Los sucesos del año pasado dejaron al descubierto un peligroso estado de descomposición policial en Salta. Una crisis que sitúa a Urtubey con más problemas de los que tiene. Un recorrido por el lado oculto de la policía y otras yerbas. (M.A.)
Cuando una pequeña aldea muta en ciudad los problemas que se le plantean para atender cambian. Entonces el hampa, la complejidad, el aumento de los delitos, y sus relaciones con el poder trazan un nuevo escenario.
Una creciente densidad demográfica combinada con una notoria desigualdad social generaron en Salta que diferentes quehaceres ilícitos aumenten. Gente apurada yendo y viniendo por los laberintos de las angostas calles empezaron a configurar un misterio inquietante. La tradicional quietud provinciana se alteró. Y si bien en todas las épocas pasó que a un tipo le revienten la cabeza con un garrote cuando caminaba por alguna calle oscura para robarle (o por un simple acto salvaje animal) o que se detectó que efectivos estuvieron metidos en negocios turbios hasta los dientes, lo cierto es que el nivel de violencia actual a la vez del nivel de organización delincuencial-policial no tienen parangón en la provincia.
Esto coloca a la policía, como problema esencial de la ciudad; por lo tanto, como toda cuestión de ciudad constituye un problema de carácter político. Un problema, principalmente, para el personal político del Estado.
Así, el hilo de las circunstancias que salieron a luz fueron tejiendo una trama donde política (y puntualmente políticos de una época, casi siempre del partido gobernante), policías, inseguridad y delincuentes se mezclan. Sea como fuere la rosca en cada caso, distintos sucesos dejaron en claro que en lugar de combatir el delito, la policía lo organiza. Cierto es que, desde tiempos inmemoriales, ha generado un sistema recaudatorio paralelo al que recibe del presupuesto público y una obscena impunidad. Lo primero es tan así al punto que se puede afirmar que consiguió una relativa autonomía en el plano económico. Lo segundo se corrobora con la cantidad de denuncias por apremios ilegales.
Picantes
La Policía de Salta es una de las más picantes y pesadas del noroeste argentino. Sus 11 mil efectivos la convierten en una fuerza numerosa que abarca un territorio atravesado por la frontera con Bolivia (un lugar central para el narcotráfico y contrabando en general) y una capital, con más de 500 mil habitantes.
Marcelo Lami, un hombre conservador, de pocas palabras y pragmático, hace dos años fue elegido para garantizar al poder político algún grado de control al desmadre policial.
Formado en las filas de Drogas Peligrosas, reemplazó al comisario Néstor Cardozo en la jefatura de la Policía, cuando salió eyectado del ministerio de Seguridad, Maximiliano Troyano e ingresó Eduardo Sylvester. Desde ese momento, Urtubey con prudencia, buscó acobijarlo a su lado. Lami no escapó al desafío ni se ocultó. Acompañó y posó junto al gobernador en infinidad de fotos y actos. A cambio de ello, el mandatario exigió orden para el organismo. El objetivo no fue terminar con la corrupción sino mantener un equilibrio.
Por la cabeza de Lami seguramente se cruzó una interrogante: qué hacer con el norte provincial, principalmente, con Salvador Mazza, Orán y Tartagal, por ser jurisdicciones donde la violencia del narcotráfico se torna incontrolable. Para evitar la desintegración de sus fuerzas realizó movimientos en el mapeo de la policía. Así las cosas, hacia el 2011, la provincia estaba dividida en 6 unidades regionales y desde el 2013 pasó a 9 zonas. En el nuevo diagrama entró en cuestión la capital por ser un escenario donde los ilícitos se complejizan; esto debido a que los extremos sociales conviven y las problemáticas trasciende a narcos, los robos o las rencillas callejeras.
Sobre la capital funcionan entre comisarías y subcomisarias 38 establecimientos, además, cuenta con varios inmuebles de su propiedad en calidad de clandestinos. En cualquier caso sobrevuela un manto oscuro y comparten las denuncias de sus vecinos.
