Juan Carlos Romero volvió a faltar a la Fiscalía en donde debía declarar por supuesto enriquecimiento ilícito durante sus doce años de gobierno. La fiscal de Delitos Económicos Complejos de Salta, Mónica Poma, contraatacó y advirtió que es posible iniciar el trámite de desafuero del senador nacional y candidato a gobernador.
«Las fiscalía va a analizar las presentaciones de la defensa del día de hoy y a raíz de eso evaluará si corresponde o no iniciar el trámite de desafuero», manifestó Poma a los medios salteños, al tiempo que consideró que se trata de «una persona que tiene privilegios constitucionales en el marco del cargo que ejerce».
La funcionaria del Ministerio Público citó a declarar a Romero en el marco de una causa abierta en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito, pero el senador no se presentó y en cambio, sus abogados defensores presentaron un nuevo escrito. «Por lo poco que hemos podido ver, son presentaciones que reiteran planteos ante citaciones anteriores, de recusaciones en mi contra y del equipo de fiscales que está a cargo de la investigación», indicó.
En este sentido, la fiscal señaló que su postura es que «todas estas presentaciones de la defensa, que ya han sido resueltas por las jurisdicciones en sentido negativo, no impiden que continúe el trámite» de la declaración indagatoria.
«Por eso hemos vuelto a cursar citaciones al senador Romero para que se presente a prestar declaración como imputado», afirmó, tras lo que agregó que el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, «rechazó las nulidades y los pedidos de recusaciones de la defensa». Poma explicó que, ante esta situación, «ellos presentaron recursos de apelación, que ahora están ante el Tribunal de Impugnación para ser resueltos».
«La fiscalía considera, conforme lo establece el Código Procesal vigente, que el trámite de los recursos no suspende la investigación penal, y en ese contexto es que se lo vuelve a citar», detalló.
Asimismo, apuntó que en la apertura de la investigación por enriquecimiento ilícito la Fiscalía «ha recabado numerosa documentación que nos lleva a entender que existe un incremento patrimonial que no puede ser justificado con sus ingresos en el marco de la gestión pública».
Hace poco más de una semana, la defensa de Romero presentó una apelación en contra del decreto de imputación de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, que explica que el ex mandatario acumuló activos por más de 200 millones de pesos durante los doce años que duró su gestión a cargo de la Gobernación de la provincia.
Esta causa por enriquecimiento ilícito se reactivó recién tras la feria, cuando Rodríguez Pipino rechazó la recusación de Romero a la fiscal penal Poma y un planteo de nulidad de la imputación.
