Con bronca y dolor el movimiento de derechos humanos confirmó esta semana un tan increíble como inexplicable rumor que corría desde el jueves en los pasillos de la justicia federal: Ricardo Gil Lavedra se hizo cargo de la defensa de Ricardo Lona. (Gonzalo Teruel)
Hasta ahora estos hombres sólo compartían el nombre y la profesión. Pero sus historias de vida y trabajo estaban en las antípodas. Desde su cargo de juez, Lona fue el responsable de delitos de lesa humanidad y de garantizar la impunidad para los responsables de la represión ilegal en Salta; Desde su cargo de juez, Gil Lavedra fue el responsable de condenar a las juntas militares que saltaron el poder e inundaron de sangre el país.
Con la vuelta de la democracia Gil Lavedra integró la mítica Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal que se animó a juzgar a los todavía poderosos militares y condenar a Videla, Massera, Viola, Lambruschini y Agosti. El 9 de diciembre de 1985 León Arslanián leyó la histórica sentencia condenatoria acordada con Jorge Torlasco, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma, Andrés D´Alessio y Gil Lavedra a partir del trabajo de la CONADEP y la acusación del fiscal Julio César Strasssera.
“En suma puede afirmarse que los comandantes establecieron secretamente, un modo criminal de lucha contra el terrorismo. Se otorgó a los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que se los interrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio; se concedió, por fin, una gran libertad para apreciar el destino final de cada víctima, el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o Judicial), la libertad o, simplemente, la eliminación física”, dice el fallo dejando en claro y sin lugar a dudas la existencia de un aparato clandestino de represión y el inaceptable uso abusivo de la fuerza por parte de militares, policías y también civiles.
Mientras todo eso sucedía, Ricardo Lona era juez federal y disponía sobre la libertad y vida de las personas acusadas de pertenecer a las organizaciones subversivas y está procesado como partícipe necesario de la “Masacre de Palomitas” en la que Pablo Outes, Celia Raquel Leonard de Ávila, Evangelina Botta de Nicolai, María Amaru Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Droz, Benjamín Leonardo Ávila, José Ricardo Povolo, Roberto Luis Oglietti, Rodolfo Pedro Ussinger, y Alberto Simón Zavarnsky, presos políticos bajo su tutela fueron fusilados sin ser sometidos al más elemental proceso judicial.
Además de ese macabro episodio Lona está implicado en la causa que investiga la desaparición del gobernador Miguel Ragone y es acusado por el movimiento de derechos humanos de ser, ya en democracia, el garante de la impunidad al impedir de manera sistemática el avance de todas y cada una de las causas abiertas en sede judicial y hoy esquiva su detención por razones humanitarias.
Confirmación y rechazo
“Llama la atención que Gil Lavedra sea defensor de un represor ya que él integró la Cámara Federal que juzgó a militares por haber participado activamente del asesino proceso militar”, reconoció la abogada de derechos humanos Tania Kiriaco al confirmar la decepcionante noticia a FM Capital.
En efecto, la cédula presentada ante la Cámara Federal de Apelaciones lleva por fecha el 25 de marzo y fue oficializada el jueves de la semana pasada con la firma de Lona. “Por mis propios derechos, en causa Nro. 14000727/2007 actualmente en trámite en esta Cámara Federal, del registro del Juzgado Nro. 1 de Salta, me presento a VVEE en los siguientes fines: En los términos de los artículos 255 y Concordantes del Código de Procedimientos en lo Criminal (ley 2372 y modif.), vengo a designar como abogados defensores del suscripto en las acciones mencionadas a los Dres. Ricardo Gil Lavedra y Federico José Rodríguez Spuch y a constituir domicilio procesal, junto a los nombrados, en la calle Juramento 330 de esta ciudad”, declara el documento.
Todavía sorprendida, Kiriaco reclamó que “el radicalismo, fuerza que levanta la bandera por los derechos humanos, se manifestara al respecto en los próximos días”.Y el radicalismo salteño se manifestó. “Repudiamos la decisión tomada por el radical Ricardo Gil Lavedra de defender al acusado por delitos de lesa humanidad, Ricardo Lona” expresó Rubén Correa, histórico dirigente de la juventud radical, y avisó que desde Saltase va a solicitar a nivel nacional el análisis de la ficha de afiliación al partido del ex diputado. “A nivel local vamos a solicitar la Universidad Nacional de Salta que retire el tratamiento del título de Doctor Honoris Causa para Gil Lavedra”, enfatizó Correa. El presidente de la UCR Salta, Miguel Nanni, avaló ambas iniciativas.
“Creemos en el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario pero Gil Lavedrano dimensionó su papel en la historia argentina y su defensa de Lona es contradictoria con los valores de nuestro centenario partido. No podemos aceptarlo”, enfatizó. El propio Nanni fue sorprendido por Gil Lavedra que la semana pasada visitó la ciudad para disertar en la UNSa y lo acompañó en algunas actividades de la campaña electoral.
Endeble defensa
Gil Lavedra se justificó diciendo “pienso que es inocente”. “No lo defendería si pensara que fuera responsable de lo que se lo acusa” aseguró y reconoció que “hace muchos años” que lo conoce y que tienen “amigos en común”. “No tiene ninguna responsabilidad sobre aquellos detenidos (…) Estaba bajo dependencia militar y, además, hay una única declaración que lo acusa hace 30 años, de uno de los militares, que por otro lado fue mentirosa”, fundamentó al hablar de la defensa de Lona con la web de La Gaceta Salta.
Doloroso antecedente
Antes que Gil Lavedra, otro de los miembros de aquella Cámara Federal alejado del Poder Judicial y como abogado defiende a una persona denunciada por los horribles crímenes de la última dictadura. En 2012 Jorge Valerga Aráoz se sumó a la defensa de Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, acusado por haber propiciado la represión en Libertador General San Martín. En ambos casos el nombre del exjuez y hoy influyente abogado Horacio Aguilar figura como quien acercó a las partes aunque eso, por ahora, es incomprobable.
Necesaria aclaración
Tanto como los activistas de derechos humanos o los militantes del radicalismo, Cuarto Poder se sorprendió con la designación de Gil Lavedra como defensor de Lona. Con respeto y admiración, la semana pasada en su página web anticipó la visita del jurista bajo el ahora insostenible título “Para seguir construyendo democracia”. Con bronca y dolor, contrariando toda práctica periodística, propone un nuevo título para cerrar esta nota. ¡Señores jueces nunca más!
