado Roque Rueda solicitaron a la Corte Provincial que declare inconstitucional un decreto dictado por Urtubey en ejercicio de los llamados “superpoderes” presupuestarios, por los que se permite al Gobernador modificar el Presupuesto sin pasar por la Legislatura.
La recurrente justificación de este apartamiento de las normas constitucionales que rigen el presupuesto es la supuesta necesidad de actuar con agilidad durante el ejercicio anual.
Por el decreto 1349, dictado el 20 de abril de 2015, se incorporaron más de 200 millones de pesos, y se reasignaron partidas por más de 26 millones, pero en este caso con una particularidad: la incorporación y reasignación se hicieron respecto del Presupuesto 2012, un ejercicio vencido hace más de dos años.
En su demanda, patrocinada por el abogado Gonzalo Guzmán Coraita, Zapata y Rueda manifiestan que con este tipo de utilización, los superpoderes terminan de destruir la institución presupuestaria, dado que se convierten en un instrumento de cosmética contable.
Si se convalida este mecanismo, argumentan, lo que se hace es simplemente aceptar que los funcionarios inferiores puedan gastar fondos públicos sin autorización presupuestaria, amparados en que años después un decreto del Gobernador los eximirá de responsabilidad.
