La justificada reacción del arco político ante el caso Colque obliga a centrar la mirada en otros hechos igualmente graves que involucran a figuras del poder y que no tuvieron el mismo desenlace. Las claves para permanecer en un cargo pese a enfrentar serias denuncias en Salta.
A nueve meses de la promulgación de la ley de Ficha Limpia en Salta, y ante el engrosamiento del listado de funcionarios denunciados por múltiples causas, los resultados observables no son muchos más que los que se esperaban. La aplicabilidad de la ley, pensada para casos en los que existe sentencia judicial en segunda instancia, jamás estuvo pensada más allá de lo cosmético. Así lo advirtieron al momento de su tratamiento legislativo, diputados de los extremos ideológicos opuestos como Claudio del Pla y Cristina Fiore.
Ocurre que, en nuestro país, según indica un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los procesos judiciales vinculados a hechos de corrupción duran -en promedio- 11 años. A su vez, en las últimas dos décadas sólo el 8 por ciento de los expedientes tuvo procesamientos y elevación a juicio oral. Se trata de 92 de 1151 causas, según la Auditoría General de la Nación.
No es de extrañar entonces que, por su naturaleza, algunas causas avancen más que otras. La citada ley provincial inhibe a los ciudadanos a presentarse como candidatos a cargos públicos si fueron condenados por delitos asociados a la corrupción y los que van en contra de la integridad sexual. Dentro del primer grupo se incluyen: cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles por el ejercicio de funciones públicas, asociación ilícita, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y encubrimiento. El segundo grupo, en tanto, no abarca hechos específicos de violencia doméstica, de género o lesiones.
De cualquier manera, parecen ser otros los factores que inciden a la hora de definir qué denuncias siguen su curso y cuáles se encajonan. Al margen de los procesos judiciales, las señales y reacciones de la clase dirigente ante hechos que involucran a sus miembros son, en sí mismas, sentencias que vale la pena evaluar.
La envidiable celeridad del caso Colque
Apenas una semana le llevó al Concejo capitalino expedirse sobre el caso de Ricardo «Pitu» Colque y dictaminar su exclusión del cuerpo por inhabilidad moral. Una resolución que, como se encargaron de aclarar desde el órgano deliberativo, se fundamenta en las reiteradas convocatorias ignoradas por el edil. Según se supo, en la reunión que mantuvo con sus pares antes de la destitución, adujo que su ausencia a uno de los llamados se debió al cumpleaños de su abuelo. De cualquier manera, los ediles fueron tajantes al asegurar que es la justicia la que debe determinar si los hechos investigados tuvieron lugar o no.
Aún sin muchos avances en el plano judicial, el concejo deliberante capitalino se mostró mucho más expeditivo que otros poderes del estado devenidos en auténticos aguantaderos. Es evidente que, como en cada aspecto de la vida política local, en los círculos de decisión también rige la tibieza con los poderosos.
Juan «patota» Esteban
Esta semana se cumplió un año desde que se presentó en la Fiscalía N° 2 la denuncia contra el diputado Juan Esteban Romero, su primo Emilio Fayón y Aroldo Tonini por amasijar a golpes a un desmalezador municipal. La denuncia que contiene exámenes del médico legal, detalla que el hombre fue hasta el Centro Cívico Municipal para consultar sobre una deuda y en esas dependencias fue recibido por el «hijo de Aroldo Tonini», quien le expresó que su contrato «estaba parado por orden de arriba y que éste le confesó que fue disposición de Juan Esteban Romero». Luego de intercambiar insultos por Whatsapp, acordaron encontrarse en las oficinas de Fundara, donde fue recibido por los acusados.
«hacete el pesao ahora», le habría dicho -según la denuncia- el actual diputado, y sin mediar palabra, le propinó dos golpes de puño una a la altura de la oreja lado izquierdo y otro en su pómulo del mismo lado. Los golpes lo hicieron perder el equilibrio, tropezó con una silla de plástico y cayó al suelo, ahí Juan Esteban -siempre según la denuncia- nuevamente lo golpea en la nuca con violentos golpes de puño, por lo que solo pudo cubrirse el rostro con sus brazos; acto seguido observa que Fayón le dio varios puntapiés a la altura del hombro izquierdo. Tonini, a todo esto, sólo atinó a decir «ya está Juan, ya está», sujetándolo por detrás para evitar que lo siga golpeando.
