Órdenes de pago con dudosos destinatarios, una proliferación incontrolable de empleados públicos y el destino incierto de miles y miles de pesos son algunos de los detalles de lo que sucede en Angastaco en donde una de las únicas cosas que se sabe es que los funcionarios no presentan sus declaraciones juradas. (DOM)
Mientras algunos adolescentes confunden el desorden con la rebeldía, en el municipio de Angastaco la tienen más clara: el desorden es la condición necesaria para que las autoridades llenen sus bolsillos y se eternicen en el poder. El último informe de la auditoría justamente prueba eso: el caos no es producto del azar, sino un efecto buscado porque sirve para esconder cuestiones que algunos prefieren que no se visibilicen.
Con la excusa del caos, los investigadores no pudieron acceder a mucha información fundamental para entender la gestión del Intendente Eduardo Ramón Díaz: legajos de Contrataciones efectuadas, plan de obras públicas, Mayores de las cuentas y el Libro Banco, con las registraciones correspondientes a la ejecución de los recursos y erogaciones, ejecuciones Presupuestarias de Recursos y Gastos, Estado de deuda Pública y Rendiciones de cuentas de fondos transferidos en concepto de Programas Sociales en el periodo 2010. Aun así, encontraron información de sobra.
No controlar la caja chica
La planificación del caos organizado está en las observaciones: “La administración municipal no cuenta con un régimen de fondo fijo destinado a la atención de gastos menores, sin embargo realizan extracciones para pagos en efectivo sin límite de monto”, dice uno de los puntos; otro: que no se instrumentó el Sistema de Contrataciones y que no está formalmente establecido el Sistema de Control Interno.
Esto es lo de menos. Una de las primeras barrabasadas está en un libro de la mesa de entrada: cuenta con 200 fojas foliadas para el registro de notas en el cual se observa que, en su mayoría las anotaciones consignadas no cuentan con el número de emisión y recepción respectivo. Con esto se está incumpliendo el Artículo 176 inc 1. de la Constitución.
Además, la administración municipal no cuenta con instrumento referente a la aprobación, por parte del Concejo Deliberante, en el nombramiento del Tesorero del ente auditado. Y el tesorero no es el único nombrado de manera extraña: “Del análisis de los legajos del personal surge que, algunos no poseen la suficiente información general y particular que deben contener de acuerdo a lo dispuesto en el ‘Estatuto del Empleado Municipal’. A título ejemplificativo pueden mencionarse fichas personales sin completar, así como resoluciones municipales de los nombramientos realizados que no se hallan adjuntas en los legajos, ni transcriptas en el registro que efectúa el Municipio auditado”, dice el informe.
Queda claro que la municipalidad funciona como el Arca de Noé de los amigos del intendente y de otros funcionarios: suban a bordo, aunque no estén capacitados algo se repartirá entre todos. Los auditores descubrieron que muchos de los legajos no coincide el número que figura en los mismos con el proporcionado en la lista del personal ni en las muestras de los recibos de sueldos seleccionados, cuando los legajos personales constituyen la única documentación oficial donde deben figurar en forma ordenada y permanentemente actualizada, todos los datos relativos al ingreso, carrera y egreso de cada uno de los agentes municipales. Esto es una bomba de tiempo para un futuro nuevo intendente: ni siquiera se puede tener la certeza de cuántos empleados públicos hay.
Previsiblemente, ninguno de los funcionarios a los que sí se conoce ha presentado sus declaraciones juradas, cuando la ley es clara: “Los agentes públicos y los funcionarios políticos deben presentar declaración jurada de su patrimonio al iniciar y concluir su gestión”. Si no presentan declaraciones juradas, es porque nadie se quiere tomar el trabajo de mentir sobre incrementos patrimoniales desorbitados (la gran Cil).
Y las sospechas de choreo están fundamentadas: la documentación respaldatoria de Órdenes de Pago -facturas, recibos, etc.-, no está conformada por autoridad competente; los comprobantes de las erogaciones no son intervenidos con el sello “Pagador” “fechador” o similar que impida su presentación por segunda vez al pago; no consta en el municipio un registro correspondiente a los recibos de ingresos, asignados al responsable de las cobranzas, los talonarios se entregan sin cargo a los responsables, lo que impide el control y seguimiento de los conceptos de ingresos y el resguardo de la información.
Tampoco se confeccionan registros y estadísticas referidas a ayudas a terceros otorgadas ni se está implementado mediante instrumento legal el sistema de Caja Chica, aunque se efectúan gastos y registros por este concepto, que cubren los gastos menores. Es decir que se habilitan periódicamente fondos, que quedan a disposición del Tesorero del Municipio, sin una norma legal que lo autorice y exija la pertinente rendición de los mismos. Y sobre esta caja chica, las planillas habilitadas no cuentan con la firma del responsable, no tiene numeración, no consta que pertenecen al Municipio de Angastaco, abarcan un periodo aproximado de 3 o cuatro días, se adjunta a la misma documentación en concepto de gastos no válidas como factura y no se adjunta comprobantes de ingresos por cobranzas realizadas por la administración municipal.
Por otra parte, en julio de 2010 parece que se puso de moda emitir cheques aunque no se conocen los destinatarios: algunos de esos cheques son por $14.988 y $ 20.000. ¿$ 20.000 parece mucho? En realidad no es nada comparado con la plata del Fondo Federal Solidario: los inspectores buscaron y buscaron pero no hallaron documentación respaldatoria, referida a obras ejecutadas con este fondo: $802.227.
No inventariar
Los bienes muebles del municipio no se encuentran identificados con una codificación y no se implementó un registro de cargos y descargos para asignar responsables del cuidado de los activos. Además, la administración municipal no cuenta con fichas de mantenimiento, respecto de cada vehículo y máquinas en general, a los fines de registrar el estado mecánico de cada unidad, mantenimiento y reparaciones realizadas.
Los auditores también resaltaron que no se confeccionan las planillas de altas y bajas de bienes.
Esto quiere decir, básicamente, que todo lo del municipio, desde las sillas, hasta las gomas de los vehículos, puede ser sustraído. Y parece que ya lo han hecho, porque de los escasos bienes inventariados que debían estar en el canchón, los inspectores -que fueron hasta allí- encontraron muy pocos.
Lo que no sobra
Tantas irregularidades para un pueblo tan pobre. Angastaco no llega a las noticias. Sólo una vez su intendente salió a quejarse contra el gobierno provincial: “Hace más de un año que solicitamos que incorporen médicos, pero Salud Pública no nos escucha. Es verdaderamente un problema serio”, se lamentó para El Tribuno el intendente de Angastaco, Eduardo Ramón Díaz. El problema era serio: Angastaco tiene 2800 habitantes, pero si alguien se enferma sólo hay un médico clínico que establece turnos de 8 a 12 y de 15 a 18. Tienen algo así como un hospital: pero no pueden atender partos complicados, ni traumatismos porque no hay equipo de Rayos X.
La otra ocasión en que Angastaco tuvo sus 30 segundos de fama fue para las actividades centrales de las fiestas patronales y eso básicamente porque asistió el gobernador Juan Manuel Urtubey. El lema de la fiesta fue “Amemos, conozcamos y crezcamos en la fe”. Después de la fiesta patronal, el caos siguió tejiendo sus redes para el saqueo.