La comisaria Segunda, ubicada en calle Pellegrini al 700; la Quinta, en Coronel Moldes al 100, la Octava de Santa Lucia, la sub comisaria de Limache, de Castañares, de Villa Lavalle y la 17, de barrio Solidaridad se pueden mencionar cuando hablamos de las pesadas. Una de las más cuestionadas es la comisaria 15 de barrio San Remo: ubicada en calle Mediterráneo al 200, sobre ella recaen graves acusaciones de las madres de Cintia Fernández y Marcela Mamani, la joven desaparecida hace dos años.
Ilesa
A pesar de las denuncias, la policía permaneció incólume. En efecto, Marcelo Lami no pudo escapar a varias crisis y se repitieron hechos conocidos: efectivos entraron al barrio Sarmiento a los tiros y mataron a Gabriel Mura Ortiz; la Federal allanó Terra Nostra y evidenció que el cabarute gozaba de protección policial; en Orán policías molieron a golpes a un niño luego de confundirlo con un “sospechoso” e intentaron plantarle un cuchillo para justificarlo; en la misma localidad fue encontrado el Jefe de la Brigada de Investigaciones pasado de copas en un antro lleno de prostitutas. Los casos se repiten año tras año y presenciamos la consolidación de una metodología evidente: una policía corrompida, vinculada a muertes, que siembra pistas truchas, ligada a las “cajas” derivadas de la protección del delito y a servicios adicionales millonarios: sólo en el último clásico entre Juventud y Central Norte se contrataron 800 policías.
El levantamiento desatado a fines de 2013 incorporó otro obstáculo. Y si bien años atrás Lami había impulsado una huelga contra Mario Paz quien manejaba por entonces la policía; en diciembre pasado su lema preferido fue “El que protesta se queda sin trabajo”, decía tajantemente intentando desactivar a los que confabulaban en esta oportunidad. Entonces, algunos de los que habían estado de su lado en aquellos tiempos, más viejos enemigos, que supo conseguir en su andar por la institución, salieron a escena: allegados a Mario Paz como el abogado-policía retirado Pablo Cardozo Cisneros, y otros sectores cercanos al romerismo, fogonearon un conflicto que ponía en jaque su capacidad de disciplinamiento. Finalmente, con el compromiso económico del gobierno provincial logró desactivar una intentona que estuvo al borde del acuartelamiento.
Súper-poderes
Días antes del caso de gatillo fácil en barrio Sarmiento, Urtubey otorgó superpoderes a la policía. El oficialismo aprobó de forma express la modificación del Código Procesal Penal y con los cambios efectuados los efectivos consiguieron la potestad de requisar sin orden judicial en casos que se lleve a cabo una aprehensión en flagrancia. También alcanzaron la autoridad de requisar sin orden judicial a las personas e inspeccionar lo que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y buques con el fin de hallar pruebas, probablemente, constitutivas de un delito.
Los súper-poderes llegaron a pesar que la policía salteña carga sobre sus espaldas sobradas denuncias por golpizas. La premisa señalada por Ragendorfer en su libro sobre la policía bonaerense se cumple también por estos lares: “detrás de todo policía corrupto hay siempre un gran político”. Y si: el aval tiene que venir desde el régimen político. Se calcula que la policía efectúa, aproximadamente, 45.000 detenciones anuales bajo la carátula de averiguación de antecedentes en la provincia. Figura que no sirvió para resolver cuestiones delictivas, pero sí incrementó los abusos policiales. Sólo entre el periodo 2006-2012 se registraron más de 1.800 casos de denuncias por apremios ilegales en dependencias policiales de Salta capital. En el interior la cifra llegó a 1.749 casos. No debe perderse de vista que incontables casos no son registrados por temor a represalias.
A esta atribución se suma el control de la venta de alcohol por las noches en la capital, el cobro de multas, clausura de locales o adicionales en espectáculos privados y la “desfederalización de micro-tráfico de drogas”: lo cual implica la potestad de la yuta local de encargarse del control del “menudeo”. Para esto, lógicamente, inventaron una “Unidad Coordinadora de Lucha contra la Droga y el Narcotráfico”, la cual está a cargo de la ministra de Justicia Pamela Calleti.