El hecho denunciado parece un deja vú de otro episodio de violencia acaecido durante la gobernación de Juan Carlos Romero. Se trata de una importante gresca en una estación de servicio de zona sur en la que un hombre fue masacrado a golpes por un grupo de personas. Entre ellas, se encontraba Juan Esteban Romero.
Al otro día nomás, su padre Juan Carlos Romero tomó como determinación despacharlo a Estados Unidos para evitar que manchara la imagen de su gobierno. También echó al jefe de Policía, el comisario René Silisque. En la legislatura provincial, los antecedentes violentos del hijo del exgobernador no concitaron ni una sola manifestación.
Un pistolero al concejo
Kuldeep Singh se hizo tristemente célebre en 2018 por su destitución como diputado provincial tras ser imputado y procesado por los delitos de robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad. El también empresario estuvo detenido durante un par de semanas por entrar a robar armado a la empresa Nutribras y tomar de rehenes a algunos de sus empleados.
A pesar de los videos que lo incriminan, el diputado pistolero recuperó su libertad y recibió la domiciliaria. Más tarde fue sobreseído en la causa por privación ilegítima de la libertad agravada. Posteriormente revocaron dicho sobreseimiento, pero la causa se dilató. El juicio nunca llegó y la amnesia colectiva lo depositó nuevamente en la función pública, esta vez como concejal de Rosario de la Frontera, donde se desempeña como presidente del cuerpo.
En el podio
El observatorio Lucía Pérez, que contabiliza las denuncias por violencia de género que involucran a funcionarios de los poderes estatales y clericales, ubica a la provincia de Salta como la primera en el ránking con 27 funcionarios denunciados.
Los poderes legislativo y judicial acumulan la mayor cantidad de casos y sobresalen denuncias resonantes como la de la abogada Liliana Mazzone al diputado Daniel Sansone por insultos vertidos vía Whatsapp, la de la fiscal Verónica Simensen de Bielke contra Martín Grande por llamarla «atorranta» en una entrevista radial y la de una militante de El Aguante contra el exdiputado Emilo Ameri, quien la habría acosado a través de mensajes.
En la lista de integrantes del poder judicial aparecen: el fiscal federal Francisco Santiago Snopek, el juez de personas y familia Victor Raúl Soria, el juez Federico Diez y el fiscal federal de Salvador Mazza, Armando Cazón.
Un canto a la violencia
Mientras la provincia entera debatía y se escandalizaba por el caso Colque, en el concejo deliberante de General Güemes se desataba otro hecho de violencia de género contra la edil Stella Pérez. Su par Nelson Ordoñez, quien además es integrante del grupo folklórico Vale Cuatro, efectuó -según la denuncia radicada en el juzgado de Violencia Familiar y de Género N° 3- gritos, golpes de puño en una mesa y acciones corporales violentas contra la denunciante. Como producto de la situación, la mujer debió ser atendida en el nosocomio local por una crisis de nervios, donde recibió atención psicológica y sufrió una descompensación por el trauma que ocasionó la acción violenta.
La denuncia que fue asentada en la comisaría de Gral. Güemes el día jueves 18 cerca del mediodía, no tuvo las repercusiones ni el tratamiento que el caso exige. La demanda recién fue elevada a la fiscalía local el día lunes 22/08, por intervención directa del abogado de la concejal denunciante.
“Una persona que debiera tener empatía, buen trato, cordialidad, que hacen a la esencia de un grupo musical como el que integra, no es más que una persona violenta, que no solo me atacó por ser mujer, sino que me atacó porque no me aguanta, porque lo saco, como manifestó en un programa radial al otro día de los hechos”, declaró la concejal Pérez en relación al caso.
