Una brutal represión policial sufrieron ayer puesteros en Rivadavia Banda Norte. La policía U arremetió contra pobladores rurales, incluidos los niños. Una mujer fue desmayada de un golpe.
Para la tribuna el discursito vacío está plagado de términos como inclusión, derechos y justicia. En los hechos la provincia de Salta mantiene en pie ese cerco que separa al poder de la chusma. Eso muestra lo ocurrido ayer, cuando la policía provincial desalojó a palazos a campesinos de Finca La Santafesina y La Juanita, ubicada a unos 35 kilómetros de Morillo, en Rivadavia Banda Norte.
El accionar policial fue tan brutal, que una mujer fue desmayada de un golpe. Todo ocurrió mientras los funcionarios provinciales aplaudían a Evo Morales, el dirigente campesino que llegó a presidente. La distancia entre el dicho y el hecho.
La crónica del diario chiquito de Salta, es elocuente. Relata que 20 policías armados con Itakas ingresaron a la propiedad y “Golpearon al grupo de campesinos, la mayoría mujeres que estaban con niños y confrontaron el paso de las topadoras. Una de las dirigentes, Lucía Ruiz, perdió el conocimiento a causa de los golpes. Otro campesino fue esposado pero sus compañeros lograron protegerlo y evitar que la Policía lo lleve. La radio comunitaria de los campesinos relataba los hechos. Pero fue intimada a callarse, otra vez. Los campesinos siguen en guardia”.
Para ellos no hubo inclusión ni foto sonriente con la ministro modelo. El caso tiene origen en el pedido de Javier Vidizzoni, quien alega ser titular de las tierras, aunque en la Dirección de Inmuebles, la cédula parcelaria no existe y las tierras están a nombre de Juana Torres, quien las recibió en 1976 por testamento.
En medio, los puesteros ostentan claramente derechos ancestrales, que el gobierno de Salta prefiere ignorar. No vaya a ser que a otros se les ocurra reclamar por las tierras donde nacieron.
Como en otros casos (Tartagal la semana pasada) la justicia a medida que tiene la provincia, resuelve la tenencia de la tierra en favor de los agronegocios y en desmedro de los habitantes rurales más débiles, sean criollos o aborígenes.
Selectivamente se ignoran las normas –impulsadas por el kirchnerismo- que suspenden los desalojos de campesinos.
En esta oportunidad, la jueza Ana María de Feudis avaló a la empresa Doble Z SRL para hacer “acuerdos” con los campesinos que viven en las tierras desde hace más de 20 años.
La magistrada ostenta varios antecedentes similares, con desalojos donde se ignoran los derechos adquiridos y donde los más desprotegidos son lanzados de sus tierras a sangre y fuego.
Mientras tanto, en la tribuna el discurso sigue hablando de Justicia Social.