Según fuentes oficiales, desde la puesta en funcionamiento de este “plan” se abrieron más de 50 causas, indudablemente, siempre a perejiles. Además no son pocos los que consideran que en esas condiciones se genera un escenario de recaudación fácil de dinero y drogas de todo tipo que engrosan el sistema de sobrevivencia basado en “arreglos”, extorsiones, impuestos, tarifas, etc.
El gran plan oficial para garantizar la “seguridad” concebido por Eduardo Sylvester y Marcelo Lami es utilizar el monitoreo de cámaras, combatir el narcotráfico “reventando” al minorista, así como también incrementar la presencia de azules en las calles y construir más comisarías, principalmente en el norte salteño, obras que se financian con el Fondo de Reparación Histórica.
¿Seguridad?
Un mito que circula es que la policía no cumple con sus funciones por falta de dinero o de efectivos, sin embargo, en los últimos años tanto el dinero para “seguridad” como la cantidad de efectivos crecieron. “Nueva York tiene 1 policía cada 237 habitantes y Salta alcanza uno por cada 189 personas”, presumió el ex ministro Sylvester. La provincia tiene un promedio de 5,3 policías por cada mil habitantes, cuando la ONU recomienda tener a 3,5 policías. Pese esto la tasa delictiva aumentó. La exorbitante cantidad de inscriptos todos los años en la escuela policial tampoco despierta mejores expectativas por la escaza preparación: tienen que aprobar 14 materias que se dictan en el primer año y luego invertir otro año para “profesionalizarse” en la calle. Debido al evidente atraso del cadete de calle se tuvo que compensar el plan de seguridad con la modernidad del sistema de vigilancia; la instalación de 1500 cámaras costará más de 50 millones de dólares para el Estado con el objeto de tener todo bajo control.
La secuencia
Febrero. Sábado. 02:14 AM. Córdoba y San Martin. Espero un remis o un taxi. Un tachero para. Morocho, pelo negro, cortado casi al ras, una camisa rosada y jeans. Música fuerte, cumbia. Fuma un cigarrillo, saca el brazo por la ventana. “Subamos por la Córdoba”, digo. “A dónde vas”, me pregunta. “Al bajo”, contesto. “Te cobró el doble de lo que marca la relojera”, dice el chofer. “¿Por qué?”, pregunto… “Es que la yuta sí entras más de una vez al bajo te marca. Si seguís pasando te para y te obliga a que le pagues un tributo”, explica el taxista. Bajamos por la Córdoba con cierto apuro. Sobre la ciudad dormida cae una tenue lluvia, algunos personajes deambulan: trasvestis, policías, vagabundos. Pasamos la Independencia y es más oscuro. Los dos vamos callados. Entonces, pregunto: “¿Hace cuánto que entra a San Antonio?”. Me responde con cautela… “Yo hace 15 que trabajo en el taxi, los primeros años respondía que no sí me decías que ibas al bajo, luego me di cuenta que sí uno va con cuidado y respetaba los códigos de la noche no pasa nada”.
Pasamos la Delfín Leguizamón y en la plaza de Ceferino doblamos a la derecha. Avenida “Che” Guevara se llama la calle. Saco la cabeza por la ventana buscando el perfume de la noche. El panorama no es diferente a otro barrio de la periferia de Salta: todas las casas con sus puertas y ventanas cerradas. En pocas se ve un televisor encendido, casi la mayoría tiene luces apagadas. Se ve por los pasajes un ambiente tenebroso y un par de piperos. Al costado del puente algunos grupitos toman un trago y en un kiosco hacen fila para comprar alcohol. Un pibe nos hace señas con su encendedor. El auto se detiene. Hacemos el trámite. Antes de arrancar, a la distancia vemos un patrullero que lentamente se mueve. Esta como a 150 metros del canal. Salimos despacio. El móvil policial nos ve pero seguimos la marcha.
La anécdota retrata solamente una de las tantas movidas de policía de Salta. Próximas ediciones otras historias.
